FERROL, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Cabanas, Modesta Anca (PSdeG), no podrá concurrir a las municipales del próximo año tras haber sido condenada a ocho años de inhabilitación y a pagar una multa de 5.400 euros por un delito contra la ordenación del territorio, según la sentencia de la sala de lo Penal número 1 de Ferrol emitida hoy.
Por su parte, al aparejador municipal sustituto, José Juan Rivera González, le fueron dictados los mismos términos; mientas que a los funcionarios públicos les impusieron 18 meses de inhabilitación y una multa de 5.400 euros por delito continuado de negociación y actividades prohibidas.
En el caso del resto de los concejales, Jesús Freire, José Casimiro Rey, Luciano José Díaz y María José Cabana, también socialista, la sentencia recoge la "nulidad", puesto que fueron imputados con el procedimiento abierto y se pudo haber incurrido en "indefensión".
Por su parte, la regidora rechazó pronunciarse sobre la sentencia y, en declaraciones a Europa Press, aclaró que "lo tendrá que hacer el abogado", si bien insistió en su inocencia hasta que haya una sentencia en firme. "No soy culpable", dijo.
Al respecto, su abogado, José Ignacio Santaló Junquera, confirmó que recurrirá, mientras que la acusación particular, ejercida por Salgado Cortizas, ex portavoz de Iniciativa Vecinal Cabanesa, y representada por el letrado Bustabad Ferreiro, estudiará hoy mismo si pide que se continúe el proceso para el resto de los ediles imputados "porque no están absueltos".
Además, aseguró a Europa Press que la sentencia es "muy buena", aunque admitió que "se esperaba más". Así, declaró que aunque la alcaldesa recurra, según el veredicto, "hoy es una delincuente y tiene antecedentes penales".
HECHOS
Los hechos se remontan al 27 de octubre de 1999, cuando se aprobó en pleno el estudio de detalle de una urbanización situada en las inmediaciones de la playa de A Magdalena y colindante con la vía del ferrocarril.
No obstante, ya en 1994, Prominfer SL, con un proyecto del arquitecto Jesús Ángel Fernández Muiños, había solicitado licencia para la construcción de 13 viviendas adosadas en San Martín do Porto. A pesar de que las viviendas se construyeron y ocuparon, en 1998, la aparejadora municipal, Elisa Baamonde, emitió informe desfavorable a la tramitación de otra urbanización de dos viviendas más en la misma zona por considerar que el proyecto "carecía de estudio de detalle".
El proyecto fue autorizado por el imputado Rivera González, días más tarde, cuando fue contratado --por decreto-- durante el mes de agosto para cubrir las vacaciones de Baamonde. Por entonces, Rivera González trabajaba como aparejador en el ayuntamiento de Ares y constaba como administrador solidario en la empresa Capitel Consulting SL.
Esta empresa, dedicada al estudio, confección y dirección de proyectos de arquitectura desde 1988, estaba participada por Isolina Castro Carnero, casada en régimen de gananciales con José Juan Rivera, el arquitecto Jesús Ángel Fernández Muiños -redactor del proyecto de Prominfer-- y un tercero.
PETICIÓN DE CONDENA
El juicio quedó visto para sentencia el pasado 19 de junio y, en él, la fiscal mantuvo su petición de condena "al considerar los hechos probados" y atribuyó a la alcaldesa un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación por el que reclamó una inhabilitación especial para empleo o cargo público en las corporaciones locales durante nueve años y 20 meses de multa a razón de 20 euros de cuota diaria, con responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.
Además, para los concejales Jesús Freire Torrente, José Casimiro Rey García, Luciano José Díaz Martínez y María José Cabana Rodríguez solicitó penas de inhabilitación especial para cargo público en las corporaciones locales durante ocho años y multas de 14 meses a una cuota diaria de 20 euros.
Por su parte, el Ministerio Público pidió por el delito contra la ordenación del territorio de José Juan Rivera González una inhabilitación especial para empleo y cargo público de arquitecto técnico o aparejador al servicio de las administraciones públicas durante nueve años y 20 meses de multa, a razón de 20 euros por día con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.
Mientras, por el delito continuado de negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, se le interesaba 20 meses de multa así como inhabilitación durante tres años o 11 meses de multa y suspensión de empleo o cargo público de arquitecto técnico o aparejador durante tres meses.
Por su parte, la defensa pedía la absolución y el pago de las costas judiciales por parte de la acusación particular, al alegar que se trata de "cuestiones de interpretación" y que no existe "dolo" en la contratación de Rivera González, pues "no se movía por intereses privados" porque si no, hubiera ocultado su participación en la sociedad, Capitel Consulting SL.
REPERCUSIONES
La inhabilitación de la alcaldesa socialista abrió el relevo al frente de las listas del PSdeG a la Alcaldía de Cabanas en las próximas elecciones municipales. No obstante, el secretario comarcal del PSdeG, Iván Puentes, manifestó su "respeto a las decisiones judiciales" y mantuvo la "presunción de inocencia hasta que haya una sentencia en firme".
En consecuencia, informó de que la decisión tendrá que ser analizada en el seno del partido y recordó que hasta el próximo 28 de enero no se decidirá al candidato que aspirará a revalidar el bastón de mando en los comicios de mayo de 2007.
