Morales se siente "juzgado, condenado y sepultado por los medios de comunicación y ciertos personajes"
MURCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que comenzó el pasado lunes, obligó hoy a suspender la declaración del diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional y ex-alcalde de Totana, Juan Morales, ante el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, Julián Pérez Templado, para declarar sobre su posible relación con el caso 'Tótem'.
De este modo, Morales, quien llegó al TSJ sobre las 9.30 horas acompañado de su abogado, José María Caballero, no volverá a ser citado hasta que no acabe esta huelga indefinida, iniciada en toda España para protestar por la discriminación salarial a la que está expuesto este colectivo con respecto al resto de trabajadores destinados a las regiones que sí cuentan con esta disciplina transferida.
Así, el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJRM, Julián Pérez Templado, el fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, y la defensa de Juan Morales consideraron conveniente la suspensión de la declaración prevista para hoy para procurar que el acto se desarrolle con normalidad, indicaron fuentes del TSJ.
Morales llegó a los juzgados sobre las 9.30 horas y se mostró "tranquilo" y "confiando en la Justicia", pero se encontró con los piquetes de los funcionarios en huelga, quienes explicaron que "esta toma de declaración no se encuentra dentro de los servicios mínimos" por lo que intentaron pararla.
En este sentido, el delegado de Personal de CSI-CSIF en la Junta de Personal Federico Morell contó que esta toma de declaración no se podría realizar porque no estaba dentro de los servicios mínimos.
Estos servicios mínimos establecen que en la Sala de lo Civil y lo Penal se tienen que celebrar las vistas y las tomas de declaración en aquellas causas con preso, es decir, que el imputado esté en la cárcel, apuntó Morell.
"Como no había funcionario en esa Sala lo han traído de otra", criticó Morell, quien aseguró que si finalmente se llevara a cabo esta toma de declaración lo denunciarían.
Los representantes sindicales se reunieron con el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, Julián Pérez Templado, para hacerle llegar su protesta y éste, el fiscal superior de la Comunidad Autónoma y la defensa de Juan Morales consideraron conveniente, sobre las 10.00 horas, la suspensión de la declaración prevista para hoy.
El delegado sindical de CCOO, Andrés Aguilera, explicó que varios representantes sindicales habían hablado con el magistrado instructor y le exigieron que suspendieran la toma de declaración puesto que no estaba contemplado como servicios mínimos. Al final el tribunal aceptó la propuesta de suspensión de los sindicatos y aseguró que no se va a volver a citar cuando acabe la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia.
A su salida, Morales se mostró "absolutamente respetuoso" con "un derecho fundamental como es el de huelga, con la Justicia y con la legislación" y relató que los funcionarios en huelga les habían comentado que ese derecho se vulneraría si se le tomara declaración, por lo que aceptaron esta suspensión, a pesar de que Morales estaba "absolutamente aliviado" de poder explicarse hoy en los juzgados, después de dos meses y medio.
Asimismo, recordó que el pasado 29 de noviembre presentó un escrito en el TSJRM en el que se decía que éste era el órgano judicial que le tenía que tomar declaración, aunque no es hasta ahora que se le ha citado.
"JUZGADO, CONDENADO Y SEPULTADO".
No obstante, se quejó de que ya ha sido "juzgado, condenado y sepultado por los medios de comunicación y ciertos personajes" pero "es ahora cuando acudo por primera vez ante la Justicia, que es a quien le corresponde juzgarme" y pidió respeto hacia su persona y su intimidad.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Región de Murcia asumió la competencia para conocer el asunto en relación a Morales, aforado, en el marco de las investigación de la 'Operación Tótem', al entender que había "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el diputado, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".
La Sala está compuesta por los magistrados Juan Martínez Moya, que es el presidente, así como Manuel Abadía y Enrique Quiñonero, y el instructor de la causa es el magistrado Pérez Templado.
La juez que instruye el caso 'Tótem' investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
En total, son 13 las personas detenidas desde el pasado día 26 de noviembre en el transcurso de la Operación 'Tótem', de los que sólo estaba en prisión el alcalde, José Martínez Andreo, que ya está en libertad bajo fianza de 70.000 euros desde el pasado viernes.
