17 de noviembre de 2019
  • Sábado, 16 de Noviembre
  • 15 de julio de 2008

    AMP.- Ibarretxe insta al TC a pronunciarse antes del 15 de septiembre sobre la consulta o a levantar la suspensión

    Cree que la decisión de Zapatero es "prepotente y arbitraria" y supone "la suspensión del autogobierno vasco"

    VITORIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

    El lehendakari, Juan José Ibarretxe, instó hoy al Tribunal Constitucional a pronunciarse antes del 15 de septiembre --fecha prevista para la convocatoria de la consulta promovida por el Ejecutivo vasco-- sobre la constitucionalidad de la iniciativa con el objetivo de que se pueda permitir su celebración. En caso de que no adoptara esta decisión, solicitó que levante la suspensión de la consulta que, a su juicio, ha supuesto hoy la presentación del recurso ante el alto Tribunal.

    En una comparecencia pública, tras la celebración del Consejo de Gobierno, Ibarretxe dio a conocer un acuerdo del Ejecutivo a raíz del recurso del Ejecutivo autónomo, una decisión "prepotente y arbitraria" que supone "la suspensión del autogobierno vasco".

    Ibarretxe calificó el acuerdo del Consejo de Gobierno de respuesta "serena pero firme". En ella, el Gobierno vasco insta al Constitucional a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la consulta "necesariamente antes del 15 de septiembre". "Esta es la fecha de convocatoria establecida en la propia Ley", explica el texto.

    Según argumenta, de superarse este límite de tiempo, manteniéndose el conflicto y la suspensión, la consulta "perdería toda su vigencia, produciéndose el perjuicio irreparable e irreversible de hacer imposible la celebración de la consulta, en contra de la voluntad del Parlamento vasco y del derecho a la participación política de los ciudadanos y ciudadanas vascas reconocido en el Estatuto de Gernika".

    Pide también al TC que, en caso de no dictarse sentencia antes del 15 de septiembre, "a fin de evitar dicho perjuicio irreparable e irreversible", levante "inmediatamente" la suspensión de la aplicación de la Ley de convocatoria y regulación de la consulta popular.

    Según el texto, el Consejo de Gobierno está "convencido de la legalidad y conveniencia para esta sociedad de la consulta" y por ello pretende "seguir preparándola con toda normalidad para hacer efectiva la decisión del Parlamento vasco y dar cauce a la voluntad de la mayoría de esta sociedad".

    En caso de que el alto Tribunal no atienda sus peticiones, el Ejecutivo se reservará "todas las iniciativas legales, sociales y políticas para la defensa del derecho de la sociedad vasca a ser consultada y a decidir el futuro de este país".

    Por último, acuerda emitir el acuerdo al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.

    RESPUESTA "SERENA Y FIRME"

    En su comparecencia, Ibarretxe calificó la reacción del Gobierno Zapatero a la publicación de la Ley de Consulta en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) de "desproporcionada, en contra de la democracia vasca y española" y anunció "una respuesta serena y firme a este despropósito democrático".

    "No es la primera vez que actúa de forma despectiva respecto a Euskadi", afirmó, a la vez que tachó su decisión de "prepotente y arbitraria" y señaló que "constituye un ataque directo a la autonomía y la suspensión de nuestro autogobierno".

    Para Ibarretxe, la impugnación constituye "un ataque directo a nuestra autonomía y supone, de hecho, la suspensión de nuestro autogobierno político, fruto del pacto alcanzado entre Euskadi y el Estado español en el Estatuto de Gernika, dejando a las Instituciones Vascas indefensas ante las decisiones caprichosas adoptadas unilateralmente por el Gobierno español".

    Al respecto reiteró que se trata de una "consulta popular no vinculante, que no un referéndum como falsamente se empeñan en calificarla". "Es un derecho humano que, como tal, no necesita ser positivizado", puntualizó. Asimismo, recordó que el resultado de una consulta no vinculante, en la que se pide opinión a la ciudadanía vasca, "tiene plena validez política y democrática para orientar la actuación de las instituciones vascas que la promueven, sin que suponga una obligación jurídica para el Estado".

    "Si el Gobierno español mantiene que 'los vascos no pueden decidir por todos los españoles', con la misma firmeza y contundencia democrática, el Gobierno vasco manifiesta que 'los españoles no pueden decidir por los vascos'", defendió.

    Asimismo, exigió "claridad y decisión" al Estado para que la consulta "no se pretenda enterrar por el paso del tiempo y según los intereses partidistas de quien la suspende", ya que se produciría un "efecto perverso" en el caso de que el Tribunal Constitucional no sentencie o, al menos, no levante la suspensión antes del 15 de septiembre. "Es el tiempo y no el derecho, la oculta intención del camino emprendido por el presidente Rodríguez Zapatero", señaló.

    Respecto a la posibilidad de que la sentencia sea desfavorable para el proyecto de ley, el lehendakari no quiso entrar en esta hipótesis ni en las cuestiones relacionadas con los que ocurrirá el día siguiente al 15. "Esperamos que exista un pronunciamiento al respecto", reiteró. Además, subrayó que el dictamen de la Comisión jurídica Asesora del Parlamento "reafirma abiertamente que esta iniciativa es legítima, legal y democrática".

    La comparecencia de Ibarretxe se produjo después de que esta mañana el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, presentara ante el Tribunal Constitucional, un recurso contra la consulta del lehendakari Ibarretxe publicada hoy por el Boletín oficial del País Vasco, al estimar que vulnera gravemente los preceptos constitucionales.

    La presentación de este recurso obligará al Constitucional a resolver en los próximos días sobre la admisión o no a trámite del mismo. En caso afirmativo, la decisión del TC dejará en suspenso la aplicación de la ley promovida por el lehendakari.

    El lehendakari dio lectura a su declaración respaldado por el conjunto de su Gabinete, en su primera comparecencia tras conocerse el recurso interpuesto por el Ejecutivo.