12 de noviembre de 2019
5 de julio de 2010

AMP.- ETA.- El etarra Urrusolo dice en la Audiencia Nacional que la lucha armada "debió haber terminado hace tiempo"

El fiscal eleva la petición de indemnización a los familiares de las víctimas de 1.033.333,33 euros a 3.000.000

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El etarra histórico del comando Madrid de ETA Joseba Urrusolo Sistiaga ha defendido este lunes en la Audiencia Nacional que la lucha armada de la banda terrorista "debió haber terminado hace tiempo". Urrusolo ha sido juzgado por un triple asesinato en Villaverde (Madrid) por el que el fiscal Carlos Bautista ha confirmado su petición de 128 años de cárcel.

Urrusolo ha hecho estas afirmaciones a preguntas de su abogado defensor acerca de si ha abandonado la banda terrorista y ha escrito cartas desde la cárcel abogando por el fin de la violencia. En este sentido, ha recordado que él abandonó ETA en 1994 y, desde entonces, se ha "posicionado" a favor de que abandone la lucha armada.

El etarra se sienta en el banquillo de los acusados por el envío de un paquete bomba en 1991 al Ministerio de Justicia que fue rechazado y, finalmente, acabó con la vida del oficial de la Policía Luis Claraco López, el subinspector Pedro Domínguez Pérez y el oficial de Policía José Luis Jiménez Barrero, que intentaban desactivarlo.

EL DOBLE DE INDEMNIZACIÓN

Bautista además ha modificado la indemnización que el etarra deberá pagar a los familiares de las víctimas de 1.033.333,33 euros a 3.000.000. Además, deberá abonar los daños ocasionados, que ascienden a 53.997.840 euros.

Por su parte, la acusación particular ha exigido el doble de indemnización a las familias que el Ministerio Público porque, aunque aún no puede aplicarse el proyecto de ley de Víctimas del Terrorista, que se está tramitando en las Cortes, considera que la jurisprudencia es suficiente para ello.

La defensa de Urrusolo ha solicitado la libre absolución del procesado alegando que las anotaciones por las que se le implica en el caso fueron hechas en los años 80 y ya han prescrito. Subsidiariamente, si la libre absolución no fuese aceptada, cree que se le debería condenar a cuatro años de cárcel por complicidad, ya que abandonó ETA "voluntariamente" y ha "luchado de manera notoria y pública por el abandono de la lucha armada".

NO SE ACUERDA

Durante su declaración, Urrusolo ha asegurado no recordar si era suya la agenda que le incautaron al etarra Fernando Díaz Torres con los datos del atentado. "Puede ser, pero no me acuerdo", ha contestado a sucesivas preguntas del representante del Ministerio Público.

En este sentido, ha reconocido que existía una agenda, pero no sabe si era o no la incautada al también etarra Díaz Torres. En cuanto a las anotaciones, ha apuntado a que no sabe si fue él quien anotó la dirección del Ministerio de Justicia para posteriormente enviar un paquete bomba pero que, si lo hizo, sería en los años 80. Además, ha asegurado no haber estado nunca en Valladolid, lugar desde el que se mandó el paquete bomba.

Como testigo ha declarado el etarra al que incautaron la agenda, Díaz Torres, que ha asegurado que en la banda "cada uno tenía su función" aunque no recuerda "nada" del cuaderno.

NO LOGRARON DESACTIVARLO

Asimismo acudieron también varios empleados de la empresa Express Cargo, que fueron quienes llevaron el paquete, recibieron el aviso de que se trataba de una bomba de ETA cuando fue rechazado y procedieron a llamar a la Policía.

Uno de los agentes que esperaba fuera del local del polígono industrial de Villaverde (Madrid), donde se produjo la explosión, relató ante el tribunal como llamaron a los TEDAX, intentaron desactivar el explosivo, pero no lo lograron, por lo que se produjo la explosión que terminó con la vida de los tres agentes.

