Anulado el Decreto aprobado por el gobierno balear del PP que exigía nivel elemental de catalán a todos los funcionarios

Actualizado: jueves, 17 abril 2008 18:45

Los técnicos superiores y de grado medio y los administrativos de la Administración de Justicia deberán acreditar ahora un nivel superior

PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares anuló hoy la parte del Decreto aprobado en 2003 por el entonces conseller de Interior, José María Rodríguez (PP), mediante el cual sólo exigía el nivel B (elemental) de catalán para todo el cuerpo de funcionarios de la Comunidad Autónoma en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública.

Como consecuencia de esta decisión judicial, el gobierno del socialista Antich deberá aplicar el Decreto aprobado por el Pacto de Progreso en 2001, que presidía él mismo, incrementando así el nivel de exigencia del catalán en los procesos de selección de técnicos superiores (letrados, Intervención, Inspección de Transporte Terrestre, etc), técnicos de grado medio y administrativos de la Administración General de Justicia, quienes deberán acreditar un nivel superior, el C, mientras que los auxiliares administrativos y los ordenanzas deberán continuar acreditando el Nivel B.

Concretamente, el TSJIB ha fallado a favor del recurso contencioso administrativo presentado por CC.OO. al considerar "totalmente inaceptable" que el Decreto de 2003 sólo exigiera conocimientos "elementales" de catalán para los técnicos superiores, los técnicos de grado medio y los administrativos de la Administración General de Justicia. Así, el sindicato denunciaba que estos cuerpos de funcionarios debían acreditar el Nivel básico de catalán (B), que es el mismo que se exige a los auxiliares administrativos y ordenanzas.

De esta forma, la sentencia sostiene que el Decreto aprobado por Rodríguez y que sustituía al aprobado en 2001 por el 'Govern' del Pacto de Progreso presidido por Francesc Antich, supone un "paso atrás" respecto al primer Decreto "vulnerando el artículo 45 de la Ley de Normalización Lingüística aprobada en 1986", debido a que se exigía el nivel más básico de catalán para todos los funcionarios de la Comunidad Autónoma.

Por este motivo, el TSJB ha anulado varios artículos del Decreto de 2003, relativos a los capítulos de 'Conocimientos exigibles para el ingreso en los grupos, cuerpos y/o escalas de funcionarios, categorías profesionales de naturaleza laboral, ocupación de los puestos de trabajo de funcionarios y puesto de trabajo de naturaleza laboral'.

De este modo, el TSJB señala que el Decreto anulado incumple el artículo 45 de la Ley de Función Pública del Govern aprobada en 1989, que establece que "se debe acreditar el conocimiento de la lengua propia de la Comunidad Autónoma respetándose plenamente el principio de proporcionalidad a nivel de exigencia de un determinado conocimiento, que deberá estar relacionado con las plazas o funciones que se traten".

En esta línea, la sentencia indica que el Decreto aprobado por el Ejecutivo de Jaume Matas evidencia una "clara regresión en la exigencia de los conocimientos de la lengua catalana", debido a que hace "tabla rasa" con los diferentes niveles de catalán exigiendo únicamente el nivel elemental para acceder a cualquier puesto público de la administración "sin ningún tipo de distinción para los diferentes cuerpos o niveles".

GOBIERNO BALEAER "APLAUDE" LA SENTENCIA

Tras conocer el fallo judicial, el conseller de Presidencia, Albert Moragues, dio la "enhorabuena" a CC.OO. por esta sentencia "contundente y clara", que, a su juicio, pone de manifiesto que el Decreto aprobado en la pasada legislatura "atenta" contra la Ley de Normalización Lingüística y el Título I del Estatuto de Autonomía de Baleares, que hace referencia a la lengua propia de la Comunidad Autónoma.

Por este motivo, recalcó que el Ejecutivo de las islas "aplaude" esta decisión del TSJB con la que se "ha hecho justicia" y que, en su opinión, ha puesto de manifiesto que el Decreto aprobado por el Govern de Antich en el 2001 iba por el "buen camino" al exigir diferentes niveles de catalán en función del puesto de trabajo que vaya a ocupar el funcionario.

Así, Moragues anunció que a partir de las próximas convocatorias de ofertas públicas de empleo, el Govern exigirá un mayor nivel de catalán (C) para aquellos puestos destinados a titulados superiores y explicó que la sentencia del TSJB no tiene carácter retroactivo, por lo que no afecta a los funcionarios que han logrado entrar en la administración autonómica desde la aprobación del Decreto de 2003.