El PNV cree que el Gobierno le "endosa" la suspensión a Garzón para "ahorrarse el gasto" y ERC tacha la situación de "rocambolesca"
MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Francisco Rodríguez, considera que el hecho de que el juez Baltasar Garzón haya dado el primer paso para la ilegalización de ANV y el PCTV reviste a esta medida de mayor "legitimidad" que si la hubiera iniciado el Gobierno. Sin embargo, en coherencia con su oposición a la Ley de Partidos Políticos, se muestra crítico con lo que considera una ilegalización "preventiva" y movida por intereses electorales.
En declaraciones a Europa Press, el diputado gallego explicó que es partidario de que el poder político actúe "con mucha cautela" y tenga un "protagonismo principal" en los procesos de suspensión de actividades de formaciones políticas. Así, tras reiterar su oposición a este tipo de medidas, señaló que "en casos extremos", es preferible que "primero se sustancie una documentación bien clara y contundente por la vía judicial".
"Desde el punto de vista democrático, lo mejor sería que este tipo de situaciones no se dieran, pero es cierto que el uso de la vía judicial puede revestirlas de una mayor legitimidad", comentó Rodríguez.
"NO HAY INDEPENDENCIA REAL".
No obstante, agregó que el hecho de que Garzón haya decidido citar a los representantes de ANV y el PCTV después de recibir informes del Ministerio del Interior demuestra que "no hay una independencia real" del Poder Judicial.
Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría, quien ha actuado esta legislatura como portavoz de Interior de su formación en el Congreso, considera que "no es descartable especular" con la idea de que el Gobierno "no quiere asumir el gasto de una decisión política" como sería la ilegalización de ANV y el PCTV para "ahorrarse el gasto" de utilizar la vía de la Ley de Partidos, prefiere "endosar esa responsabilidad a la jurisdicción penal".
El diputado del PNV ve paralelismos entre la decisión de Garzón sobre ANV y el PCTV y la condena que el Tribunal Supremo ha impuesto a la Mesa del Parlamento vasco que presidió Juan María Atutxa. "Últimamente los acontecimientos judiciales no nos permiten tener convicciones sobre la vigencia real de principios que son paradigma del Estado de Derecho como la separación de poderes, la independencia de la Justicia o la independencia política de los jueces", lamentó.
Olabarría sostiene que estas actuaciones se basan en fundamentos jurídicos "endebles" y en "impulsos políticos más que verosímiles", y, por ello, ponen en cuestión el sistema de administración de Justicia. "Uno no puede tener ninguna fe en el sistema de administración de justicia del Estado español y cuando uno pierde la fe en algo como esto, realmente uno se tiene que plantear seriamente si está viviendo en un Estado democrático y si lo que hay que afrontar en serio la regeneración democrática del Estado", concluyó.
DEBILITA LA DEMOCRACIA.
Por último, el presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana en el Congreso, Agustí Cerdà, considera que la intervención del juez Baltasar Garzón en las actividades políticas de ANV y el PCTV genera una nueva situación "rocambolesca" derivada de la Ley de Partidos Políticos y avisa de que la actuación de la Justicia en el terreno político debilita la calidad de la democracia.
En declaraciones a Europa Press, Cerdà señaló que hoy habrá las mismas pruebas contra ANV y el PCTV que hace seis meses y que "será complicado" de explicar que los concejales electos de mayo de 2007 sean ahora ilegales.
A su juicio, todo esta situación "rocambolesca" surge de una Ley de Partidos que, además de no ser aceptada por ERC y otras formaciones políticas, está siendo examinada por los tribunales europeos. "El error de partida está en admitir como válida la Ley de Partidos de 2002", apostilló.
El dirigente de Esquerra agregó que, como la Ley de Partidos es "tan elástica", ahora se intenta un nuevo "dribbling" a la legalidad, pero recalcó que el hecho de que la Justicia o un juez concreto intervengan en la actividad política "debilita" la democracia.
