VALENCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El interventor del Estado Joaquín Falomir ha ratificado en el juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación' que los cuatro inmuebles adquiridos por la Fundación Cyes se pagaron con las subvenciones que consiguió de la extinta Consejería de Solidaridad en el año 2008, cuando estaba dirigida por Rafael Blasco, porque la entidad no disponía de otros fondos para ello.
"La fundación hacía cursos y cobraba unas matrículas por ello, pero según lo recaudado en un par de años, en absoluto se podía acercar a las cifras que figuraban como costes para la compra de inmuebles", ha explicado.
Falomir se ha pronunciado en estos términos en el juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Consejería a la Fundación Cyes en el año 2008 para dos proyectos en Nicaragua, por los que recibió alrededor de 1,6 millones de euros y de los que solo 43.000 euros llegaron a su destino, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y a abonar unos 400.000 euros a una empresa del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, por unos trabajos de asesoría que se cuestionan.
El perito ha ido describiendo una por una todas las "irregularidades" en la concesión de ayudas que hizo la consejería a esta entidad, desde el inicio del proceso, cuando se presentaron las solicitudes, hasta el final del mismo, cuando se intentaron justificar, y al cerrarse y certificarse los expedientes. Ésta es la última de las declaraciones del juicio, puesto que la próxima semana comienzan los informes.
El testigo ha ratificado que es "evidente", y así consta en las actuaciones, que la Fundación Cyes adquirió inicialmente cuatro inmuebles con cargo a las ayudas, tal y como certificó en las escrituras que aportó y en los gastos de las cuentas corrientes. Pero estos pisos no estaban puestos a nombre de los destinatarios de las subvenciones, sino al suyo.
Seguidamente, cuando la consejería decidió no admitirle estas facturas por la compra de inmuebles, la fundación aportó otras distintas para justificar los trabajos hechos en Nicaragua y que el dinero de las ayudas se había destinado a este país, pero el perito ha afirmado que "no son muy creíbles" porque quedó "patente" que la fundación había gastado el dinero de la consejería en la compra de los pisos, puesto que no gozaba de más fondos.
Y sobre estas nuevas facturas y justificaciones que aportó posteriormente la fundación, el perito ha ido más allá y ha apuntado que el pago no constaba respaldado por la fundación. Además, ha comentado que son costes que "para nada" tienen que ver con la descripción de los proyectos que se presentaron, y cuyas facturas, algunas de ellas, están en euros, mientras que la moneda local eran las córdobas.
DE 90.000 A 1.000€
Sobre este último aspecto, la moneda local, ha indicado que "si simplemente se hace una trasposición en el tipo del cambio en ese momento, en las nuevas facturas -con euros-- resultaban unos importes absolutamente disparatados a su paso a las córdobas". Y ha puesto el ejemplo de que había facturas de 90.000 euros por salarios anuales, cuando el salario medio anual en Nicaragua era de 1.000 euros.
Sobre estas nuevas facturas aportadas posteriormente por la fundación, el perito ha indicado que con ellas, la extinta conselleria dio por subsanadas las "deficiencias" aunque señaló que todavía quedan algunos gastos no acreditados, con lo que apuntó que se iba a iniciar un procedimiento de reintegro por unos 185.000 euros. Sin embargo, en esta fase no se concretaron qué justificantes y por qué conceptos fueron admitidos, ha puntualizado.
Tras este paso, el perito ha comentado que luego se emitieron dos certificados en los que ya se justificaban todas las facturas y se indicaba que las subvenciones eran halladas de conformidad. Así mismo, ha declarado que no ha visto ningún acto en el que se requiriera a la fundación que devolviera el importe invertido en los cuatro inmuebles.
Por otro lado, el interventor ha destinado parte de su declaración a describir los requisitos que debía cumplir la fundación para optar a las ayudas y su funcionamiento junto a otras sociedades. Respecto al primer apartado, ha explicado que ya desde el inicio, la entidad no cumplía con los requisitos para presentarse a las subvenciones porque "no se ajustaba a la solicitud de los proyectos en red". "Necesitaba colaborar con dos ONGs que tuvieran sede o una relación permanente en la Comunidad, y no los presentó ni los acreditó", ha dicho.
Con ello, "se incumplía directamente el requisito del proyecto de red", ha insistido, al tiempo que ha agregado que en la solicitud inicial que presentó, tampoco quedaba patente su intención de comprar pisos con las ayudas: "en ningún momento se hace referencia expresa a la compra de inmuebles, tan solo se dice que de ser concedida la subvención, podría comprar un piso para establecerlo como sede. Pero no hay nada en concreto", ha expuesto.
Así mismo, el interventor ha indicado que la Fundación Cyes tampoco tenía la experiencia previa exigida en la convocatoria de las ayudas. Para acreditar lo contrario --ha explicado-- presentó diversa documentación en relación con unos cursos que había podido dar y convenios con entidades en Nicaragua, pero "no es suficiente", ha puntualizado. "Y la Ley de Subvenciones -ha añadido-- es clara. Es lo suficientemente clara y exige dicha experiencia previa y la agrupación en red para concurrir a las ayudas".
PAGO ANTICIPADO
El perito, preguntado por el pago anticipado del 100% que hizo la extinta conselleria a la fundación antes de que ésta presentara la reformulación del proyecto --una vez detectadas algunas deficiencias--, ha comentado que el decreto que rige estas ayudas no hace una prohibición expresa para actuar de esta manera, pero ha matizado que en su opinión "no hace falta que lo haga": "si se pide una subsanación, la ONG puede no subsanar, o subsanar pero apartarse del criterio del proyecto principal por el que se pidió la subvención. Con lo que el pago anticipado..."
Por otro lado, el interventor ha sido interpelado por las empresas Arcmed --propiedad de Tauroni-- y ACIP --mercantil del dueño de la Fundación Cyes, Marcial López--, que facturaron a la fundación por trabajos en Nicaragua como subcontratas. Al respecto, ha matizado que la ley exige que se presenten varios presupuestos cuando estos proyectos superan determinadas cuantías, y en la documentación no consta que se haya cumplido este extremo.
Sobre los informes por los que cobró Arcmed, ha comentado que "básicamente están copiados de Internet, incluso con sus "erratas y faltas de ortografía". Así mismo, sobre ACIP, ha señalado que la empresa parece que se creó para esta ocasión, y ha recordado que está prohibido contratar con empresas vinculadas a la fundación o al beneficiario de las subvenciones.
