Fuentes de la Audiencia creen que la responsabilidad civil podría estar prescrita, transcurridos 15 años desde que la condena es firme.
MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que decrete el embargo de las cuentas bancarias y de los bienes inmuebles que puedan estar a nombre de Cándido Azpiazu, condenado en noviembre de 1981 a 49 años de cárcel por haber asesinado en nombre de ETA al empresario Ramón Baglietto, para que haga frente a la responsabilidad civil por valor de 12,6 millones de pesetas que se le impuso en la citada sentencia y que nunca pagó al ser declarado insolvente.
Fuentes fiscales indicaron hoy que la petición fiscal se produjo el pasado 5 de diciembre, después de que se hiciera público que Azpiazu había adquirido un local para abrir una cristalería en los bajos de la vivienda de la viuda de Baglietto, la concejal del PP por Azkoitia (Guipúzcoa) Pilar Elías.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aún no ha resuelto nada sobre la petición fiscal, consistente en que el tribunal sentenciador solicite al Registro de la Propiedad información sobre los inmuebles que puedan pertenecerle y, en concreto, si está a su nombre la cristalería abierta debajo de la vivienda de la viuda de su víctima.
Una vez confirmada la propiedad de Azpiazu, la Fiscalía quiere que el tribunal decrete el embargo de los bienes, así como de las cuentas bancarias que pueda tener abiertas en la entidad financiera que le concedió el crédito con el que adquirió el citado negocio.
POSIBLE PRESCRIPCIÓN.
No obstante, fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que probablemente la responsabilidad civil de Azpiazu haya prescrito por haber transcurrido más de 15 años desde que la sentencia que le condenó en noviembre de 1981 se declaró firme, aunque hay un sector de la carrera judicial que considera que dicho periodo de tiempo empieza a contar a partir de que el reo abandone la prisión. Aplicando esta segunda teoría, más desfavorable para el penado, la responsabilidad de Azpiazu no habría prescrito.
En cualquier caso, dichas fuentes indicaron que la Sección Primera de lo Penal solicitó de oficio (independientemente de la petición fiscal) al archivo judicial de Alcalá de Henares (Madrid) el expediente de responsabilidad civil de Azpiazu. Este documento aún no ha llegado, pero lo que sí se encontraba en la Audiencia Nacional era la pieza de ejecución de la condena impuesta en la que incluso podría constar como archivada la responsabilidad civil del condenado por pertenecer a ETA.
A pesar de que también se condenó por el asesinato de Baglietto a José Ignacio Zuazolazigorraga, la Fiscalía sólo ha solicitado de momento actuar contra Azpiazu. Según Pilar Elías, Zuazolazigorraga podría haber abierto un restaurante en la carretera de Tolosa.
MEDIDAS DE ALEJAMIENTO.
El que Azpiazu abriera una cristalería debajo de la vivienda de la edil Pilar Elías también motivó que el alto comisionado de Apoyo a las Víctimas, Gregorio Peces-Barba, pidiera a los fiscales que solicitaran también, además de penas de prisión, que se decretaran medidas de alejamiento de sus víctimas. La semana pasada la Audiencia Nacional impuso por primera vez esta medida a Diego López de Arcaute, uno de los asesinos del parlamentario socialista Fernando Buesa.
Ramón Baglietto salvó la vida de Azpiazu cuando era niño, al rescatarlo de los brazos de su madre, quien fue atropellada por un camión junto con otro de sus hijos. 18 años más tarde, Azpiazu asesinó a Baglietto. La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional le condenó a 49 años y dos meses de cárcel, aunque salió de prisión en 1995 al serle aplicadas las redencias de condena previstas en el Código Penal de 1973, vigente cuando cometió el crimen.
