La empresa asegura que sí ha dado la información que le ha requerido el AMB
BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha abierto un expediente sancionador a Aigües de Barcelona por "falta de transparencia", ya que acumula más de un año y medio solicitando información imprescindible para la gestión del servicio que no se le ha entregado, según ha explicado este viernes el concejal de Barcelona y vicepresidente del AMB Eloi Badia.
Badia ha asegurado que la empresa se niega a dar información sobre ámbitos como tarifas, costes y sueldos, lo que dificulta a la administración tomar decisiones económicas de la gestión, también vinculadas a las tarifas, lo que podría reducir el coste de las facturas que asume la ciudadanía, ha dicho en rueda de prensa junto a la directora de la Agencia de Transparencia del AMB, Gemma Calvet.
La apertura del expediente por presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia ya ha sido notificada a la empresa, y éste deberá resolverse en un máximo de seis meses, periodo durante el que una instructora investigará los indicios, escuchará a las partes y hará una propuesta de resolución del expediente sancionador, que al empresa podrá recurrir después.
La Ley de Transparencia de la Generalitat califica estos incumplimientos de muy graves, a los que se pueden aplicar sanciones como multas de entre 6.001 a 12.000 euros; la suspensión para poder contratar con la administración pública durante seis meses; la inhabilitación para ser beneficiario de ayudas públicas durante entre uno y cinco años, y la cancelación de la inscripción en el registro de grupos de interés, ha explicado Calvet.
Es la primera vez que la Agencia de Transparencia del AMB abre un expediente de estas características desde que fue creada en 2015: "No nos hemos encontrado ningún otro caso" como este, ha dicho Calvet, que ha resaltado que este asunto no tiene nada que ver con el calendario electoral y que, tras los seis meses, se judicializará si la empresa recurre.
LA EMPRESA
Aigües de Barcelona ha asegurado que sí han respondido a todos los requerimientos de información que le ha remitido el AMB y que han sido respondidos en los plazos determinados y con la información solicitada, han afirmado fuentes de la empresa consultadas.
Ha recordado que hace un año la empresa lanzó un portal de transparencia que se está implementando y en el que figura información contable y que lo hizo por voluntad propia, ya que va más allá de lo obligatorio por ley.
DESACUERDO CON EL AMB
Por el contrario, Badia ha asegurado en la rueda de prensa que han hecho 20 peticiones de información y han avisado a la empresa mixta --con el 70% y el 15% del AMB-- de que incurría en incumplimientos de la Ley de Transparencia: "Después de un año y medio de reclamaciones reiteradas, hemos actuado".
A preguntas de los medios, han detallado que sí ha habido respuestas por escrito a distintos niveles, pero poniendo en cuestión la obligatoriedad jurídica de dar la información y la necesidad de la administración responsable de disponer de ella, e incluso "han alegado en algunos escritos desconfianza hacia la administración responsable", cuando esta confianza debe ser a la inversa.
Badia ha recordado que Aigües de Barcelona presta el servicio en régimen de monopolio y que, además, están a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre la adjudicación del servicio que podría dejar a la empresa sin prestarlo, por lo que la situación actual exige "máxima necesidad de colaboración, transparencia y claridad, que no se está produciendo".
"No podemos permitir que se menosprecie a la administración pública del país y a la ciudadanía.
Es obligación como gestor de un servicio público informar de lo que se hace", y es obligación de la administración evitar que se produzca una falta de transparencia y lealtad, ha aseverado Badia.
Calvet ha sostenido que la apertura de este expediente sancionador "no es una buena noticia, porque habla del fracaso de todas las vías que se han impulsado previamente para obtener la información", y ha dicho que estos instrumentos son incómodos de utilizar, pero son imprescindibles para defender el interés general.
"ANULA" A LA ADMINISTRACIÓN
"Si no podemos acceder a esta información, se nos ha anulado como regulador y titular", ha criticado Badia, que ha dicho que la actuación representa un ahogamiento de la administración pública y su obstrucción y que esta información es imprescindible para tomar decisiones como las referentes a las tarifas de 2019.
Han asegurado que esta información ni siquiera se tendría que pedir, sino que se debería entregar de oficio, y han señalado que incluyen datos relativos a costes de publicidad, de personal, la gestión económica y retribución de directivos --algo de lo que han publicado una parte esta misma semana, han dicho--.
