Más de 2.700 mujeres abortaron en las clínicas investigadas durante 2007
BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los dos psiquiatras que trabajaban para las clínicas de Barcelona investigadas por realizar abortos ilegales no visitaban a las mujeres que querían interrumpir su embarazo. Los especialistas sólo extendían informes en los que justificaban que existía un grave peligro para la salud de la embarazada, según el auto judicial.
Estas son dos de las principales acusaciones que la juez que lleva el caso hace constar en su auto de levantamiento del secreto del sumario sobre las clínicas TCB y Ginemedex, del ginecólogo Carlos Morín.
La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, sólo mantiene el secreto sobre la identidad o intimidad de las 2.780 mujeres que en 2007 abortaron en estas clínicas barcelonesas.
Tras terminar los interrogatorios de las mujeres, en calidad de imputadas para que pudieran recibir asesoramiento jurídico, ante la Guardia Civil y la juez, Castelló ha considerado que ya se ha terminado la investigación policial y el examen del numeroso material intervenido.
"Vista la ingente cantidad de historias clínicas pendientes de examinar, no se estima necesario mantener por más tiempo la medida del secreto de la causa", explica el auto, ya que la finalidad principal era preservar la identidad e intimidad de las afectadas. Por ello, ahora mantiene sólo el secreto sobre este aspecto, pero no sobre el resto de la investigación.
En su auto, la magistrada asegura que "se pudo verificar la veracidad" de las sospechas de la Guardia Civil después de intervenir los teléfonos de los sospechosos, analizar el material incautado e interrogar a las mujeres afectadas.
"NI EL MÁS SOMERO EXAMEN PSICOLÓGICO".
Las mujeres corroboraron ante la Guardia Civil que "el aborto les era practicado sin más requisitos que su mera solicitud, sin que siquiera fueran sometidas al más somero examen psicológico por parte de ninguno de los dos psiquiatras", Fernando Javier C.V. y Pascual Javier R.M..
Estos facultativos fueron contratados por el doctor Morín, según la juez, "para que extendieran informes psiquiátricos con los que dar cobertura y apariencia de legalidad a su actividad abortiva, aparentando simplemente" que se hallaban en el primer supuesto de la ley del aborto que permite la interrupción del embarazo siempre que "sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto".
El mismo artículo, determina que "en caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso".
Las mujeres confirmaron ante la juez y la Fiscalía que "no habían sido visitadas por psiquiatra alguno, y ni siquiera informadas de la necesidad de someterse a examen psiquiátrico". Además, dijeron que creían actuar "bajo la legalidad vigente, al haber acudido a una clínica reconocida oficialmente" para la práctica de abortos.
"NINGUNA ACUSACIÓN DIRECTA" A MORÍN.
En declaraciones a Europa Press, el abogado de Morín, Francesc Campà, dijo no tener todavía el sumario, aunque considera que el auto no incluye "ninguna acusación directa" contra su cliente, si no es como "director médico" de las clínicas. Según él, esto demuestra que Morín "no tendría que haber estado en prisión".
Por su parte, el abogado del único imputado todavía en prisión, el psiquiatra Pascual Javier R.M., Juan Antequera, explicó que de los más de 30 expedientes que la juez mostró a su cliente durante el interrogatorio firmados por él, ninguno estaba incompleto.
