El ministro desestimó el recurso de alzada y la recusación planteada por el brigada, arrestado ahora por participar en una manifestación
MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, desestimó el pasado mes de julio la recusación en su contra planteada por el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el brigada del Ejército de Tierra Jorge Bravo, para que se inhibiera en el expediente sancionador de un mes y un día de arresto que le impuso en febrero el jefe de Estado Mayor del Ejército, general de Ejército Carlos Villar Turrau, por unas declaraciones que realizó en marzo de 2006 en rueda de prensa sobre el accidente del helicóptero Cougar en Afganistán.
En un único escrito fechado el 26 de julio pasado, al que tuvo acceso Europa Press, el titular de Defensa dio el visto bueno con su firma al rechazo a su propia recusación, que el suboficial sustentaba en que Alonso ya había expresado en una entrevista con el diario 'La Razón' su postura al respecto del expediente, y la desestimación del recurso de alzada.
En la citada entrevista, Alonso señaló que el expediente se tramitó "con todas las garantías de la ley" y acabó "con una sanción correcta". "No vamos a condicionar nuestra actividad a que las cosas coincidan en el tiempo. No están permitidas, ni van a estarlo, las asociaciones militares reivindicativas. Lo que no se va a tolerar son los actos de indisciplina. La estructura de mando en las Fuerzas Armadas tiene el apoyo del ministro y así se lo he hecho saber para que no consientan actitudes ilegales", declaró.
Arrestado desde el 17 de octubre en cumplimiento de una sanción de un mes y diez días por participar en la manifestación de la AUGC el 20 de enero en Madrid, el presidente de AUME justificaba su petición con el argumento que el ministro había explicitado su postura, conocía el expediente abierto y su tramitación y apoyaba el correctivo impuesto por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Carlos Villar Turrau.
El Ministerio sostiene en escrito que "no puede ser otra autoridad" distinta al propio titular de Defensa el que decida sobre la recusación y que, en caso de desestimarla, también le corresponde a la misma persona resolver el recurso de alzada. Sobre las declaraciones en la entrevista periodística, asegura que "puede deducirse sin esfuerzo jurídico alguno el carácter puramente artificioso y extravagante de aquella tesis", en referencia a los argumentos expuestos por el suboficial Bravo.
"Dichas manifestaciones --prosigue el documento del Ministerio de Defensa-- no son mínimamente suficientes para motivar una razonable duda sobre la objetividad con que el ministro de Defensa, como más adelante se verá procederá al análisis y resolución de los motivos que, en su segundo escrito, fundamenta el recurrente su pretensión revocatoria".
El escrito, que fue remitido por Defensa al Ejército de Tierra el pasado 10 de octubre, subraya, por último, que las declaraciones de Alonso "son las propias de la autoridad del Estado encargada legalmente del desarrollo y la ejecución de la política de defensa".
En lo que respecta al recurso de alzada, Defensa rechaza los argumentos expuestos por Bravo, quien sostiene que el arresto atenta contra su libertad de expresión y que no puede ser aplicado al no estar vigente en la fecha de su sanción, febrero de 2007, la reserva al Convenio Europeo de Derechos Humanos para poder aplicar esta medida restrictiva de libertad.
El Ministerio asegura los militares tienen su derecho a la libertad de expresión sometido a limitaciones "específicas" para preservar los valores y principios de la organización militar, es decir, "disciplina, jerarquía, unidad y cohesión interna" y recuerda que este "estatuto jurídico singular" ha sido aceptado por cada militar "voluntariamente".
Finalmente, considera las declaraciones realizadas por el brigada Bravo en la rueda de prensa del 28 de marzo de 2006 como "un grave atentado a la disciplina militar" por "irrespetuosas, desleales, descalificantes de los mandos militares" y asegura que su objetivo era "crear un estado de desconfianza hacia esos mandos y las autoridades del Ministerio de Defensa", intentando presentarlos como "responsables de limitar caprichosamente y sin cobertura legal los derechos de los militares".
El presidente de AUME declaró en la mencionada conferencia de prensa que los militares de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (BRILAT) se quejaron del trato recibido por sus superiores tras el accidente en el que murieron 17 militares en Afganistán y que se habían adoptado "medidas especiales para acallar y limitar la libertad de expresión".
