El comisario ofreció a Procisa servicios que incluían la obtención de forma ilegal de datos de carácter reservado
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción solicita 38 años y 10 meses de cárcel y una multa de 252.000 euros para el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo en su escrito de conclusiones provisionales de la pieza 'Land' del caso 'Tándem', en la que juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha investigado el encargo de labores de espionaje por la disputa por la herencia del fundador de esa urbanización de lujo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, acordó a mediados de mayo el pase a procedimiento abreviado --equivalente al procesamiento-- de la pieza número 3 de la macrocausa al considerar que había indicios para juzgar a Villarejo, a su esposa, a su socio Rafael Redondo, al excomisario Enrique García Castaño, a los administradores de la ya extinta inmobiliaria Procisa Susana García-Cereceda y Francisco Lorenzo Peñalver y a su jefe de seguridad David Fernández Aumente, por un delito continuado de cohecho, múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Se trata de la segunda petición de cárcel que Anticorrupción hace pública respecto de Villarejo, para quien la semana pasada solicitó una condena notablemente mayor, de 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros por diversos delitos investigados en la pieza número 2 del 'caso Tándem', denominada 'Iron', por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.
Para la propietaria de 'La Finca', Susana García-Cereceda, el Ministerio Fiscal solicita 16 años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho activo cometido por particular, descubrimiento de secretos de empresa, y descubrimiento y revelación de secretos de particulares relacionados con su vida sexual en grado de tentativa. A esto suman una multa que asciende a aproximadamente 124.000 euros.
GARCÍA CASTAÑO, 30 AÑOS Y 10 MESES
Para el socio de Cereceda, Peñalver Sánchez y para su jefe de seguridad Fernández Aumente, la fiscalía pide 19 años y cuatro mes de cárcel para cada uno por los delitos de cohecho activo, descubrimiento de secretos de empresa, descubrimiento y revelación de secretos de particulares relacionados con su vida sexual en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil.
En cuanto al excomisario García Castaño, se solicitan 30 años y diez meses de cárcel, mientras que para el socio de Villarejo en Cenyt, Rafael Redondo, el Ministerio Público pide 36 años y cuatro meses, idéntica pena para la mujer del comisario Villarejo, Gemma Alcalá.
Por otro lado, a las mercantiles La Finca Global Assets, La Finca Somosaguas Golf y La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios, el fiscal pide una multa de 362.500 euros por los delitos de cohecho activo cometido por persona jurídica, descubrimiento de secretos de empresa cometido por persona jurídica, y descubrimiento de secretos de particulares relacionados con su vida sexual en grado de tentativa cometidos por persona jurídica; más lo decomisado de lo que abonaron al Grupo Cenyt (324.000 euros) y lo que llegaran a abonar a García Castaño.
RESPONSABILIDAD CIVIL
En el capítulo de responsabilidades civiles, Anticorrupción solicita que los acusados indemnicen por el delito de descubrimiento y revelación de secretos de particulares relacionados con su vida sexual en grado de tentativa a Silvia Gómez-Cuétara Novoa, en la cantidad de 200.000 euros; a Jaime Ostos Alcalá en la cantidad de 50.000 euros; a Antonio Garzón Fuentes en la cantidad de 15.000 euros y a Marta María Fernández Vázquez-Figueroa, en la cantidad de 60.000 euros. Al representante legal de la mercantil Método 3, los acusados deberán indemnizarle con 50.000 euros.
Sobre el pago de esas cantidades el escrito señala que deberán hacer frente a ellas conforme a los siguientes porcentajes derivados de su participación en los hechos. Así, Villarejo, su esposa Gemma Alcalá y su socio Redondo deberán abonar el 65 por ciento; mientras que García-Cerededa, Peñalver y David Fernández, además de las mercantiles La Finca Global Assets, La Finca Somosaguas Golf y La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios deberán hacerlo en un 35 por ciento.
En esta pieza 'Land' del conocido también como 'caso Villarejo' se han investigado las actuaciones del comisario en torno a la promotora Procisa. Dos de los investigados, Francisco Peñalver y Susana García-Cereceda, promotores de la urbanización de lujo 'La Finca', así como su responsable de seguridad contrataron los servicios del entonces comisario en activo para recabar información sobre en qué situación había quedado la inmobiliaria tras la muerte de su presidente.
LOS MEDIOS ESPURIOS
Los hechos que motivaron la causa nacen de la crisis que sufrió Procisa con motivo de diferentes procedimientos judiciales. Tanto García-Cereceda como Peñalver y el jefe de seguridad querían averiguar la situación del resto de los herederos del grupo, y por eso contrataron al Grupo Cenyt, que es el entramado empresarial detrás del cual operaba el comisario Villarejo.
El encargo de esas averiguaciones recae en Villarejo y en su socio Rafael Redondo, y el juez apuntaba en su auto que los servicios contratados iban más allá de un estudio sobre la rentabilidad de la empresa Procisa, ya que de los materiales intervenidos en los registros de los domicilios de Redondo y de Villarejo se desprende que hubo conversaciones en las que el comisario facilitaba información a los contratantes "sobre la vida privada de Yolanda García Cereceda, Jaime Ostos Alcalá, Joaquín Torres --el arquitecto-- o Silvia Gómez Cuétara".
El comisario recabó información sobre los teléfonos que utilizaban, con quién hablaban o con qué personas se relacionaban. Y el juez apunta que los contratantes de Villarejo tenían conocimiento de "los medios espurios" usados por el comisario, a tenor de las conversaciones entre ellos.
Además, apunta que de lo incautado en los registros policiales en el marco de la pieza principal del caso 'Tándem' se constata que tanto Villarejo como su socio ofertaron a sus clientes un servicio dirigido a solventar una situación de crisis, "que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado" como tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social.
SABÍAN DE SU CONDICIÓN DE POLICÍA
A esto añade que los administradores de la inmobiliaria Procisa, García-Cereceda y Peñalver, al contratar los servicios del comisario entre 2012 y 2014 conocían "su condición policial" y aun así le contrataron para "servicios de inteligencia, análisis de información e intoxicación informativa de medios de comunicación".
El objetivo, recuerda García-Castellón, era obtener, analizar y difundir información patrimonial, personal e íntima de una serie de personas cuyos supuestos intereses económicos podían perjudicar al patrimonio y la reputación de Procisa y de sus administradores.
El juez apunta que durante esos trabajos para Procisa, Villarejo estaba destinado en comisión de servicios en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía y que se valió de dicho cargo para "obtener información de carácter reservado" que analizaría y vendería a sus clientes bajo la denominación de 'Proyecto Land'.
Recuerda al hilo que en esos trabajos participaron otros miembros del Grupo Cenyt, "integrantes de la organización criminal que dirigía", y añade que ese delito es objeto de investigación en la Pieza Principal de la presente causa. Cita expresamente a "sus subordinados" Gemma Isabel Alcalá --su esposa-- y a Rafael Redondo --su socio--.
