HUÉRCAL OVERA (ALMERÍA), 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Huércal-Overa (Almería), Luis García Collado (PSOE), imputado al igual que cinco ediles de su equipo de Gobierno por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, atribuyó hoy a una "malintencionada tergiversación" del PP en el municipio la apertura y posterior ampliación de diligencias previas y achacó la denuncia de origen en 2007 a un "intento partidista personal" del portavoz popular, Diego Ortega.
En un comunicado, García Collado negó que haya habido "ningún tipo de actuación para incoar expediente" apenas un día después de que fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informasen de la práctica de nuevas pruebas en el proceso que suma ya 23 imputados y pese a reconocer que el Juzgado de Instrucción número 1 de Huércal Overa ha citado los próximos días 24 de marzo y 16 de abril a lo él que denomina "testigos con abogado" y que, según aseguró, han sido propuestos por la acusación particular.
El primer edil huercalense, quien acudió por primera vez a declarar en la causa el 16 de noviembre de 2007, calificó de nuevo de "mentiras del PP, sin ningún tipo sonrojo" los hechos que investiga la Fiscalía Provincial y el juzgado instructor al tiempo que acusó a los populares de "instrumentalizar unas diligencias previas de cara a calentar motores de cara a la comparecencia parlamentaria de mañana en Sevilla y con el único objetivo de tapar vergüenza en Madrid, Murcia y Valencia".
En esta línea, se arrogó haber prestado "una absoluta colaboración en todos los ámbitos" con la autoridad judicial al "no tener nada que ocultar". La Fiscalía Provincial, no obstante, apreció indicios de ilícito penal en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras la denuncia que señalaba posibles irregularidades que habrían derivado en plusvalías millonarias gracias a la recalificación de suelo.
En concreto, y según constaba a priori en la investigación iniciada, el equipo de gobierno huercalense habría incluido en el documento aprobado inicialmente en julio de 2005 terrenos rústicos que, tras ser vendidos por sus propietarios, habrían pasado a ser urbanos y multiplicar, por tanto, su valor.
El PP de Huércal Overa cifró en hasta 800 millones de euros las citadas plusvalías de un planeamiento urbanística que fue el primero en ser aprobado en 2007 por la Comisión Provincial de Urbanismo tras adaptar su contenido a Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
