LÉRIDA 4 (EUROPA PRESS)
Un funcionario de la Delegación en GErona de la Dirección General de Puertos y Transportes de la Generalitat ha aceptado una pena de dos años de prisión, una multa de 4.500 euros y la inhabilitación del puesto de trabajo durante ocho años, lo que significa la pérdida del empleo, por aceptar sobornos de transportistas, según informó a Europa Press el abogado de dos hombres que hacían de intermediarios y que también estaban acusados.
Los dos intermediarios han reconocido los hechos. Uno ha aceptado una pena de un año y una multa de 900 euros y otro una pena de un año y una multa de 1.000 euros. Según el letrado, ninguno irá a la cárcel porque no tienen antecedentes.
El funcionario, a través de sus dos cómplices, ofrecía a los transportistas la posibilidad de romper las multas si ellos le pagaban una parte del importe en dinero negro. En la causa también estaba como imputado un transportista que accedió a pagar, un hombre de La Coruña, que aceptó una multa de 1.800 euros.
El fiscal pidió inicialmente para el funcionario cuatro años de cárcel, pero el lunes, dos días antes de la fecha del juicio, previsto para hoy, Fiscalía y abogados de los cuatro acusados llegaron a un acuerdo de conformidad.
Fue una empresa de Lérida a la que el funcionario se ofreció para ser sobornado la que denunció los hechos en el Juzgado de Cervera, circunstancia por la que el juicio se convocó en la Audiencia de Lleida.
