MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha condenado al ex dirigente etarra Juan Antonio Olarra Guridi a 35 años de prisión por el intento de asesinato el 19 de julio de 2000 del diputado socialista José Luis Asenjo en Málaga, mediante la colocación de un artefacto explosivo en los bajos de su coche que no llegó a explosionar al fallar el sistema de iniciación de la bomba.
La Sección Segunda de lo Penal condena a Olarra Guridi, que fue extraditado el pasado noviembre por Francia para ser juzgado por varios procedimientos que tiene pendientes, por un delito de atentado terrorista, en grado de tentativa, y otros dos por homicidios terroristas intentados. Además, le impone una indemnización de 18.031 euros que deberá pagar al diputado.
El tribunal considera probado que el ex jefe militar de ETA, que entonces integraba el "comando Andalucía" de ETA, transmitió instrucciones puntuales a sus compañeros de grupo para acabar con la vida de Asenjo, que por aquellas fechas era vicesecretario general del PSOE en Andalucía.
Los terroristas colocaron en la madrugada del 19 de julio de 2000 un artefacto explosivo en los bajos de su vehículo, que estaba estacionado en las inmediaciones de su domicilio. Ese día, Asenjo, su mujer y su hija subieron al coche y, tras recorrer escasos metros, explosionó el detonador y se desprendió de la carrocería el resto del artefacto. Por ello, el proceso de iniciación fallo y la carga explosiva no llegó a explosionar.
PRUEBAS CONTRA OLARRA.
La Sala tiene en cuenta como principal prueba de cargo la declaración policial prestada por el ya condenado Jon Igor Solana, en la que relató cómo el ex dirigente etarra les propuso integrarse en un talde para operar en Andalucía durante la campaña de atentados de julio de 2000, entre ellos el del diputado socialista.
A pesar de que Igor Solana manifestó en el juicio que las declaraciones fueran inducidas por los agentes, el tribunal da plena validez a las mismas, al alegar que no cuentan con ningún informe médico que avale los supuestos malos tratos a los que fue sometido.
Igualmente, el tribunal se refiere al testimonio de los funcionarios que participaron en la toma de declaración del etarra, quienes relataron que éstas se prestaron con todas las garantías procesales y bajo presencia letrada.
