Se les considera autores de delitos continuados de estafa agravada y específica
MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
Seis años después de que miles de afectados por la macroestafa de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) perdieran sus ahorros, la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un total de 41 años prisión y a pagar una indemnización de más de 118 millones de euros a los responsables directos de uno de los mayores timos inmobiliarios ocurridos en Madrid, que dejó a 1.889 familias sin piso en los PAU's de los barrios del norte de la capital.
En una sentencia notificada hoy, el tribunal impone la mayor pena de prisión, de diez años y medio, al directo general de CPV, Francisco García Moreno, al considerarle autor material de un delito continuado de estafa agravada y otro de estafa específica.
Los magistrados subrayan en la resolución que existe "una carga probatoria abrumadora" contra García Moreno, al ser "el máximo dirigente" de la empresa, participando en "las decisiones que condujeron a la redacción de los contratos de adhesión y fijando las partidas dinerarias que se ingresaban en las cuentas especiales", destinadas al uso y disfrute de los condenados.
Además, la Sala condena a sus dos hijos, Francisco y Miguel Ángel, y a un amigo de éstos, Miguel Ángel Morillo, a 8 años y medio por las mismas infracciones penales. En cuanto a sus testaferros, Adelina Erles y Alfredo Vázquez han sido condenados a tres años y dos años de prisión, respectivamente, por un delito de estafa. Además, de la indemnización deberán pagar 498.000 euros.
Respecto a la responsabilidad civil, los administradores de CPV deberán indemnizar con 73 millones de euros a los estafados por el dinero que adelantaron para la compra de sus viviendas. Pero a esta cantidad habría que añadir otros 24.000 euros por cada vivienda adquirida por las 1.889 familias en concepto de la revaloración de su precio, lo que eleva la indemnización total a más de 118 millones de euros.
"No hace falta gran despliegue probatorio para constatar que el precio de las viviendas en los PAU's del norte de madrid han sufrido una revaloración más que importante. Es público y notorio lo que pagó cada uno de los firmantes de los Contratos de Adquisición de Viviendas en los años 1998 a 2001, era un precio algo inferior al del mercado correspondiente en sus respectivas fechas", señala la sentencia.
DETENIDOS ANTE EL RIESGO DE FUGA
El fallo se dio a conocer horas después de que el máximo responsable de la empresa, sus hijos y Morillo fueran detenidos por orden de la Sección Decimoquinta ante el posible riesgo de fuga. En una vistilla celebrada esta mañana, el fiscal solicitó al tribunal que decrete su ingreso en prisión, argumentando la gravedad de las penas impuestas y la posibilidad de su huida gracias al dinero que estafaron a los afectados. Por el momento, se desconoce la decisión de la Sala.
En la vista estuvieron presentes los detenidos, quienes fueron trasladados a primera hora de la mañana a las dependencias de la Audiencia desde la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos. En su turno de palabra declinaron realizar cualquier tipo de comentario, excepto uno de los hijos de García Moreno. "Hemos tenido suficiente tiempo para hacer cualquier cosa", aseveró Francisco Javier García Sánchez, en alusión al riesgo de fuga esgrimido por el fiscal.
Los abogados defensores recriminaron al fiscal que "ni las penas son tan graves ni tienen todo ese dinero para eludir la prisión". "No existe ningún dato objetivo que sustente que quieran evitar la acción de la Justicia. La solicitud fiscal está adoptada desde parámetros subjetivos", espetó uno de los letrados.
DENUNCIA DE LA JUNTA DEL PAU DE SANCHINARRO
Este procedimiento se inició en febrero de 2000, cuando la propia Junta de Compensación del PAU de Sanchinarro interpuso una denuncia, al comprobar que estaban circulando escrituras falsas de propiedad sobre estos terrenos. La causa llegó a archivarse en 2002 cuando los responsables de CPV presentaron un supuestos aval que garantizaba la devolución de las cantidades. La Junta de Sanchinarro recurrió esta decisión y el caso siguió adelante.
Al conocer el fallo, el abogado denunciante, Gonzalo Martínez-Fresneda, se mostró "satisfecho" con las condenas impuestas por la Sección Decimoquinta, recordando el daño que causó la estafa a las miles de familias que perdieron sus ahorros.
Por su parte, el abogado Luis García Botella, que representa a 300 afectados, adelantó a los periodistas que la mayoría de sus clientes se mostrará a favor de recurrir el fallo, puesto que "no se ajusta a la petición máxima de 15 años de cárcel" solicitada por su acusación.
