Este acuerdo pone fin a una lucha social que comenzó en el año 2000, cuando se aprobó la creación de varias centrales en la región
MORATA DE TAJUÑA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los trece concejales de la Corporación municipal de Morata de Tajuña concluyeron hoy su encierro en el Ayuntamiento, que ha durado más de una semana, tras obtener por escrito un compromiso del Ministerio de Industria, que obligará a la empresa Morata Energía SL, promovida por la belga Electrabel, a pasar un informe de impacto medioambiental de la Comunidad de Madrid antes de construir la central térmica en el término municipal.
Los vecinos llevan años rechazando este proyecto, basándose, según explicó a Europa Press el concejal popular Ángel Oteo, en que la localidad ya tiene la cementera más importante de Europa, "responsable del 67 por ciento de las emisiones de CO2 de la región", además de otras cinco empresas extractoras que "minan" el término municipal.
"No vemos lógico añadir a eso un empresa que contaminaría como 350.000 coches", explicó Oteo, indicando que Morata se convertiría en "el punto negro de la Comunidad de Madrid, con alrededor del 80 por ciento del total de emisiones".
De hecho, ésta es la zona donde más alertas por CO2 y ozono troposférico saltan, especialmente durante el verano, y los efectos de una nueva central repercutirían en todo el sur de la capital, a lo que habría que sumar la incidencia de la ampliación del PAU de Vallecas.
Sin embargo, la situación empeoró después de que Industria declarara el proyecto como de Utilidad Pública, lo que eximía a la empresa de pasar el informe de impacto medioambiental de la Comunidad de Madrid, que se basa en informes de planeamiento de ordenación urbana del propio Ayuntamiento "que por supuesto están en contra", apostilló Oteo.
Así, los trece ediles tomaron la drástica decisión de iniciar un encierro en el Ayuntamiento y amenazaron incluso con dimitir en pleno si no conseguían el compromiso de los tres partidos de ámbito nacional de que paralizarían la central.
COMIENZAN LAS MOVILIZACIONES
Las movilizaciones empezaron el pasado día 21, cuando los concejales rompieron la tradición de la pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral y efectuaron un peculiar acto con un sólo eslogan, 'No a la térmica'. Además, pusieron carteles y pancartas en las entradas por carretera al pueblo y en las farolas.
Asimismo, todos se encerraron allí y llamaron a los vecinos a una concentración, que tuvo lugar el día 24 con el apoyo de unas 5.000 personas, entre las que había representantes de organizaciones ecologistas, alcaldes de municipios del entorno y líderes sindicales.
También algunos dirigentes políticos se acercaron hasta esta localidad del sureste madrileño de 6.782 vecinos, como por ejemplo el candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Gaspar Llamazares, que el pasado día 28 se comprometió a paralizar la instalación de la central térmica si obtiene el respaldo de los españoles en las próximas elecciones generales del 9 de marzo.
Mientras, los vecinos acusaban al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de haber convertido el sureste de Madrid en "el vertedero" de la región.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico y el central, así como la oposición en la Comunidad de Madrid, continuaron tirándose los trastos a la cabeza y acusándose el uno al otro sobre las supuestas responsabilidades en este proyecto.
Así, el PSM declaró que "la llave la tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que tiene que decidir si emiten o no una declaración medioambiental integrada para paralizar el proceso", mientras los consejeros de Economía, Fernando Merry del Val, y de Medio Ambiente, Beatriz Elorriaga, exigían al Gobierno central la paralización de la planta y aseguraban que el Ejecutivo regional "utilizará todos los medios a su alcance para impedir la iniciativa socialista".
NEGOCIACIONES
En este ambiente, la Corporación Municipal comenzó las reuniones de negociación con el departamento que dirige Joan Clos el mismo día 22, si bien no se llegó a ninguna conclusión y se volvió a convocar para el pasado lunes. Para este segundo encuentro, el Ayuntamiento de Morata solicitó la presencia de un abogado del Estado que pudiera aclarar si el planteamiento municipal podía evitar que se instalara la central térmica.
El día 26, concejales y técnicos de Industria volvieron a encontrarse, en una nueva reunión fracasada por la petición del Ministerio de que las reivindicaciones de los morateños se presentaran por escrito. "Hemos pedido cuatro días por no saber lo que querían", reprochó entonces Oteo.
Finalmente, la Corporación municipal presentó hoy un escrito reclamando un pronunciamiento relativo a la central térmica, que recibió respuesta sobre las 15.00 horas de hoy mediante una carta en la que Industria se comprometía a que "no se podrá aprobar el proyecto de ejecución de la central térmica de ciclo combinado en tanto no se obtenga la autorización ambiental integrada, competencia del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, y además incuestionablemente esa obtención sólo podrá tener lugar mediante la aplicación de lo contemplado en la Ley".
Gracias a este compromiso, los 13 concejales podrán dormir en sus casas hoy, mientras las administraciones regional y central siguen peleando sobre de quién fue la culpa en primer lugar. Así, el portavoz socialista en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid, José Quintana, exigió a Aguirre que "exprese públicamente si está de acuerdo con la instalación de la central y su postura, también por escrito, ya que normalmente sus palabras son papel mojado".
Por el otro lado, la consejera Elorriaga reclamó a Industria que "renuncie públicamente" al proyecto y recordó que en cualquier caso, incluso sin la declaración de hoy, estaba obligado a acatar el informe de impacto ambiental de la Comunidad, subrayando que dicho documento no ha sido siquiera requerido aún.
MÁS DE OCHO AÑOS DE QUEJAS
El acuerdo alcanzado hoy pone punto y final, al menos de momento, a un conflicto social que comenzó en el año 2000 y que debería haberse puesto en marcha en junio de 2006. De hecho, el pasado día 9 de febrero la Delegación del Gobierno en Madrid aprobó el comienzo del proceso de expropiación de las fincas afectadas por la construcción de la central, si bien dicho trámite se paralizó cuando comenzaron las protestas.
La semana anterior, el Pleno de la Asamblea de Madrid había aprobado una Proposición No de Ley (PNL) con 107 votos a favor de todos los grupos políticos del arco parlamentario para declarar la caducidad de la Resolución por la que se autoriza la instalación de la central térmica.
Asimismo, el Tribunal Supremo (TS) denegó el diciembre pasado en un auto a la Comunidad de Madrid su petición de suspender, como medida cautelar, la declaración de utilidad pública que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 15 de junio, sobre la que también existe un recurso contencioso-administrativo del Ejecutivo regional.
