MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 6 años de cárcel -alternativamente de 5 años, en función del Código Penal a aplicar-, y multa de 43,5 millones de euros para el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y otros ocho directivos del banco por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida relacionados con un plan de incentivos a los directivos de Banesto entre los años 1994 y 1998.
El representante del Ministerio Público presentó esta mañana su escrito de conclusiones provisionales ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, que instruye los hechos a raíz de una denuncia formulada por Rafael Pérez Escolar, condenado por el 'caso Banesto'.
Según el fiscal, los imputados omitieron declarar ante la Hacienda Pública los rendimientos en especie del plan de incentivos a los directivos de Banesto, mediante la entrega a los mismos el 21 de octubre de 1994 de 6,1 millones de acciones "por un precio inferior a la real y cuya financiación sufragó el Banco de Santander", así como a la venta de acciones, en noviembre de 1996 y 1997, respectivamente, a dos directivos incorporados "mediante idéntico sistema de financiación".
Las diligencias de instrucción concluyeron que el Santander presuntamente defraudó así a la Hacienda Pública las siguientes cuotas fiscales: 7,74 millones de euros en 1994; 690.000 euros en 1995, 610.000 euros en 1996, 460.000 euros en 1997 y 380.000 euros en 1998. En total, unos 9,88 millones de euros.
El resto de procesados son Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique Gordillo, Juan Secades y González-Camino, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, Juan carlos Rodríguez Cantanero y José María Espí Martínez.
El fiscal pide que los acusados indemnicen a la Hacienda Pública con 9,88 millones de euros, más los intereses de demora correspondientes a la cuota defraudada en cada periodo desde enero de 1995 hasta los días 9 y 11 de junio de 1999. Alternativamente a estas cantidades, solicita que paguen 13,33 millones euros, más los intereses de demora.
ADJUDICACIÓN DE ACCIONES
El escrito de acusación recoge que el Fondo de Garantías de Depósitos en Establecimientos Bancarios resolvió en abril de 1994 el concurso de adjudicación de acciones de la entidad Banco Español de Crédito (Banesto), designando como adjudicatario al Banco Santander. La participación adquirida fue del 73, 45% del capital social, que se dividía en dos tramos, uno de 368.670.702 acciones y otro de 81.329.702. Sobre estas últimas, el adjudicatario tenía la obligación de ofrecerlas a los antiguos accionistas por un valor de 400 pesetas, cada una a razón de una nueva por cada dos antiguas.
Según el fiscal, Botín puso entonces a disposición del equipo gestor de Banesto que había desempeñado tales funciones durante la intervención de la citada entidad por el Banco de España, el 1% del capital adjudicado. "Así se ofrecieron 6.126.594 acciones del primer tramo a Alfredo Sáenz Abad y a los directivos elegidos por él con unas condiciones de adquisición muy favorables respecto a las de mercado", añade el escrito.
FINANCIACIÓN ESPECIAL
Botín comunicó a la prensa que el ofrecimiento del 1% a los directivos se realizaría a través de un sistema de 'stock options'. Fue entonces cuando éste encomendó al acusado Rodríguez Inciarte, miembro del Consejo de Administración del Santander, el desarrollo de este sistema retributivo. A su vez, este último lo encomendó a Espí Martínez, director general de recursos humanos del Santander. El escrito de acusación menciona que entre las instrucciones dadas estaba la de colaborar con el acusado Rodríguez Cantarero, entonces consejero de Banesto.
Tras diversas reuniones, Rodríguez Inciarte y Espí Martínez "diseñaron un nuevo modelo, no de opción de compra de las acciones ofrecidas, sino de adquisición cierta de las mismas con una financiación especial para dicha adquisición a través de Bank Of América, que actuó como pantalla del verdadero soporte financiero de dicha compra: Bancco Santander".
Según el fiscal, "el diseño de esta nueva operación pretendía ocultar la omisión de la tributación a la Hacienda Pública de la retribución obtenida por los directivos como consecuencia de la adquisición de acciones y su financiación en condiciones muy favorables".
OPERACIÓN APROBADA
Esta propuesta fue trasladada por Espí Martínez a Rodríguez Inciarte, que era jefe del Área Financiera del Santander, quien a su vez la trasladó a Botín, el cual manifestó su aprobación. Seguidamente, la propuesta fue presentada ante la Comisión Ejecutiva del Banco Santander y fue aprobada por unanimidad de los asistentes.
"Los acusados no comunicaron la operación concreta que finalmente resultó de estas negociaciones, ni ordenaron a los órganos correspondientes de los Departamentos Fiscales del Santander o Banesto la obligación de tributar por el ingreso sobre los beneficios derivados de la misma", señala el escrito. Esta omisión "tuvo como objeto que ni se declararan ni se ingresaran los ingresos a cuenta de tributación en ninguno de los ejercicios".
En marzo de 1998, la Agencia Tributaria puso en conocimiento del Banco Santander el inicio de actuaciones de comprobación tributaria con carácter general para los ejercicios 1993 a 1996. En 1999, se descubre la operación retributiva por la inspección de Hacienda. En los últimas días de mayo, se remitió a todos los directivos beneficiados notificaciones relativas al inicio de actuaciones de inspección de sus declaraciones de I.R.P.F.
