La Policía se incauta de material informático que podría vincular a la organización ilegalizada con Askatasuna
MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido esta madrugada a ocho personas por su presunta relación con la nueva dirección de la ilegalizada Batasuna. Cuatro de los arrestos se han producido en Vizcaya, dos en Guipúzcoa y otros tantos en Alava, informaron a Europa Press fuentes de la investigación.
La Policía ha asestado así un nuevo golpe a Batasuna, avanzando además en la investigación de las candidaturas sospechosas de sucederla en las próximas elecciones vascas del 1 de marzo. Así, los agentes se han incautado en los 18 registros practicados de abundante material informático y documentación donde esperan encontrar vínculos de la organización ilegalizada con la plataforma Democracia 3 Millones y el partido Askatasuna.
Además de los registros de las viviendas de los ocho detenidos, la mayoría vinculados a Batasuna en el pasado o a listas ilegalizadas por ser sucesoras de la misma como Ekin, la Policía ha registrado un local utilizado por la organización AEK en Usurbil y otro almacén de Herri Aurrera en Bilbao, así como la sede de esta plataforma en la capital vizcaína. En Vitoria se ha registrado la sede de Gasteiz Izean, igualmente.
En Bilbao, ha sido detenida la portavoz de ANV en la capital vizcaína Arantza Urkanegi junto con Imanol Nieto Casanueva, quien figuró a sueldo del PCTV. También en Vizcaya han sido detenidos Iker Rodrigo Basterrechea en la localidad de Getxo y Elisabet Zubiaga San José en Lequeitio.
El resto de detenciones en Guipúzcoa corresponden a Hodei Egaña Díez Picazo, detenido en enero de 2003 acusado de formar un talde de kale borroka en San Sebastián al que se atribuían 40 ataques, y a Agurtzane Solaberrieta Mesa, arrestado en el término guipuzcoano de Usurbil. En Álava, fue detenido el que fuera miembro de la Mesa Nacional de Batasuna nombrada en 2001, Iñaki Angel Olalde Arana. En Vitoria también fue arrestada Rosario Amparo Las Heras Gainzarain, que ha ejercido de portavoz en los últimos días de D3M.
También se han producido registros en domicilios de personas que finalmente no han sido detenidas, como es el caso del 'histórico' dirigente de HB Tasio Erkicia, en Bilbao. En Navarra se han producido dos registros que no han ido acompañados de detenciones, correspondientes a los domicilios de Mariné Pueyo y Santiago Quiroga, que actúan como portavoces de la "izquierda abertzale" desde que ANV fuera ilegalizada y sus grupos municipales disueltos.
Pueyo y Quiroga resultaron elegidos en las últimas elecciones concejales de los ayuntamientos de Pamplona y Huarte, respectivamente, al lograr pasar sus listas los filtros judiciales, lo que no ocurrió, por ejemplo, con la lista presentada al Parlamento navarro por ANV. Además, Santiago Quiroga fue miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, según el sumario 35/2002 que se sigue a la Audiencia Nacional relativo a la ilegalización de Batasuna.
El origen de la investigación que culmina en la operación de hoy está en la primavera de 2008, cuando la Policía detectó movimientos de individuos pertenecientes al entorno político de ETA que tenían por objeto reconstruir la dirección de Batasuna, disuelta a través de distintos golpes policiales y decisiones judiciales en el último trimestre de 2007.
La organización terrorista ETA habría aprovechado la detención de la Mesa Nacional que protagonizó el proceso de diálogo con el Gobierno para situar al frente de Batasuna a individuos afines a la actual línea de de la dirección de la banda, contrarios a la negociación y partidarios de los atentados y el enfrentamiento total con el Estado. Aunque con perfiles diferentes, todos los detectados desde la primavera de 2008 tienen en común un pasado en distintas organizaciones del MLNV, algunos han sido detenidos por actos de 'kale borroka', y son, en su mayoría, menores de 40 años.
CLANDESTINIDAD.
Los investigadores encontraron en sus movimientos una actitud similar a la que utilizan los miembros de ETA en la clandestinidad. Los nuevos responsables de Batasuna han estado evitando en los últimos meses reuniones numerosas que demostrasen la existencia de un órgano directivo, como ocurrió con el cónclave celebrado la noche del 4 de octubre de 2007 en Segura (Guipúzcoa), en el que irrumpió la Policía deteniendo a 23 personas por orden del juez Baltasar Garzón.
Por ello, los agentes de las Brigadas de Información de la Policía en el País Vasco y Navarra junto con las Unidades de Intervención Policial y Policía Científica han tenido que seguir, desde que iniciaron su investigación hace más de nueve meses, reuniones en las que nunca acudían más de tres miembros, que luego hacían circular el contenido de las conversaciones y las decisiones adoptadas. Para estar a salvo de la acción policial y judicial, han adjudicado las comparecencias públicas a históricos dirigentes, entre ellos Tasio Erquicia, que sin embargo mostraban en privado su temor a pagar las "consecuencias" de aparecer como la 'cara' de Batasuna.
Ekin, la estructura política de ETA en España, ha estado desde el final de la tregua situando a los afines a la "línea dura" al frente de las distintas organizaciones de la izquierda abertzale, incluida Batasuna, aprovechando el vacío dejado por el encarcelamiento de la mayoría de dirigentes de esta formación, protagonistas del proceso frustrado de diálogo con el Gobierno. La maniobra de ETA pretende evitar una "brecha" entre ella misma, autodenominada la vanguardia de la izquierda abertzale, y el resto del entramado, en un momento en el que el apoyo de sus bases a la "lucha armada" ha disminuido considerablemente.
El operativo, en el que han participado más de 300 agentes según informa el Ministerio del Interior, ha estado dirigido por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y los Fiscales Vicente González Mota y Dolores Delgado, desplazados, junto a ocho funcionarios de dicho juzgado, hasta la sede de la Comisaría Provincial de Bilbao.
Los detenidos serán trasladados a Madrid para la instrucción de diligencias y su puesta a disposición judicial. La Policía Nacional trabaja ahora en el análisis del material intervenido.
