El ex director general de Promoción Industrial deberá ingresar en la cárcel tras decretar el juez detención judicial de 72 horas
PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, decretó hoy, tal como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, prisión provisional sin fianza para la ex-gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antonia Ordina y su esposa, Isabel Rosselló, tras imputarles los delitos de malversación, falsedad documental y defraudación a la administración en el marco de supuesta trama de corrupción en el CDEIB, gestada en la pasada legislatura y a través de la cual se podrían haber malversado hasta 5 millones de euros.
Asimismo, por los mismos delitos, decretó detención judicial de 72 horas, que se materializa con su ingreso en la cárcel, para el ex-director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, quien fue arrestado ayer por la Policía Nacional, debido a su implicación en esta trama.
De este modo, Ordinas, Rosselló y Viaene han sido trasladados a las 14.50 horas a la Prisión Provincial de Palma, aunque Viaene volverá a los juzgados en las próximas 72 horas para ser interrogado por el fiscal Anticorrupción y la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma, Piedad Marín, quien se encarga de este caso. Tras su declaración, la jueza decidirá si le deja en libertad con cargos o si ordena su ingreso en prisión, ante el riesgo de fuga y que pueda interferir en la investigación.
Viaene salió esposado de los Juzgados de Palma y fue introducido en un vehículo de la Policía Nacional, que le trasladó a la cárcel de la capital balear, mientras que Ordinas y Rosselló iban esposadas juntas y fueron conducidas a otro vehículo de la Policía. Ordinas, que salió sonriendo de los calabozos, aseguró a los medios de comunicación que, por el momento, no hace comentarios respecto a la decisión judicial, "pero los haré".
Por otro lado, Morell decretó libertad con cargos para el empresario publicista Joan Rosselló Borrás, administrador del 'Estudi Joan Rosselló SL' y de 'Fires Geremi SL, de 48 años; el empresario Jaime Julio Fernández Abad, administrador de 'Sayju 2005 SL' y 'Franco Galaica de Inversiones SL' y a la esposa de éste, Daniela B.N., tras imputarles los delitos de de malversación, falsedad documental y defraudación a la administración. No obstante, les ha retirado el pasaporte prohibiéndoles salir del país y les ha obligado a acudir a los juzgados cada vez que se les requiera.
Los seis detenidos fueron trasladados pasadas las 09.00 horas de esta mañana a los Juzgados de Vía Alemanya, en Palma, tras ser detenidos por su relación con la citada trama de corrupción en el CDEIB. Así, Ordinas, Rosselló y los dos empresarios fueron arrestados el pasado lunes, por lo que fueron puestos a disposición judicial tras agotarse las 72 horas por las que una persona puede permanecer detenida por la Policía Nacional. Por su parte, Daniela B.N fue arrestada el pasado martes, mientras que Viaene fue detenido ayer.
ORDINAS Y SU ESPOSA SE NIEGAN A DECLARAR
Durante los interrogatorios, sólo Ordinas y su esposa se han acogido a su derecho a no declarar por "cautela", según explicó su abogado, Eduardo Valdivia, quien argumentó que "han optado a acogerse a este derecho porque desconocen las versiones del resto de imputados e ignoran las diligencias que se han llevado a cabo, al haberse decretado el secreto de sumario".
Pese a ello, el letrado de dos de las principales implicadas en la supuesta trama de corrupción confió, antes de conocer la decisión judicial, en que el magistrado, Enrique Morell, declarase la libertad para sus clientas, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba prisión para ellas.
Así, estimó que la decisión de sus clientas de acogerse al derecho constitucional a no declarar es una "cautela razonable" y, por ello, consideró "impensable" que el magistrado motivase la prisión de Ordinas y Rosselló en su negativa a declarar. De este modo, avanzó que "de momento, y hasta que no se levante el secreto sumarial" no declararán. Por otra parte, desveló que pese a que están privadas de libertad, sus defendidas están "muy bien y tranquilas", si bien realizó estas declaraciones antes de conocerse su ingreso en prisión.
Kurt Viaene fue detenido ayer y está relacionado con el cobro de comisiones que exigía Ordinas. En cambio, la ex gerente del CDEIB y su mujer y administradora única de 'Gabinete Alays SL, Isabel Rosselló, así como los otros tres arrestados, a excepción de Daniela B.N. habían agotado el plazo de 72 horas que fija la Ley para tener arrestada a una persona en los calabozos de la Policía Nacional antes de que pase a disposición judicial.
Todos los detenidos llegaron a los Juzgados de Via Alemania esposados y excepto los dos empresarios, nadie se tapó la cara. La primera en llegar fue Ordinas, a las 09.07 minutos, quien, tras ser preguntada por los periodistas, aseguró que "no voy a hacer ninguna declaración a los medios por el momento, pero las haré". La última en llegar fue su mujer, Isabel Rosselló, a las 09.40 horas.
SIETE PERSONAS MÁS IMPUTADAS
Además de las seis personas que declararon esta mañana, hay siete imputados más en relación a esta operación, denominada Scala, y desarrollada en colaboración con la Agencia Tributaria de Baleares y los funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica.
Así, también fueron detenidos y puestos en libertad con cargos Crescencia. M. C., administradora de 'Fires Geremi SL' y apoderada de 'Estudi Joan Rosselló', de 48 años; Felipe Bravo., de 36 años, administrador de la empresa 'Gourmet and Boutique Islands SL' y con relación en "Comarca Global Consulting'; Juan J.V.J., empresario de 'Divulgalia SL' y 'Quid Grafic SL', de 46 años; María V.G.M., administradora de 'Taller Gráfic 3,1,SL', de 45 años de edad; y los empresarios Mateu M.R, Francisco M.C. y Manuel S.V.
Se trata de una nueva operación contra la corrupción en Baleares relacionada con la gestión del PP en la pasada legislatura, bajo la máxima dirección de Jaume Matas. Concretamente, el Ministerio Fiscal investiga si Ordinas podría haber cometido los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos por valor de 5 millones de euros, al haber beneficiado con dinero público y sin concurso previo a personas y empresas allegadas que trabajaron para el Consorcio, entre la que se encontraría su propia mujer, a la que contrató en diversas ocasiones para que ofreciera conciertos en el extranjero.
La Fiscalía Anticorrupción lleva semanas investigando toda la documentación existente, facilitada en gran parte por la actual Conselleria de Comercio, de la que depende el CDEIB, que pueda arrojar luz sobre la supuesta trama de corrupción urdida por Ordinas durante la época de Matas, y que el actual Ejecutivo autonómico, liderado por el socialista Francesc Antich, detectó y denunció a la Fiscalía Anticorrupción.
El operativo fue dirigido por la jueza de instrucción 4 de Palma, Piedad Marin, y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach. Durante los últimos días, se realizaron varios registros en los inmuebles de los sospechosos, entre los que se encontraban el de Ordinas y Rosselló. Esta última figura como la titular de una empresa -Gabinete Alays S.L-, a la que Ordinas adjudicó, vía el CDEIB, informes por valor de 86.000 euros.
La Fiscalía abrió diligencias a raíz de una denuncia interpuesta por el actual Govern, que detectó anomalías en la justificación de las cuentas del Consorcio. El Ejecutivo pidió a Ordinas y al entonces director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, que hicieran efectivo las cuantías que adeudaban. Viaene devolvió el dinero, pero Ordinas siempre se negó en rotundo asegurando que se trataba de partidas necesarias para pagar las elevadas dietas.
(EUROPA PRESS BALEARES)
