Estudia todas las posibilidades, entre ellas la modificación de las Leyes Electoral y de Partidos, aunque esto llevaría más de un año MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) - El Gobierno espera tener un documento a finales de enero sobre la posibilidad de expulsar o impedir que un partido ilegalizado, como en este caso es ANV, gobierne ayuntamientos u otras instituciones. Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, se están estudiando todas las posibilidades, entre ellas la modificaicón de las Leyes Electoral y de Partidos Políticos, además de la ya anunciada Ley de Bases de Régimen Local. Las fuentes consultadas explicaron que el asunto es enormemente complejo por la limitación que realiza la doctrina constitucional en relación con el escaño. Es decir, la imposibilidad de despojar del escaño a quien lo ha obtenido en unas elecciones. También consideran que la posibilidad de limitar las atribuciones de los concejales de una formación ilegalizada supone una gran dificultad, desde el punto de vista jurídico. Es decir, la opción de que los concejales de ANV mantengan su escaño pero se les impida el gobierno de la corporación municipal, por ejemplo, tampoco es una cuestión fácil de abordar. Por este motivo, el equipo jurídico del Estado está analizando todas las opciones posibles, sin descartar que se tengan que modificar más leyes que la ya anunciada Ley de Bases de Régimen Local, en cuyo artículo 61.2 contempla la posibilidad de disolver una corporación municipal si da "cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares". Así, la Ley Electoral General o la Ley de Partidos Políticos son algunas de las leyes que podrían tener que modificarse para impedir que los miembros de un partido ilegalizado gobiernen en los ayuntamientos u otras instituciones. Las dificultades que plantea esta reforma impiden que se pueda hacer con mayor celeridad. No obstante, las fuentes consultadas explicaron que se está trabajando para que a mediados o finales de enero se pueda contar con un planteamiento inicial sobre el que trabajar. Sin embargo, estas mismas fuentes señalan que el hecho de que, probablemente haya que reformar algunos preceptos de Leyes orgánicas, podría dilatar la reforma hasta un año, debido al consenso que se necesitaría para abordar estas modificaciones. EL GOBIERNO RECOPILA DATOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ANV. En cuanto a la otra vía, la de disolver ayuntamiento por ayuntamiento si de forma "reiterada y grave" da cobertura o apoyo al terrorismo, el Ejecutivo ha comenzado a recopilar datos y actuaciones --que pueden ir desde no condenar los atentados a mantener nombres de etarras para calles o plazas, pasando por la creación de comisiones de presos o dar subvenciones a estos-- de los ayuntamientos gobernados por ANV que pudieran incorporarse como pruebas. Además, se están repasando los numerosos pleitos contencioso-administrativos que están en marcha contra varios consistorios por actividades relacionadas, ya que en la actualidad hay unos 15 o 20 sobre los que aún no hay resolución. El objetivo es ver cuáles de estos asuntos pueden sumarse como materia probatoria. No obstante, esta cuestión también lleva su tiempo y dificultad debido a que sólo unos pocos de los 42 ayuntamientos gobernados por ANV son de mayor tamaño. El resto corresponde a pueblos más pequeños donde la dificultad para acceder a los acuerdos municipales es mucho mayor. A pesar de que todos los municipios tienen obligación de entregar los acuerdos municipales en la Delegación del Gobierno, muchos de ellos no los hacen y en otros casos, las actas llegan por vías diferentes de la que obliga a la corporación a entregarlas oficialmente. Además, las fuentes consultadas reiteraron que la cobertura al terrorismo tiene que producirse de manera "reiterada y grave".
