El Ejecutivo insiste en buscar fórmulas no para disolver ayuntamientos, sino para que un partido ilegalizado no pueda gobernar
MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario ejecutivo de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, cree que la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que ha propuesto el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV, "puede chocar" con la doctrina del Tribunal Constitucional.
Conde-Pumpido ha pedido públicamente que se añada al artículo 61 de la citada ley una nueva causa de disolución de un ayuntamiento, el que éste "sea gobernado por una mayoría de concejales que hubieran sido elegidos en la lista de un partido ilegalizado".
Sin embargo, para Cuesta, esta vía "choca con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y requiere una reflexión más profunda". "El escaño de concejal no es propiedad de los partidos", recordó este diputado, sino de los elegidos por los ciudadanos, y así lo ha recordado el Tribunal Constitucional.
En la misma línea, subrayó que "la disolución de un ayuntamiento no debe producirse por quiénes sean sus miembros, sino por qué tipo de actos aprueban". Cuesta fue el representante del PSOE que acordó en 2002, con el entonces Gobierno del PP, la última reforma de la Ley de Bases del Régimen Local para impedir que haya ayuntamientos que apoyen el terrorismo de ETA.
El artículo 61 de la ley fue reformado en 2002 para que el Gobierno de la Nación pueda disolver ayuntamientos cuyos "acuerdos o actuaciones" apoyen "de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".
No obstante, desde hace casi un año el Gobierno trabaja en una nueva reforma para impedir gobernar a los miembros de partidos ilegalizados, a raíz de que ANV fuera ilegalizada y el PP exigiera al Ejecutivo que utilizara el artículo 61 de la ley de gobierno local para disolver en bloque todos los ayuntamientos gobernados por ANV.
CHAVES YA SUGIRIÓ QUE EL GOBIERNO VA POR OTRA VÍA
De hecho, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ya sugirió recientemente que el Gobierno no trabaja en la línea sugerida por Conde-Pumpido, sino en impedir que una formación política declarada ilegal pueda gobernar.
"Todos los dictámenes jurídicos establecen que no puede haber causa-efecto entre la ilegalización de ANV y la disolución de los órganos de gobierno de los municipios vascos, porque no se puede privar en base a la ley actual que los electos permanezcan en los cargos públicos para los que fueron elegidos", expuso Chaves en el pleno del Senado.
Incluso después de que Conde-Pumpido lanzara su propuesta y argumentara que ésta no colisionaría con la doctrina del Constitucional, Chaves insistió en que el Gobierno trabaja en la vía de impedir que los miembros de un partido ilegalizado gobierne, no en la de disolver los ayuntamientos.
El vicepresidente dijo además que el Ejecutivo busca una fórmula que "encaje perfectamente en las normas constitucionales" y la incluirá en la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que quiere enviar al Parlamento antes de que termine este año.
