GRANADA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El que fuera titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella (Málaga) e instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, aseguró hoy que su ex compañero Francisco Javier de Urquía, que entonces dirigía el de Instrucción 2, le consultó para fijar la retribución económica al administrador judicial que iba a gestionar las empresas intervenidas durante la 'Operación Hidalgo' contra el blanqueo de capitales.
Torres, hoy titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada, avaló así lo que ya declaró la pasada semana De Urquía, que se sienta en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) imputado por dos delitos de prevaricación judicial y otros dos de cohecho por supuestamente ofrecer favores judiciales a cambio de dinero a los implicados en el caso que investigaba.
De Urquía negó el pasado 18 de mayo ante el tribunal que lo juzga los hechos de los que le acusa la Fiscalía, que considera que el juez tomó "por decisión personal" el nombramiento de un administrador judicial, al que fijó un sueldo de 65.000 euros, más una comisión del 1 por ciento del valor de cualquier acto de transmisión o enajenación de los activos de las empresas intervenidas, situación que tenía como "verdadera finalidad" la de conseguir del dueño una contraprestación económica a cambio del levantamiento o liberación de las medidas y cargas judiciales.
Según Miguel Ángel Torres, que declaró hoy como testigo en la causa contra De Urquía y otros tres acusados más --Arnaud F.A., Azan K. e Igor M.--, el ex magistrado se dirigió a su despacho para preguntarle su opinión jurídica sobre cómo podían fijarse los honorarios del administrador judicial, dada su experiencia en casos como 'Ballena Blanca' o 'Malaya'.
La aplicación de las tablas profesionales fijaría una remuneración que le parecía "excesiva" a De Urquía, una visión que también compartía el juez Torres, que le recomendó al instructor del caso 'Hidalgo' que lo mejor sería que los administradores de las empresas se pusieran de acuerdo con el administrador judicial y que, de no conseguirlo, debería él adoptar un criterio. No llegaron no obstante a hablar de cantidad alguna, según Torres, que tampoco conocía a la persona que fue nombrada como administrador judicial.
Sobre el nombramiento, Torres señaló que lo habitual es acudir a los colegios profesionales y que no es "conveniente" elegir como administrador judicial a una persona que se ofrece a sí misma. De todas formas indicó que el asunto de la administración judicial es "polémico" porque existe "ausencia de regulación" al respecto, razón por la que el juez De Urquía, que estaba "preocupado" por el tema, acudió a preguntarle sobre cómo fijar la retribución.
TESTIFICA EL PADRE, EX PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA DE ALICANTE
En la sesión de hoy declaró además como testigo el padre de De Urquía, ex presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, quien dijo tener la "convicción personal" de que un alférez de la Guardia Civil intentó presionar a otro de los imputados en esta causa, concretamente al responsable de la revista 'Social Life' Igor M., para que cambiara su declaración para implicar a De Urquía, toda vez que el caso se había sobreseído.
El padre de Urquía basa esa convicción en la reunión que mantuvo el alférez con Igor M. en el Corte Inglés en diciembre de 2008, donde supuestamente el guardia civil le dijo que si involucraba al juez "su intervención quedaría en un tirón de orejas". "Cuando se le preguntó al alférez durante la instrucción de este caso él dijo que había mantenido la reunión para tranquilizar a Igor y yo, durante toda mi vida profesional, nunca he visto que ningún agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quede con un imputado en un Corte Inglés para eso. Es una disculpa disparatada", apuntó.
De hecho, el padre llegó a denunciar ante el TSJA la reunión, después de conocer lo que había ocurrido por boca del propio Igor M., quien se lo contó todo por teléfono. "Yo quebranté la confianza de Igor, pero es que los hechos me parecieron gravísimos", señaló el magistrado, que dijo creerse "a pies juntillas" que el guardia civil quiso involucrar a su hijo, sin entrar a valorar la posible "mente fabuladora" de Igor y negando "rotundamente" que sus afirmaciones formen parte de una "estrategia" de los imputados para "desacreditar" la instrucción del caso.
Asimismo explicó que aunque conoció los hechos en diciembre no presentó denuncia hasta un mes y medio después, en enero de 2009, porque "confiaba en que el sobreseimiento se mantuviese", si bien la causa volvió al TSJA al aparecer la "famosa comanda" que supuestamente Arnaud le entregó a Philippe Junot como muestra de su conocimiento de la 'Operación Hidalgo' para que le dijera al principal imputado en el caso contra el blanqueo --del que es amigo el ex marido de Carolina de Mónaco-- que podría ayudarle, como amigo de De Urquía, a cambio de cinco millones de euros.
Durante la sesión de hoy también testificó el fiscal superior de Navarra, que supo por un amigo abogado que existía una posible extorsión del juez Urquía, por lo que le recomendó a éste que pusiera el asunto en manos de la Fiscalía de Málaga y un total de siete abogados más, tres de ellos del despacho que representa el propietario de las empresas supuestamente extorsionado, que ejerce la acusación particular.
Estos tres últimos coincidieron en señalar que el empresario, David S., estaba inicialmente imputado en 'Hidalgo' por un delito contra la Hacienda Pública, si bien el mismo día en que declaró el juez Urquía le informó que a esa acusación se le unía otro delito de blanqueo de capitales, "sin aclarar en absoluto en qué se basaba". Además estos tres letrados aseguraron que la retribución del administrador judicial no se acordó con las partes, y que su nombramiento no fue "insaculado" --por sorteo--.
Las sesiones del juicio continuarán mañana y se prevé que finalicen el próximo lunes 31 de mayo.
