BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía pide 16 años de cárcel para el ex jefe de la inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet, ocho años para el empresario Javier de la Rosa y ocho años y dos meses para los constructores Josep Lluís Núñez Clemente y su hijo Josep Lluís Núñez Navarro, respectivamente, por su presunta implicación en una trama de corrupción en la Delegación de Hacienda de Cataluña descubierta a finales de los años 90.
En su escrito de acusación, de más de 350 páginas, el Ministerio Fiscal pide penas que suman 126 años de cárcel para 14 acusados --entre ellos ex altos cargos e inspectores de Hacienda-- por su presunta implicación en grandes operaciones irregulares y varios casos de presunto soborno, consistentes en el pago de cantidades a cambio de no levantar actas fiscales o archivarlas.
Según los fiscales anticorrupción Emilio Sánchez y Fernando Rodríguez, los ex inspectores de Hacienda acusados, mantuvieron "corruptos contactos" con los empresarios acusados y "torcieron intencionadamente" el ejercicio de sus funciones "excitados por las ventajas patrimoniales que éstos les ofrecieron con la finalidad de ganarse sus voluntades".
Además de cárcel, la Fiscalía pide para Huguet 39 años y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multas que suman 4,1 millones de euros; para De la Rosa solicita 10 años de inhabilitación y multas que ascienden a 4,1 millones; y para los Núñez, cuatro años de inhabilitación y multas que suman 2,6 millones.
La mayor pena de prisión solicitada es para el ex inspector de Hacienda Manuel Abella, que afronta 19 años. Para el inspector Álvaro Pernas se piden 17 años de cárcel, y 14 para el ex asesor jurídico Juan José Folchi (que asesoró al Grupo Torras-Kio).
La Fiscalía considera que De la Rosa y Folchi son responsables de un delito de cohecho activo, otro continuado de prevaricación y otro falsedad en documento oficial, mientras que Huguet y Abella pueden haber cometido también un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos y otro de infidelidad en la custodia de documentos.
En cuanto al ex presidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez y su hijo, entiende que deben responder de un presunto delito continuado de cohecho activo y otro continuado de falsedad en documento oficial.
El fiscal, en cambio, no pide prisión para el ex inspector José Lucas Carrasco, sino una multa de 66.000 euros, y pide archivar la causa para Juan Francisco Pont, Mayra Mas (mujer de José Lucas) y Antoni Guinovart.
RELATO DE LOS HECHOS.
En su escrito de conclusiones provisionales, los fiscales explican cómo el financiero Javier De la Rosa y su asesor, el "afamado" letrado Juan José Folchi, decidieron "ganarse los favores profesionales" del ex jefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet ingresando importantes cantidades en una cuenta bancaria que éste tenía en Suiza.
Para la Fiscalía, con estos pagos De la Rosa y Folchi pretendían que las inspecciones de las sociedades del Grupo Torras --que el empresario dirigió entre 1986 y 1992-- fueran "ineficaces" y "sólo aparentes" para que no se descubriera la deuda tributaria real derivada de las distintas operaciones mercantiles desarrolladas por las sociedades.
Así, a instancias de De la Rosa y Folchi, Huguet presuntamente se dispuso "de forma consciente y voluntaria" a paralizar y denegar inspecciones, mentir en las diligencias de comprobación y a extender actas de conformidad que no reflejaban la realidad tributaria de empresas del Grupo Torras. Todo ello, según la Fiscalía, con la colaboración "imprescindible" del inspector Manuel Abella, jefe de la dependencia regional encargada de las empresas inmobiliarias.
En cuanto a Josep Lluís Núñez y su hijo, la Fiscalía explica que ofrecieron "ventajas económicas" a los inspectores de Hacienda Manuel Abella y Roger Bergua a cambio del "torcido ejercicio de sus potestades públicas", ya que sabían las responsabilidades tributarias y penales que podían derivarse de los "artificios fiscales" utilizados por el Grupo Núñez y Navarro, que les permitieron ahorrar 13,2 millones de euros en impuestos.
Así, los Núñez presuntamente favorecieron a Abella en la adquisición de un piso y de tres plazas de aparcamiento en Barcelona y ayudaron a Bergua en la compraventa de un piso y un aparcamiento, también en la capital catalana, "a un precio muy inferior al que según el mercado correspondería", todo ello a cambio de "inspecciones amañadas" y de que dejasen de comunicar a las autoridades la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública.
Con estos "torpes beneficios económicos", prosigue la Fiscalía, el Grupo Núñez y Navarro consiguió que Bergua y Abella pasaran por alto "intencionadamente" artificios fiscales como transmisiones inmobiliarias entre las empresas del grupo con fines puramente fiscales, operaciones aisladas donde se han detectado otros mecanismos de fraude fiscal o diferencias de precios en transmisiones de entidades registradas de similares características.
En cuanto a los acusados Eduardo Bueno, máximo responsable del grupo inmobiliario Ibusa, y su mano derecha, Francisco Colomar, la Fiscalía señala que diseñaron "diversas operaciones financieras con el objetivo de minorar de forma fraudulenta la carga fiscal que de otra manera tendrían que haber soportado". Para ello acudieron a Folchi, quien contactó con Huguet y Abella y presuntamente les persuadió para realizar inspecciones amañadas sobre el grupo.
La Fiscalía se refiere también al Grupo Kepro, cuyos procedimientos de inspección fueron desarrollados por el acusado Álvaro Pernas. Según la acusación pública, éste se concertó con el asesor fiscal del grupo y también acusado Joan Anton Sánchez Carreté para pedir hasta 300.000 euros a los máximos responsables del mismo a cambio de un trato favorable en las inspecciones, a lo que acabaron accediendo ante las presiones de los acusados.
