Dos exdirectivos de la multinacional han reconocido la existencia de un sistema de pagos a ayuntamientos a cambio de contratos
MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción no tiene previsto pedir más diligencias de investigación en la pieza de la trama Púnica relativa a las actividades de la multinacional Cofely sobre la adjudicación contratos en más de una decena de municipios madrileños a cambio de sobornos a cargos públicos.
El Ministerio Público no quiere demorar por más tiempo las pesquisas que se comenzaron a investigar en octubre de 2014 cuando estalló una de las tramas más complejas y extensas de las que actualmente se investigan en la Audiencia Nacional y que tiene como principales cabecillas al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y al constructor David Marjaliza.
Esta pieza es la relativa a la actividad en España de la empresa energética Cofely, filial de la multinacional francesa GDF y clave en la red de corrupción por el presunto pago de mordidas en once municipios madrileños de todos los signos políticos. En el seno de la misma estaba vigente una dinámica perfectamente institucionalizada que ocultaba el pago de sobornos en facturas falsas con conceptos inventados.
Esta práctica fue confirmada ante el magistrado que investiga la red, Manuel García Castellón, por los exdirectivos Pedro García y su superior Constantino Álvarez. El primero de ellos, exjefe comercial de la compañía, confesó que estos pagos se ocultaban bajo la partida de 'Business Plan' y que esta a su vez se dividía en otros conceptos más relacionados con la gestión de proyectos, tasa de éxito y auditoría.
Extremo que vino a ratificar un día después también en sede judicial Álvarez, quien, en calidad de jefe de Desarrollo, admitió la existencia de este sistema añadiendo que era una práctica desarrollada por sus superiores. En concreto señaló al exdirector general de Cofely España, Didier Maurice.
INVESTIGADOS CONFESOS
Durante su extensa declaración, Álvarez precisó que los pagos de cantidades superiores al millón de euros necesitaban contar con autorización previa de la matriz en Francia. También apuntó que los pliegos de licitación de los concursos públicos en los consistorios de la trama los redactaban ellos mismos para asegurarse ser los adjudicatarios, una práctica, dijo, muy habitual en el sector.
Con todo, los dos exdirectivos confesos negaron cualquier responsabilidad en los hechos confirmando así la versión ofrecida por el también exdirectivo José Antonio Hernández. A las confesiones de estos tres investigados en la trama se suma la de David Marjaliza, quien colabora con la Justicia desde 2015 y cuyo papel en esta práctica fue el de mediar entre Cofely y los consistorios donde consiguió los contratos de eficiencia energética a cambio del cobro de mordidas.
De cerrar pronto el juez la investigación, esta pieza se convertiría en la segunda en llegar a juicio después de la relativa al 'chivatazo' que le dio el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino a Granados de que le estaban investigando. Por estos hechos el expolítico popular fue juzgado en noviembre y condenado a dos años de cárcel.
