Dudan de que pueda aplicarse retroactivamente a los ayuntamientos actuales y de que no vulnere el artículo 23 de la Constitución
MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local anunciada por el Gobierno para expulsar de los ayuntamientos a Acción Nacionalista Vasca (ANV) tendrá que sortear algunos problemas jurídicos, según varios dirigentes socialistas consultados por Europa Press. Las fuentes apuntaron en concreto al artículo 23 de la Constitución y a la posibilidad de aplicar dicha reforma a los actuales consistorios.
El artículo 23 de la Carta Magna afirma que todos los ciudadanos tienen "derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos" por lo que, según fuentes tanto del PSOE como del Gobierno, puede tener "difícil encaje jurídico" una reforma que diga que no pueden ser alcaldes los miembros de un partido ilegalizado.
No obstante, el propio artículo 23 añade que ese acceso en condiciones de igualdad debe hacerse "con los requisitos que señalen las leyes". A juicio de un veterano diputado, el impedir que un miembro de un partido ilegalizado no pueda ser alcalde debe hacerse "con muchos matices".
Otro asunto polémico es si la nueva ley podría aplicarse a los actuales ayuntamientos gobernados por ANV. Según un dirigente del PSOE, en el partido hay una corriente mayoritaria que piensa que ello implicaría una aplicación retroactiva de la ley. No obstante, al menos parte del Ejecutivo cree lo contrario, que no habría problema en aplicar la ley a gobiernos locales que siguen desempeñando su mandato.
Por todo ello, fuentes gubernamentales subrayaron que quieren emprender la reforma con mucha cautela, para asegurar que se cumplen todas las garantías legales. De hecho, el Gobierno estudia una reforma centrada en impedir "gobernar" a ANV, puesto que ya está claro que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, los concejales mantienen su condición de cargos electos independientemente de la suerte de su partido.
El Gobierno optó por anunciar una reforma de la Ley de Bases del Régimen Local cuando el PP le exigió usar el artículo 61 de esta norma para disolver en bloque todas las corporaciones gobernadas por ANV. El Ejecutivo insiste --y los socialistas lo han repetido esta semana en el Congreso y en el Senado-- en que una disolución masiva no es posible porque no puede demostrarse que todos ellos hayan incurrido en apoyo "reiterado y grave" al terrorismo, sino que hay que estudiarlo caso por caso.
RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS VASCOS
Pero además, fuentes socialistas insisten en que expulsar a ANV de los ayuntamientos no es algo que pueda hacerse desde Madrid, sino que es sobre todo responsabilidad de los partidos políticos vascos y navarros, que deben presentar mociones de censura en los 42 ayuntamientos donde gobierna ANV, tal como defendió el PSOE el martes en el Congreso.
El PSOE teme que si se hace una disolución masiva de ayuntamientos la decisión pueda ser anulada después por un tribunal pero, además, quiere que los partidos vascos 'se retraten', justifiquen sus decisiones y sean juzgados por los ciudadanos en las próximas elecciones vascas.
Según estas fuentes, es difícil que Eusko Alkartasuna (EA) se decida a defender mociones de censura antes de que pasen las autonómicas para no dañar sus posibilidades electorales, pero que una vez que pasen los comicios el escenario será distinto.
AMPLIAR LOS SUPUESTOS DE LA LEY DE BASES
Otro responsable socialista, en cambio, sugirió que para disolver los ayuntamientos de ANV tal vez sería posible reformar el artículo 61 de la Ley del gobierno local para ampliar los supuestos en que puede disolverse un ayuntamiento, incluyendo por ejemplo la negativa a condenar un atentado por parte de un consistorio o por parte de su alcalde, ya que en su forma actual la ley habla de actos del gobierno local en su conjunto.
No obstante, las mismas fuentes, al igual que el Gobierno, señalaron que en la redacción del artículo 61 ya se intentó abarcar todo lo posible sin poner en peligro las garantías constitucionales.
