PALMA DE MALLORCA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ex conseller ejecutivo de Territorio del Consell de Mallorca y actual diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens, negó hoy ante el tribunal que le juzga por una pieza separada del caso Son Oms que a principios de 2007 encargase un informe sobre el suelo a su asesor fiscal, Tomás Martín, "por amistad o por haberme proporcionado facturas falsas", dirigidas a maquillar las comisiones obtenidas de la recalificación del polígono palmesano, al defender que "no tenía por qué darle ningún presente ni un plus como agradecimiento".
"Se lo pedí a él por cercanía, fue el que se me ocurrió en ese momento", espetó el acusado durante el juicio que se está celebrando en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos que se le imputan a raíz del pago de 12.020 euros de la Institución Insular a cambio de un informe presuntamente plagiado sobre el suelo. También se sientan en el banquillo de los acusados el ex secretario general de UM, Damià Nicolau, y Tomás Martín.
Según dijo a preguntas del fiscal Juan Carrau, fue él que sugirió el informe a Nicolau y tras recalcar que fue idea suya encargar estudio a Martín, con la pretensión de tener un soporte y un fundamento "para adoptar futuras medidas cautelares que se contemplaban dictar en previsión a la adaptación del Plan Territorial de Mallorca (PTM) de los municipios.
Entre estas medidas mencionó la suspensión de licencias en determinados ayuntamientos como Porreres o Montuïri en los que había escasez de suelo, "lo que provocaba un aumento desmesurado de las viviendas"; o la posibilidad de sacar a concurso suelo que no fuese urbanizable para levantar viviendas de menor coste en otros pueblos alejados de Palma con suelo programado y "mucha presión demográfica".
Sobre la información contenida en el informe, aseveró no saber si desde su departamento se le facilitaron a Tomás Martín 'links' o páginas web de donde obtener el contenido, ya que "desconocía la existencia de éstas", mientras que negó haber recabado datos oficiales del Ministerio de Vivienda o del Govern sobre el valor del suelo previamente a la elaboración del estudio, ya que estos departamentos "no tienen datos sobe el valor del suelo sino sobre viviendas".
Sin embargo, Vicens, quien se encuentra imputado tanto en el caso Son Oms como en el de Can Domenge y el que investiga los presuntos 'pelotazos' millonarios en torno al PTM, aseveró que el objetivo del encargo hacía referencia a cuestiones jurídicas que no explicó a Martín al encargarle el informe, a quien tampoco comentó sobre las repercusiones del PTM, aunque sí "en general" sobre el suelo de los municipios de la isla.
Tal y como aseveró el diputado, asistido por Eduardo Valdivia, no se preguntó a Martín si estaba preparado para llevar a cabo el encargo ya que "entendía que su curriculum como asesor fiscal era bueno y lo que le pedía no era una valoración urbvanística sino datos económicos sobre el suelo". "Le di la directriz general", enfatizó el acusado, quien aseveró que "confiaba en que estuviera preparado por tener más de veinte años de experiencia".
"NO LE PEDÍ UN ANÁLISIS MUY COMPLICADO"
"No se le pedía un análisis muy complicado", incidió Vicens al respecto, quien, preguntado por el fiscal sobre por qué no pidió el informe a un departamento específico como el de carreteras o el de territorio, respondió que "no había arquitectos o economistas" y en el caso del último departamento "estaban muy saturados de trabajo".
Sobre el estudio encargado, explicó que "lo que interesaban eran datos concretos" y sobre todo comparar la isla con otras Comunidades Autónomas. Esto hizo que Carrau le inquiriese sobre por qué no figuran Ibiza y Menorca en el estudio a lo que el acusado manifestó que "Mallorca es el 85 por ciento de Baleares".
Vicens, quien el 11 de noviembre de 2008 eludió su ingreso en prisión tras abonar una fianza de 100.000 euros que el juez le impuso en el marco del caso Son Oms, explicó que el informe lo comentó con Nicolau ya que podía ser útil promocionar las medidas cautelares planteadas, y creyó recordar que ningún otro técnico de la Conselleria lo leyó, ya que el estudio no iba dirigido a "preparar esas medidas sino como medio jurídico y para fundamentar a medios de comunicación", añadió el acusado.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicita la pena de 4 años y seis meses de cárcel para Vicens por sendos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa dentro de esta pieza separada del caso Son Oms, que apunta a que Vicens creó una sociedad, Metalumba, en septiembre de 2002, siendo 'número dos' de UM, mediante la que cobró 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono, aprobada por el Consell de Mallorca en 1999.
