AMPL.- Ecologistas pedirán al Defensor del Pueblo que impugne leyes urbanísticas del Parlamento balear

Actualizado: jueves, 22 julio 2010 15:32

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha anunciado este jueves que está elaborando un escrito en el que demanda al Defensor del Pueblo que impugne las leyes urbanísticas aprobadas en el Parlamento balear, al considerar que incumplen preceptos básicos de la Constitución.

Así lo han informado en rueda de prensa los portavoces de esta entidad ecologista, Margalida Ramis, y Miquel Àngel Marc, después de que la Cámara balear aprobara este martes la Ley de Declaración de Interés Autonómico que permite la construcción del campo de golf de Son Bosc, en Muro, así como al Proyecto de Ley de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general.

En opinión del GOB, el Gobierno balear está utilizando "un modus operandi" de "urbanismo a la carta" con el que, a través de disposiciones parlamentarias, intenta "burlar" la normativa urbanística establecida para asuntos concretos. Ramis ha asegurado a los medios que la intención del GOB es que el Defensor del Pueblo presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para impugnar estas normativas urbanísticas.

Marc ha estimado que el escrito se registrará, previsiblemente, a finales de julio o principios de agosto y que para finales de este año ya podrían tener una contestación del Defensor del Pueblo.

Ramis ha puesto como ejemplo de estas normativas "a la carta" la Ley de medidas urgentes para el impulso de la inversión en Baleares que permite que "establecimientos que hayan hecho ampliaciones irregulares puedan realizar remodelaciones, manteniendo los volúmenes existentes" e incluso "ampliaciones del 10 por ciento de la superficie realmente construida".

Respecto a las leyes aprobadas en el último pleno parlamentario, la portavoz ha señalado que el Proyecto de Ley de Medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general permite edificar en zonas donde no existen equipamientos básicos o la clasificación de suelo urbano en terreno no urbanizable e, incluso, rústico.

Asimismo, ha subrayado que en la zona de Sa Coma (en el municipio mallorquín de Sant Llorenç des Cardassar) recorta el ámbito de un Área Natural de Especial Interés (ANEI), además de provocar excepciones en el servicio de alcantarillado, afectar a edificios fuera de ordenación y desregular establecimientos turísticos en suelo rústico.

Así, el GOB ha apuntado como posibles motivos inconstitucionales, la usurpación de competencias municipales urbanísticas al aprobar normativas sin necesidad de obtener licencias para determinadas actuaciones, así como por hacer clasificaciones de suelo y usos fuera de los trámites de los consistorios.

Asimismo, consideran que algunas de estas leyes parlamentarias conculcan trámites administrativos básicos para las actuaciones urbanísticas, como la exclusión de las fases de participación pública a la hora de clasificar el suelo.

También creen que se incumplen los trámites ambientales establecidos por la directiva europea de Aarhus, que da a los ciudadanos el derecho a acceder a la información ambiental en poder de las autoridades públicas.

Los ecologistas han añadido que, con estas prácticas, el Gobierno balear "intenta burlar por ley los resultados de sentencias judiciales firmes", como en el caso del Puente de Es Rivet, Manacor, o el del suelo rústico de Cala Tarida, Playa de'n Bossa y Ses Variades, en Ibiza.

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