El abogado del alcalde niega que se produjese "una connivencia" entre los acusados para beneficiar a cuatro empresas ligadas al ex concejal
PALMA DE MALLORCA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra el alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, el ex concejal de Agrupación Social Independiente (ASI) en el municipio, Joaquín Rabasco, y la ex secretaria del partido, María del Amor Aldao, por presunto delito de fraude con fondos públicos, quedó hoy visto para sentencia tras la exposición de los informes orales de las partes y después de siete años de instrucción del caso.
De este modo, el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma dictará sentencia dentro de unas semanas y deberá pronunciarse en torno a las peticiones de defensa y fiscalía, que reclama 18 años de prisión para Rabasco por los delitos de negociaciones prohibidas, cohecho, fraude a la administración, alzamiento de bienes y malversación, mientras que para Aldao se piden 15 años de cárcel por las mismas faltas. Por su parte, Tomàs se enfrenta a ocho años por negociaciones prohibidas, fraude y malversación.
Mientras tanto, los abogados defensores piden la absolución de sus clientes aunque, en el caso del letrado del ex edil, Ramón Riutort, señaló como alternativa a la absolución de Rabasco una pena por tráfico de influencias -el pago de seis euros diarios durante ocho meses-. Durante la sesión llevada a cabo hoy, que se extendió por espacio de cuatro horas, la Fiscalía reiteró las responsabilidades que pesan sobre los tres procesados mientras que la defensa criticó que el Ministerio público "falte a la verdad" en sus acusaciones.
En la jornada de esta mañana, el abogado de Tomàs, Rafael Perera, negó que entre 1999 y 2002 se produjese "una connivencia y un concierto" entre los acusados para dar vía libre al envío de más de un millón de euros (en concreto, 1.064.465 euros) de las arcas municipales a cuatro empresas ligadas a Rabasco -Majo Sport, Tenedi Ambiente, Rodema Swin y Retsar Music- y constituidas por la ex secretaria de ASI y amiga personal del ex regidor.
Así, tras finalizar la sesión, Perera expresó su confianza, en declaraciones a los medios, en que la sentencia sea absolutoria ya que "no hay nada probado" en torno a las irregularidades investigadas. En esta línea, en el transcurso del juicio afirmó que Tomàs es "totalmente inocente y las tesis del fiscal están fundamentadas en presupuestos sin virtualidad dirigidos a destruir la presunción de inocencia del alcalde", además de negar que Tomàs haya pretendido "escaquearse" escudándose en los técnicos encargados de vigilar el cumplimiento de los contratos con las cuatro sociedades.
"Está seguro de su honestidad", incidió Perera respecto a su cliente, al tiempo que subrayó que, para llevar a cabo las operaciones denunciadas, "se necesitaría de la ayuda de otras personas del engranaje municipal". También apuntó a la inexistencia de pruebas directas que demuestren que Tomàs conocía las relaciones de Rabasco con Aldao. "Ningún documento ni grabación telefónica, sólo la declaración del ex miembro de ASI, Eduardo Jaime Connolly", quien en su declaración del pasado 2 de septiembre, "despechado y sin ninguna fiabilidad", aludió a la relación de ambos "tanto de trabajo como personal y de pareja".
En cuanto al nombramiento de Rabasco como concejal, enfatizó que éste respondía, "ciertamente, a un pacto político admitido en el juego democrático, pero nada más allá". Durante la exposición de sus conclusiones, aludió a varios "contraindicios", entre los que destacó que Tomàs no fuera mencionado en la denuncia que dio paso a la incoación de la causa, y el hecho de que si el primer edil hubiera pretendido hacer "la vista gorda" con las contrataciones, "se hubiese reservado el área de festejos para tener mayor maniobrabilidad".
RELACIÓN DE RABASCO, TOMÀS Y ALDAO
Previamente, el fiscal Juan Carrau repasó los delitos por los que están acusados Rabasco, Tomàs y Aldao, y manifestó que está "claramente documentada" la relación del ex concejal con las sociedades, "fuera de las normas que regulan la contratación pública". Asimismo, se refirió al fraude a la administración cometido al evitar el sistema legal de licitación, y remarcó que Aldao creó las sociedades a propósito para lucrarse durante esos años, sin que haya vuelto a ser empresaria de espectáculos.
Respecto a Rabasco, le acusó también de buscar los domicilios sociales de las empresas, además de recriminar su capacidad de influencia sobre el alcalde y eludir la concurrencia de otras empresas a la contratación de festejos. Al mismo tiempo, reprochó que Tomàs acordase la licitación de los actos sin que previamente hubiera retención de crédito, recordando que una de las cantidades que la sociedad Retsar Music recibió del Ayuntamiento -6.078.000 pesetas- por decreto y en fecha 6 de agosto de 2001, se llevó a cabo sin procedimiento previo pese a que la Ley no lo permitía.
Tras mencionar, entre otros casos, la duplicidad de facturas en la contratación de Los Cucas y Abigail, Carrau aseveró que de los más de un millón de euros asignados a las cuatro sociedades, sólo 400.000 fueron pagados a los proveedores con el objetivo de "obtener un beneficio ilícito a base de hinchar el precio y lucrarse de forma escandalosa". Por último, recriminó las conductas tendentes a "declararse insolventes y eludir así responsabilidades", en relación a la actuación de los tres procesados.
"ESTRATEGIA DE CONFUSIÓN DE LA FISCALÍA"
Por su parte, el abogado de Aldao, Eduardo Valdivia, criticó la "absoluta estrategia de confusión" tramada por la Fiscalía y lamentó que "falte a la verdad". Entre otras cuestiones, negó que se produjese cohecho, ya que se cumplieron las normas del Código Civil y Aldao "devolvió el dinero que previamente había salido de las cuentas del hijo de Rabasco". También refutó que se hiciera uso de información privilegiada, lo que consideró una "barbaridad", en respuesta a la acusación de la Fiscalía de que los contratos se llevaban a cabo meses antes de que se programasen.
Por último, el letrado defensor de Rabasco, Ramón Riutort, hizo alusión a una falta de pruebas en torno a un "pacto de voluntades y de carácter interesadísimo" entre el ex edil y Tomàs. En estas circunstancias, reclamó la absolución de Rabasco o, como alternativa, el pago de 6 euros diarios durante ocho meses, debido a su "incapacidad económica por no haber podido intervenir posteriormente en ningún negocio, además de haberle sido embargados todos sus bienes".
La trama por la que están acusados Rabasco, Tomàs y Aldao, denunciada en 2001 por el entonces regidor del PSOE en Llucmajor, Juan José Maestre, arrancó en 1999, cuando Aldao constituyó la sociedad Majo Sport y nombró a Rabasco -que entonces ya era concejal en Llucmajor- como apoderado de la misma, consciente de la incompatibilidad de este cargo con el que ejercía en el Ayuntamiento (desde 1987) junto con el de segundo teniente de alcalde y alcalde pedáneo de S'Arenal (ambos desde 1999).
En concreto, la sociedad Tenedi Ambiente, que carecía al igual que las demás empresas de toda experiencia en el sector del comercio, contrató servicios del Ayuntamiento por valor de 254.339 euros, mientras que Rodema Swin facturó 33.114 euros y y Retsar Music, 662.223 euros. Según el escrito de acusación, aunque los técnicos municipales advertían a Tomàs de la ilegalidad de las facturas y contratos, éste dictó numerosas resoluciones y edictos dirigidos a beneficiar a las sociedades de Aldao pese a suponer el perjuicio económico del Consistorio.
