El consejero deberá depositar una fianza de 35.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades que se deriven del proceso
SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Cantabria solicita tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo, por un delito de prevaricación, dos de obstrucción a la justicia, dos faltas de vejaciones y otra de amenazas cometidas supuestamente cuando era presidente de la Autoridad Portuaria de Santander.
Recibidos ya los escritos de acusaciones de las partes, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Cantabria (TSJC) ha acordado abrir juicio oral contra el consejero, que, al ser aforado, será juzgado por la Sala de lo Penal del TSJC, según se recoge en un auto de la Sala dictado ayer miércoles y conocido hoy.
Los hechos por los que será juzgado el consejero ocurrieron cuando presidía el Puerto de Santander. La denuncia fue presentada en su día por un directivo y un trabajador del Puerto tras el despido de uno de ellos por declarar en favor del otro en un proceso de reclamación de categoría laboral.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) apreció "indicios objetivos suficientes" para imputar al consejero por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia, y tras varios recursos del consejero rechazados, se han recibido ya los escritos de acusación de las partes y se ha acordado abrir juicio contra Del Olmo.
En su escrito, la Fiscalía imputa al consejero dos presuntos delitos de obstrucción a la justicia, uno de prevaricación, dos faltas de vejaciones y una falta de amenazas. Por todo ello, solicita que sea condenado a tres años de prisión y ocho de inhabilitación, así como al pago de varias multas por importe total de 15.750 euros. Además, propone que indemnice con 12.000 euros a cada uno de los dos trabajadores afectados.
A la acusación de la Fiscalía se suma la de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que se adhiere en todos sus términos al escrito del fiscal.
Por su parte, la acusación particular imputa al consejero un supuesto delito continuado de obstrucción a la justicia, junto con otro delito continuado de prevaricación por los que pide dos años y medio de prisión y ocho y medio de inhabilitación. En cuanto a las multas solicitadas por esta parte, suman 13.500 euros, y las indemnizaciones para los trabajadores que pide son también de 12.000 euros.
A la luz de estos escritos, el TSJC, además de acordar la apertura de juicio y trasladar las acusaciones a la defensa para que presente su escrito en el plazo de diez días, ordena al consejero que deposite en un plazo de 15 días una fianza de 35.000 euros para poder hacer frente, en su caso, a las responsabilidades que se podrían derivar del proceso en caso de ser condenado.
PREVARICACIÓN Y OBSTRUCCIÓN
La Sala de lo Civil y Penal del TSJC ya señaló en su día que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de obstrucción a la justicia "por represalias", en concurso con prevaricación.
Y es que, supuestamente, el consejero despidió a uno de los trabajadores de forma improcedente por declarar a favor del otro en un proceso de reclamación de categoría y empeoró las condiciones laborales de éste.
Además, las decisiones las tomó presuntamente el propio Del Olmo, pese a tratarse de decisiones que competían al Consejo de Administración del Puerto.
