La defensa de Roca expresa su conformidad con el delito de cohecho
GRANADA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Superior de Andalucía mantuvo hoy en sus conclusiones definitivas la petición de tres años de cárcel para el juez Francisco Javier de Urquía y el empresario Arnaud Fabrice Albouhair por cohecho y rebajó de tres a uno para el ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca por el mismo delito.
Así lo expuso hoy el teniente fiscal superior de Andalucía, Guillermo Sena, en la última sesión del juicio, que quedará esta tarde visto para sentencia, y en la que explicó que ha incluido algunas modificaciones al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales.
La primera de ellas incluye un matiz por el que se explicaría la rebaja de la pena de Juan Antonio Roca, que consiste en que fueron el juez y su amigo Fabrice quienes pidieron "expresamente" a Roca que ayudara a la compra de la casa que De Urquía quería adquirir.
De igual forma, Sena señaló que en el curso de la investigación y durante el transcurso de la vista oral ha quedado acreditado que Roca se comprometió a realizar un abono en metálico de 73.800 euros, según lo solicitado por los otros dos acusados.
De hecho, el propio Roca reconoció en la vista oral de ayer, que se celebra en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, que había entregado esa cantidad al juez, en dos sobres distintos, para la compra de la vivienda que pretendía adquirir en Azalea Beach, a cambio, según entendió él, de que le ayudara en asuntos judiciales pendientes, en relación con el programa de Cristóbal Toro que denunció.
Ese extremo fue ayer considerado "absolutamente falso" por De Urquía, que aludió a un posible pacto con la Fiscalía para un trato de favor, habida cuenta de que Roca había modificado todas sus declaraciones realizadas hasta entonces. El ex asesor de Urbanismo negó esta afirmación y haber recibido amenazas para autoinculparse como autor de un delito de cohecho.
Por ese delito, con el que la defensa de Roca expresó su conformidad, el fiscal pide para el ex asesor de urbanismo una multa de 73.800 euros e inhabilitación para empleo o cargo público y mantiene su petición por el de asesoramiento accidental o negociación prohibida una multa de nueve meses con una cuota diaria de 100 euros y suspensión de empleo a cargo publico por tiempo de dos años.
Para el juez solicita el Ministerio Público, además de los tres años por el delito de cohecho, 19 de inhabilitación para empleo o cargo público de juez o magistrado para De Urquía, suspendido de forma provisional, por la posible comisión de los delitos de prevaricación judicial, asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público, por los que pide también una multa de 213.000 euros.
Para Arnaud Fabrice mantiene la petición de otros tres años de cárcel por el delito de cohecho y una multa de 177.000 euros por el de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público, y nueve de suspensión de empleo o cargo público.
Las defensas han pedido la libre absolución de los tres acusados, salvo la de Roca, que, aunque ha mostrado su conformidad con el delito de cohecho, ha pedido la absolución del ex asesor de urbanismo por el de asesoramiento accidental o negociación prohibida.
En su escrito de conclusiones definitivas, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal señala que el 14 de marzo de 2006, la representación de Roca presentó en el juzgado de guardia de Marbella, el de Instrucción 2 de Marbella, del que era titular De Urquía, una denuncia contra Cristóbal Toro, titular de una emisora de televisión local, por la posible comisión de un delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen por la emisión del programa 'misión Imposible: Operación JAR', para el que solicitaba sus suspensión cautelar.
Al día siguiente, De Urquía incoó diligencias previas por un posible delito de injurias y calumnias con publicidad, distinto al inicialmente denunciado, y emitió un auto que ordenaba la inmediata suspensión de la redifusión del programa. Posteriormente, "sin que tuviera lugar la práctica de diligencia probatoria alguna" el acusado dictó un nuevo auto, en la misma mañana, y "advertido de oficio" el error de admitir a trámite la denuncia sin los requisitos procesales requeridos, se decretó la nulidad del anterior y el archivo de la causa.
Ante esta situación, conocedor Roca de que su amigo, Arnaud Fabrice, sostenía una "íntima relación de amistad con el juez encargado del asunto le pidió que utilizara su influencia para que pudiera beneficiar sus intereses".
Así, ha podido establecerse a lo largo de la instrucción sumarial que Arnaud mantuvo una conversación telefónica el día 15 de marzo de 2006 con Roca en la que le decía que había hablado "con su amigo", informándole éste de las distintas vicisitudes de una causa que De Urquía había incoado para la persecución de un delito diferente al que había sido denunciado inicialmente por Roca y por el que se ordenó la suspensión de redifusión de un programa alusivo a actividades desarrolladas por el entonces asesor de Urbanismo de Marbella.
Como Roca tenía "algunas dificultades" para entender a Arnaud, intervino en la conversación el propio juez, quien se encontraba junto a éste y era "plenamente consciente de que se dirigía al denunciante", indicándole la forma de subsanar los defectos apreciados.
Un día después, y conforme a esa conversación telefónica, De Urquía recibió una copia de la querella y dictó "con incumplimiento de las normas de reparto de asuntos penales (...) y con el ánimo de favorecer los intereses de Roca" un auto dictando la incoación de diligencias previas con el número que ya lo habían hecho antes. Cuando se produjo la detención de Roca por la operación 'Malaya' se decretó el inmediato archivo de la causa sin practicar diligencia o comprobación alguna.
Asimismo, según consta en la resolución fiscal, en los primeros meses de 2006, De Urquía decidió adquirir una vivienda unifamiliar en la urbanización Azalea Beach de Marbella "con la probable intención de ahorrarse el pago de la comisión de la Agencia Inmobiliaria". Así, puso en conocimiento de Arnaud su intención de adquirir el inmueble y ambos decidieron dirigirse a Roca para que les ayudara, "accediendo éste al ser consciente de la importancia que podía tener para su futuro contar con la ayuda de quien ejercía funciones como juez de Instrucción en la misma localidad y quien era, de forma notoria, un íntimo amigo suyo".
Así, durante el mes de marzo de 2006, los acusados Francisco De Urquía y Arnaud Fabrice decidieron comentar la necesidad de dinero del primero de ellos para adquirir la vivienda, pidiéndole "expresamente" a Juan Antonio Roca que lo ayudara en la entrega de alguna suma, a lo que éste accedió.
Siendo "plenamente consciente" Roca de quién era la persona que quería hacerse con el inmueble y ocultando su verdadera identidad, se hizo pasar por abogado del comprador y llevó a cabo las gestiones para cerrar el 'precio real' que era de 360.000 euros.
En el curso de la investigación judicial y en el desarrollo del juicio oral ha quedado acreditado, según el fiscal, que roca, conforme a la solicitud que le realizaran previamente los otros dos acusados, se comprometió a realizar un pago de 73.800 euros a los vendedores, y que en la mañana del 17 de marzo Arnaud Fabrice llevó el dinero y la carpeta con el contrato de compraventa al juez.
Ante la modificación del escrito de acusación del fiscal, las defensas han pedido un receso de la sesión de hoy para elaborar sus informes finales, que serán expuestos a partir de las 15.30 horas de hoy, cuando los acusados podrán ejercer su derecho a la última palabra, y el juicio quedará visto para sentencia.
