Asegura que tiene "las manos limpias" y que "la maldad no está en el procedimiento, sino en el ser humano"
SEVILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
El exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha asegurado este viernes en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por el Gobierno andaluz, que "nunca tuvo ni la más mínima duda" sobre la legalidad del procedimiento de ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, argumentando que el contenido del convenio que lo regulaba estuvo incorporado "año tras año" en la Ley de Presupuestos de la Junta, lo que, según ha indicado, eleva a "rango de ley" el procedimiento utilizado.
Así se ha pronunciado en la cuarta jornada de la comisión de investigación el exalto cargo andaluz, quien salió de la cárcel el pasado día 10 de agosto tras pagar la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla, después de pasar casi cuatro meses en prisión, donde ingresó el pasado 24 de abril.
El Juzgado número 6 de Instrucción de Sevilla, encargado del caso, le ha imputado cuatro delitos continuados de negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación. Además, también está imputado por delitos simples de cohecho y falsedad en documento.
Fernández, que ha acudido a la comisión junto a su abogado, ha insistido en que los grupos tenían "perfecto conocimiento" de la partida 31L y del procedimiento por el que se regulaba y le daban su "aceptación y conformidad". Según ha apuntado, tanto PP-A como IULV-CA la consideraban "insuficiente" e instaban a modificarla para que determinadas partidas llegaran a sus territorios "más afines".
El exconsejero de Empleo ha pedido no tener que responder las preguntas porque podrían verterse "acusaciones con carácter incriminatorio" por parte de los grupos, como a su juicio, ha ocurrido con los anteriores comparecientes; ni oírlas porque, a su entender el Parlamento estaría vulnerando sus derechos fundamentales y "coaccionándole".
Si bien, finalmente, tras la explicación del presidente de la comisión, Ignacio García, sobre el procedimiento elegido para esta comisión, el exconsejero decidió responder a las mismas y pidió excusas por si se había interpretado en sus palabras una "ofensa" al Parlamento, lo que no era su intención.
En su intervención inicial, --en la que agotó la hora que tenía establecida--, Fernández comenzó haciendo una explicación sobre cómo el contexto de crisis económica en los años 90 llevó a la Junta de Andalucía a tener que establecer un sistema de ayudas para empresas en crisis, dada la petición por parte del conjunto de los grupos políticos y organizaciones sociales, unas ayudas que se plasmaron en los distintos acuerdos de concertación social.
Fernández, que ha insistido en que "nunca" en los seis años en los que estuvo al frente de Empleo obtuvo la más mínima reprobación en el Parlamento ni el cuestionamiento de la legalidad del procedimiento debatido, ha enfatizado que "no hubo fondos ocultos ni descontrol de los mismos". Además, ha destacado que la Cámara de Cuentas tampoco vio ilegalidad alguna en la gestión del convenio de concesión de ayudas entre la Consejería y la Agencia IDEA.
"Yo tenía un mandato parlamentario que se ajustaba a derecho y que sus señorías me habían mandatado que hiciera todos los años con la partida 31L que nunca cuestionaron", ha afirmado Fernández, quien también ha destacado que las modificaciones presupuestarias que se hacían pasaban diferentes filtros, entre ellos, el de la Intervención General, la Dirección General de Presupuestos o el Consejo de Gobierno.
NO COBRÓ LA PREJUBILACIÓN DE GONZÁLEZ BYASS POR "ÉTICA"
En relación a su inclusión en el ERE de González Byass, cuestión preguntada por la diputada de IULV-CA, Alba Doblas, Fernández ha asegurado que esa prejubilación le pertenecía pero que no la aceptó porque "no me dio la gana". "Se daban todas las condiciones objetivas y subjetivas para que me acogiera a ese ERE, pero consideré que no era ético", ha explicado el exconsejero.
También Fernández ha indicado, a instancia de una pregunta de IULV-CA, que él fue "el primero" que ordenó investigar las irregularidades en Mercasevilla, elevándolas a la Fiscalía. Además, también fue él quien pidió que no se abonarán algunas subvenciones de la zona norte de Sevilla.
De igual manera, la portavoz de IULV-CA que ha considerado la situación de irregularidades en estos expedientes como "una inmoral fiesta de intrusos dentro de los ERE", ha preguntado sobre cómo ocurrieron estos casos sin que tuviera conocimiento, punto en el que el exconsejero ha afirmado que "no era el responsable de esta actuación" y, además, ha pedido que se dimensione el caso, que sin restarle importancia, afectó a en torno un uno o dos por ciento.
Además, también ha recordado que la Ley contempla el expediente de reintegro, mecanismo por el que, una vez comprobado el incumplimiento de un fin en una ayuda concedida, se pueda recuperar el dinero.
EL CONVENIO MARCO TENÍA "MÁS CONTROLES QUE UNO ORDINARIO"
De igual manera, en respuesta a una pregunta de la portavoz del PSOE-A Antonia Moro, Fernández ha afirmado que este procedimiento contaba con más controles que uno ordinario, de manera que ha asegurado que "la arbitrariedad y la maldad no está en el procedimiento, sino en el ser humano".
"Algunos hicieron un mal uso. Se debe perseguir a estos y yo quiero colaborar. Habrá que ir en contra de quien abusó de este procedimiento, si bien mis manos están muy limpias".
De igual manera, preguntado sobre el equipo de la Consejería en su etapa de consejero, ha indicado que cuando llegó a este cargo, desde la viceconsejería, realizó cambios "mínimos", por lo que mantuvo a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo, si bien en la remodelación "amplia" de 2008 por "el transcurso del tiempo" sí lo cambió. "No había el más mínimo rechazo sobre Guerrero ni era cuestionado", ha añadido.
Preguntado sobre la existencia de varios expedientes que afectaban a la Sierra Norte de Sevilla, Fernández ha señalado que la zona no era el criterio de distribución y, además, ha apuntado que "no es la zona norte de Sevilla sino Linares (Jaén) y el grupo de empresas Santana las que más han recibido".
En cuanto al expediente de la Faja Pirítica de Huelva que derivó en concesión de ayudas sociolaborales a exmineros, el exconsejero ha recordado que en él formó parte el Gobierno central con Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido.
PP-A: "EL CONVENIO NO TIENE RANGO DE LEY"
Por su parte, el portavoz del PP-A Carmona ha incidido en la gestión del fondo 31L desde la Consejería de Empleo y ha insistido en que el convenio analizado "no tiene rango de Ley", si bien Fernández ha afirmado que él no era el gestor de este fondo, ni tenía competencias para conceder ayudas y ha afirmado que el convenio era incorporado "año tras año" en la Ley de Presupuestos de la Junta.
De igual manera, preguntado sobre por qué no se tomaron en cuenta las recomendaciones de Intervención para cambiar la tramitación de las mismas, ha señalado que Empleo contestó de manera discrepante al informe de Intervención y ésta "no dio un paso más", por lo que "no estábamos 'contra lege', no se mostró reparo". "No tuve ninguna advertencia sobre ilegalidad, el informe de Intervención habla de irregularidades y nunca se advirtió riesgo de menoscabo de fondos públicos", ha indicado.
Por último, el portavoz del PP-A ha preguntado al exconsejero si usó el sistema de ayudas en su propio beneficio, momento en el que Fernández ha criticado la cuestión, pues "la mera pregunta es una agresión del derecho al honor". "La justicia ha dicho que nunca tuve un ánimo de enriquecimiento, en 30 años de servicio público nunca lo he tenido. Yo no sé si los demás podéis decir lo mismo", ha zanjado.
