El juez exoneró al expresidente de Indra porque consideraba que no podía llevar control de todos los gastos y ningún imputado le señaló directamente
MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que pide mantener como investigado en el 'caso Púnica' al expresidente de Indra Javier Monzón, concretamente por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid porque, a su juicio, no resulta "verosímil" que los pagos al partido por parte de la empresa no contasen con su "respaldo, conocimiento y apoyo".
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, las fiscales de la causa recuerdan que Monzón era presidente del consejo de administración de Indra, esto es, "presidía el órgano de gestión y de representación, con la plenitud de facultades y de atribuciones que requiera el cumplimiento de los fines sociales, ejerciendo la alta dirección de la sociedad con los más amplios poderes".
Además, las representantes del Ministerio Público consideran que el juez instructor de Púnica, Manuel García Castellón, no ha tenido en cuenta en su auto de sobreseimiento las declaraciones que prestaron otros investigados en la causa, como el exdirectivo de Indra Santiago Roura, quien afirmó que "el principal ejecutivo de la compañía era el presidente ejecutivo".
De este modo, subrayan que la valoración que hace el magistrado sobre una "presidencia de Indra no ejecutiva y no implicada en la operatividad de la compañía no se infiere ni de los estatutos ni de la forma en que la percibían sus altos directivos".
INSTRUMENTO DE DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS
En su escrito, las fiscales destacan también que "el análisis de las actuaciones realizadas, las comunicaciones telefónicas intervenidas e incluso el propio reconocimiento de hechos que está realizando alguno de los investigados y la persona jurídica Indra" ha permitido conocer que dirigentes del PP de Madrid que presidía Esperanza Aguirre han utilizado a la compañía "como instrumento de desvío de fondos públicos detraídos del presupuesto" de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), para lo cual esos altos cargos "concertarían con dirigentes de Indra la adjudicación a la empresa de contratos públicos licitados por ICM que estarían inflados o recogerían prestaciones ficticias".
"Para el desvío de fondos, indiciariamente Indra aceptó abonar las facturas que le presentaron alguno de los empresarios que la investigación vincula con la financiación irregular del PP de Madrid y la falsedad electoral. En este sentido, Indra, colaborando con la justicia, ha presentado distintos escritos que participan el resultado de la investigación interna que están realizando sobre dichos pagos y los ha acompañado de facturas giradas a nombre de las sociedades Swat y Formaselect Consulting, reconociendo en los mismos que no han encontrado evidencias que pudiesen justificar la prestación de servicios a que se refieren aquellas facturas", resumen las fiscales.
CONTACTOS AL MÁS ALTO NIVEL
Según afirman, se han recabado "sólidos indicios" sobre que los contactos entre Indra y el PP de Madrid se mantenían "al más alto nivel de sus dirigentes", y la investigación revela "indicios de que los pagos que efectuó Indra durante la presidencia ejecutiva de Javier Monzón eran en favor de compañías prestadoras de servicios al PP o a sus propios dirigentes".
"En cualquier caso, no es verosímil que actuaciones como las descritas se realicen sin el respaldo, conocimiento y apoyo del presidente ejecutivo de la entidad, por lo que supone de transgresión a los procedimientos internos establecidos y en relación a un cliente como la Comunidad de Madrid, con interlocución directa con los altos cargos de la Comunidad y en el contexto de una relación de negocio en la que Indra facturaba a la agencia ICM unos 20 millones de euros al año", remarca el escrito, que destaca los contratos a la tecnológica para servicios electorales en las campañas de 2007, 2011 y 2014.
Las fiscales consideran que el sobreseimiento de actuaciones para Javier Monzón es "prematuro" y "extemporáneo", pues la investigación de los hechos aún no ha concluido y todavía se están practicando diligencias. Además, en breve se solicitará "entrar en la fase intermedia" previa a la calificación de Anticorrupción, por lo que "no resulta en modo alguno procedente dictar un pronunciamiento de fondo".
