MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un auto del titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, fechado el pasado 31 de octubre, desestima la petición del viceconsejero de Transporte, Luis Armada, imputado en la trama del 'caso Guateque', de sobreseimiento de la causa instruida contra él, detalló hoy el Grupo Municipal Socialista tras tener conocimiento del documento jurídico.
Armada, ex gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid entre 1997 y 2003 y ahora en el Gobierno de Esperanza Aguirre, está siendo investigado por una denuncia formulada por Margarita Botija relacionada con unas obras supuestamente irregulares realizadas en una vivienda de Armada, situada en la calle de La Bola, número 9. Se da la circunstancia de que el viceconsejero es sobrino del solicitante de la licencia y tío de la técnico firmante del proyecto.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, aseveró que el auto habla de la "singular agilidad" de la tramitación y "sin agotamiento de los plazos establecidos en la Ordenanza Especial de Tramitación de Licencias y Control Urbanístico de 1997" aunque no detalla en cuanto tiempo se concedió. Lucas exigió tras conocer el auto, que es recurrible, responsabilidades al PP en relación a Armada, ya sea en forma de cese o dimisión. "No presumimos la culpabilidad de nadie pero si un juez ve indicios de delito el responsable político debería apartarse de sus funciones", manifestó.
EDIFICIO PROTEGIDO
El auto, al que tuvo acceso Europa Press, explica que la Gerencia de Urbanismo recibió el 30 de abril de 2001 -siendo Armada gerente de la misma_ una licencia para la rehabilitación, concepto que posteriormente fue sustituido por el de consolidación, en la planta sótano del número 9 de la calle La Bola, una solicitud que se acompañaba por un proyecto técnico firmado por la sobrina del ahora viceconsejero.
Los trabajos fueron debatidos en la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y de la Comisión de Protección de la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde se informó favorablemente sobre el proyecto. Posteriormente se emitió un dictamen favorable a la concesión de la licencia por el Jefe de la Sección de Licencias, Óscar Acero, también investigado dentro de la trama del 'Guateque'. Se da la circunstancia de que el edificio cuenta con protección especial al ser catalogado de recinto histórico de rango superior.
A pesar de que Armada declaró que no participó en las reuniones conjuntas entre Comunidad y Ayuntamiento, el juez señala en el auto que "de haber participado en ellas" podría haber incurrido en varios delitos por informar favorablemente a la concesión de una licencia que "le favorecía a él y a su familia", sin olvidar "la conculcación manifiesta del deber de abstención que le afectaba". Esos delitos, como señala el juez basándose en los indicios, podrían ser el relativo a presuntas negociaciones prohibidas a los funcionarios público así como otro sobre posible tráfico de influencias.
Por todo ello, el juez Torres deniega la solicitud de sobreseimiento, a pesar de la opinión contraria del fiscal, ya que "por ahora existen indicios que no aconsejan adoptar la decisión pretendida (por la defensa de Armada". Insiste en el auto en que "basta que no aparezca claramente descartada la existencia de la infracción para que el proceso deba continuar".
Lucas confirmó que la desestimación se refiere únicamente al caso de la calle La Bola ya que el viceconsejero Armada tiene otra licencia bajo sospecha, concretamente las otorgadas al Hotel Confortel, en la avenida Pío XII.
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
Tras conocer el auto, el portavoz socialista en el Ayuntamiento recordó que su Grupo siempre defendió la existencia de responsabilidades políticas en el 'caso Guateque' tanto por "la comisión de conductas delictivas como por la omisión de control en la concesión de licencias". Lucas recordó que por el momento son dos los políticos populares que han sido señalados por el juez Torres, ambos en calidad de imputados: Armada, por el Guateque, y el concejal-presidente de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, por una causa derivada de él, el 'caso Becara'.
También recordó la defensa abierta que responsables del PP, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, hicieron de Armada, de quien dijeron que por él "pondrían la mano en el fuego", como señaló el socialista. De hecho, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, llegó a acompañar al viceconsejero en su declaración en los juzgados de Plaza Castilla.
Por otro lado, el socialista reclamó la actuación de los populares porque las medidas anunciadas por el Ayuntamiento tras el final de la comisión municipal de investigación, destinadas a mejorar la tramitación de licencias, "aún no se han puesto en marcha casi un año después de que estallara el caso Guateque, con 19 juntas intervenidas por la Guardia Civil, 42 acusados y casi 300 expedientes intervenidos".
