Lamenta que la localidad esté sufriendo los efectos de la "especulación" de los constructores
TOLEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, mostró hoy su "satisfacción" después de conocer que la Fiscalía Anticorrupción presentases en el Juzgado de Instrucción de Illescas una denuncia contra el ex alcalde de la localidad durante los años 1999 a 2003, el socialista José Luis Martín, por las irregularidades cometidas durante la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora "El Quiñón". Fuentes señaló haber actuado "siempre desde la verdad, porque lo que pusimos en manos de la Fiscalía era lo que había acontecido en nuestro municipio, y era nuestra obligación informar de ello".
En declaraciones a Europa Press, Fuentes, que insistió en que debe ser "prudente" en sus manifestaciones pues todavía no conoce el informe presentado por la Fiscalía, aseguró que su formación ha sido respetuosa "pues nosotros no hemos presentado una querella, sino que hemos acudido a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la gestión urbanística de una Corporación municipal y su relación con algún promotor, que ahora se derivará a un juzgado".
Manuel Fuentes, que defendió que si la Fiscalía ha derivado esa denuncia a los juzgados "será por alguna razón", añadió que habrá que esperar a que la investigación judicial determine si se hubo "una gestión mal hecha, y aclare todo lo acontecido".
No obstante, el regidor de Seseña quiso dejar muy claro que en todo momento "debe prevalecer es el buen nombre de la Institución pública, en este caso el Ayuntamiento, y que las personas que ocupan cargos públicos no deben usarlos nunca para lucrarse".
EFECTOS DE LA ESPECULACIÓN.
De otro lado el de la localidad toledana y miembro de la Ejecutiva provincial de IU, antes de conocer la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, lamentó en la rueda de prensa que ofreció junto con el coordinador regional, Cayo Lara, que Seseña esté sufriendo los efectos de la "especulación" de los constructores, refiriéndose al residencial 'Francisco Hernando', ya que existen 16.000 viviendas sin habitar "porque los compradores directamente ni van, ya que no pueden asumir las hipotecas".
Así se expresó Fuentes a preguntas de los medios durante una rueda de prensa junto al coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Cayo Lara, para presentar el Plan Económico del partido ante la crisis y el desempleo.
De este modo, explicó que en la localidad existen muchos empresarios que tienen licencia para construir y no lo hacen porque saben que no van a vender las viviendas, ya que, con sueldos de 1.300 euros es "imposible" pagar la hipoteca de viviendas en torno a 250.000 euros.
Por ello, propuso que este tipo de viviendas se vendan a precios de Viviendas de Protección Oficial, es decir, por unos 100.000 euros, "porque así también dan créditos los bancos". "Los promotores tienen que asimilar estas ideas".
Actualmente existen siete querellas entre el constructor Francisco Hernando, más conocido como "El Pocero", de las que tres están desactivadas y cuatro vivas. Entre ellas, una apertura de juicio oral, "por el que nos sentaremos en el banquillo de los acusados" de la Audiencia Provincial de Toledo, "aunque confiamos en la justicia y en el Estado de Derecho y confiamos en que la sentencia dicte en que no hemos cometido delito, ya que desde el Ayuntamiento nunca ha habido premeditación de hacer las cosas mal".
Dicha querella se refiere a la publicación de un Boletín de IU, en el que un artículo, con el titular "El boletín del ladrillo", repasaba la situación de la construcción, los grandes beneficios labrados en poco tiempo y basados en la especulación, mencionando el residencial de El Pocero.
AYUDAS Y COMPETENCIAS.
De otro lado, Fuentes reclamó a la Junta de Comunidades una ayuda para los ayuntamientos de la región "que asumen muchas competencias que no les pertenecen, y comienzan a estar asfixiados en sus pagos".
Explicó que "mientras unos se ponen en la foto", otros, refiriéndose a los alcaldes, "tiene que dar la cara para que se la partan", porque para mantener la oferta de servicios actual, "la única salida es subir los impuestos", y luego "nos tenemos que enfrentar a unos ciudadanos enfadados".
Aseguró que son los ayuntamientos los que asumen competencias como el pago de libros infantiles, las facturas de la luz en centros públicos, casi el 80 por ciento de los gastos de los Centros de Atención a la Infancia, o los gastos de ayuda a domicilio a través de la Ley de Dependencia, mientras que "la Junta no es capaz de sacar adelante a sus pueblos, que tienen que subir los impuestos".