Durante sus conclusiones definitivas, el representante del Ministerio Público ha explicado que la anotación de la agenda incautada es de 1991, pues ha sido escrita "de forma secuencial" y las tres anotaciones anteriores a la dirección del Ministerio son también de ese año.

ELUDIR CON LA PRESCRIPCIÓN

"Hay tres referencias al año 1991 que están antes que la del Ministerio de Justicia, no es de 1981, como pretende hacernos creer la defensa, porque pretende eludir la causa por la vía fácil de la prescripción", ha remachado el fiscal.

Además, lamentó que tenga que ser el Estado quien tendrá que pagar las indemnizaciones a las familias de las víctimas porque "no parece que el acusado nunca vaya a ser solvente para pagar esas cantidades".

Por otro lado, la acusación particular ha recordado que los fallecidos tenían hijos, que en el momento de los hechos eran niños y "deben estar en la mente de todos". Ha añadido que "en nombre de las familias y de los niños" es en la que "pide justicia" a la Audiencia.

MURIERON POR LA LIBERTAD

"Los griegos decían que la más excelente de las virtudes era la libertad, pues estos tres policías, en ese día fatídico, murieron por salvaguardar la libertad de todos, incluida la de Joseba Urrusolo", ha destacado el abogado.

Tanto el fiscal como el abogado de la acusación han reconocido que no puede afirmarse que fuese el procesado quien envió el paquete, pero que están tan ligados unos actos a otros en la ejecución del delito que, sin su aportación, no habría sido posible el atentado.

La Fiscalía, en su relato de conclusiones definitivas, considera que los hechos constituyen dos delitos de asesinato terrorista, uno de asesinato terrorista frustrado, uno de atentado, y otro de estragos.

SIN LEVANTAR SOSPECHAS

Así, Urrusolo Sistiaga, en una fecha no determinada de 1991, pero "inmediatamente anterior" al 25 de junio, averiguó y anotó la dirección de la sede del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo de Madrid, "con la finalidad de enviar un paquete bomba a cargos políticos o funcionarios allí destinados", o directamente él, o otros miembros de la organización terrorista ETA.

A su vez, otra integrante de la banda ,que se encuentra en paradero desconocido, buscó una agencia de transportes en Valladolid desde la que poder enviar un paquete "sin levantar sospechas", según la documentación intervenida al también miembro de la banda Fernando Díaz Torre en 1992.

Por ello, el 25 de junio de 1991, miembros no identificados de ETA enviaron un paquete bomba desde la empresa Express Cargo de Valladolid, poniendo como remitente a 'Gráficas Jotasu' y la dirección de una casa abandonada. El paquete iba envuelto en una caja de cartón y contenía un explosivo a base de nitritos y amonio, cloruros y nitrocelulosa.

EL PAQUETE, RECHAZADO

Al día siguiente, la empresa entregó el paquete, que iba dirigido a Jesús M. Gómez, en el Ministerio de Justicia, donde por entonces ocupaba un cargo. El paquete fue rechazado y devuelto a los almacenes de la empresa, en Villaverde (Madrid), que se puso en contacto con su oficina en Valladolid, con el fin de que comunicasen a la empresa remitente lo sucedido, recibiendo como respuesta que dicha empresa era desconocida en la ciudad.

Posteriormente, sobre las 16:30 del 1 de julio, recibieron una llamada mediante la que una persona no identificada informó de que el paquete contenía una bomba, motivo por el que avisaron a la Policía.

Alrededor de las 19:15 de ese mismo día, inspectores del Cuerpo Nacional de Policía y un grupo de Tedax se trasladaron al polígono industrial de Villaverde e intentaron desactivar el artefacto, produciéndose una explosión sobre las 22:15 horas, que acabó con la vida de Claraco López y de Domínguez Pérez y, más tarde, en el hospital, de Jiménez Barrero.