MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy que el interés de España en incrementar las relaciones con Libia "debe ir acompañado de una agenda de Derechos Humanos" que incluya aspectos como la libertad de prensa y asociación, la pena de muerte y los derechos de los inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, según indica un comunicado de la organización con motivo de la inminente visita a España del líder libio, Muamar al Gadafi.
En una carta abierta enviada hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, AI pidió al Ejecutivo español que remita a Gadafi sus principales preocupaciones en materia de Derechos Humanos y que recuerde al Gobierno libio la necesidad de aceptar la visita de los relatores especiales para la libertad de expresión y sobre la tortura así como de las organizaciones internacionales de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno español que transmita a la máxima autoridad libia su preocupación por los estrictos controles y la censura que se aplican tanto a los medios de comunicación nacionales y extranjeros como a Internet.
Según AI, el Estado es propietario de los principales periódicos y de casi la totalidad de las emisoras y cadenas de televisión del país. Las escasas publicaciones internacionales a las que puede acceder la población libia pasan previamente los filtros de la censura oficial y únicamente se puede hacer uso de Internet a través de un servidor, también controlado por el Gobierno.
Además, la organización insta "una vez más" a Libia a poner fin a la persecución, hostigamiento y detención a los que se somete a periodistas, escritores y activistas políticos que critican a las autoridades o pretenden organizar reuniones y protestas pacíficas contra el Gobierno. En algunas ocasiones, a estas personas se les imputan cargos definidos en términos muy imprecisos, "cuando no inventados", según AI.
Tal es el caso de Fathi el Jahmi, que fue detenido por agentes de la Agencia de Seguridad Interna en marzo de 2004 tras criticar a Gadafi y pedir reformas políticas en medios internacionales. Desde entonces permanece detenido en régimen de incomunicación, sin apenas contacto con el mundo exterior. Según Amnistía, se cree que ningún miembro de su familia ha obtenido permiso para visitarlo desde agosto de 2006. Además, su estado de salud es muy delicado pues, según informes, sufre una serie de afecciones como diabetes, hipertensión y enfermedades coronarias.
Otro caso es el de Idriss Boufayed y otras 11 personas que fueron detenidos en febrero de 2007 por manifestar pacíficamente su oposición política al Gobierno. Boufayed fue detenido por agentes de la Agencia de Seguridad Interna poco después de remitir un comunicado en el que anunciaba la celebración de una manifestación de protesta en la ciudad de Bengasi. Según informes recibidos, todas estas personas han permanecido en régimen de incomunicación durante largos periodos y al menos dos de ellas han sido torturadas.
Amnistía Internacional advierte también de que en la actualidad no existen organizaciones de Derechos Humanos independientes en Libia. La legislación vigente en el país prohíbe la formación de partidos y asociaciones al margen del sistema político existente. Así, movimientos disidentes como el Grupo Islámico Libio o el Movimiento Alianza Islámica "deben operar en la clandestinidad para evitar fuertes sanciones".
En estas circunstancias, AI destaca el trabajo realizado en el país por la Sociedad por los Derechos Humanos. Sin embargo, no se le puede considerar una entidad independiente dada su vinculación a la Fundación Gadafi para el Desarrollo, así como por el hecho de que es dirigida por Saif al Islam al Gadafi, uno de los hijos del líder libio.
En ocasiones, la Fundación emite comunicados que aparentemente sólo buscan defender la reputación de las autoridades. Por ejemplo, según Amnistía, la Fundación publicó un comunicado el 20 de octubre de 2005 en el que se negaba la práctica de la tortura en las cárceles libias, a pesar de la existencia de persistentes denuncias en sentido contrario.
PENA DE MUERTE
Asimismo, prosigue la carta de AI, "el Gobierno español debe tener presente en la próxima reunión la preocupación de Amnistía Internacional en relación a la aplicación de la pena capital en Libia". Este país no ha apoyado ninguna de las sucesivas resoluciones de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU que piden la abolición de la pena de muerte, ni la reciente moratoria sobre ejecuciones aprobada en noviembre de 2007 por la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas.
A nivel nacional, la legislación libia sigue contemplando la pena de muerte para un amplio espectro de delitos, "incluidas determinadas actividades que no constituyen sino el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión", denuncia Amnistía.
Además, las autoridades libias no proporcionan estadísticas sobre la aplicación de la pena de muerte en el país. Según fuentes no oficiales, nueve ciudadanos libios fueron ejecutados el 17 de abril de 2007, pero AI no tiene conocimiento de que las autoridades hayan publicado ningún comunicado al respecto.
Por otra parte, se sigue condenando a pena de muerte "tras procesos judiciales que violan las normas internacionales sobre juicios justos", según la organización. Tal es el caso del médico palestino y las cinco enfermeras búlgaras, condenados a ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento tras declararles culpables de infectar deliberadamente con el VIH a 426 menores en un hospital infantil en Bengasi en 1998. Durante el proceso se detectaron irregularidades tanto en la detención como en el interrogatorio, y el personal médico denunció haber sufrido tortura y malos tratos.
INMIGRANTES Y SOLICITANTES DE ASILO
Amnistía Internacional siente también preocupación por el trato que están recibiendo los inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados en territorio libio. Entre febrero y mayo de 2007, la organización recibió varios informes que denunciaban la falta de higiene y la escasez de alimentos y cuidados médicos que padecían centenares de extranjeros detenidos en centros de Misratah y Al Marj, al este de la capital, Trípoli.
Por ejemplo, Amnistía Internacional ha recibido recientemente informes que indican que decenas de ciudadanos eritreos detenidos en estos dos centros corren el riesgo de ser deportados. En algunos casos, se trataría de individuos que han huido de Eritrea por temor a ser perseguidos por sus creencias políticas. Otros huyeron de su país tras haber sido obligados a cumplir el servicio militar por un periodo indefinido. "En caso de ser repatriados, los ciudadanos eritreos estarían en grave peligro de ser detenidos a su llegada, de sufrir torturas y de ser encarcelados indefinidamente en régimen de incomunicación", concluye la carta abierta.
