22 de octubre de 2019
7 de septiembre de 2009

Arranca en Palma el juicio por la presunta estafa de 216 millones de euros dentro del caso Royaltur

PALMA DE MALLORCA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha comenzado a juzgar a los antiguos responsables de Banca March y de la inmobiliaria Alcázar, Juan Piguillem García; Antonio Mascaró, Simón Galmés y Juan Bautista Llorens, acusados de un presunto delito de estafa por el que la acusación particular, ejercida por el empresario hotelero Jaime Moll, pide seis años de prisión para cada uno de los encausados, al denunciar que los cuatro imputados le desposeyeron de un patrimonio que en 1993 estaba valorado en 36.000 millones de pesetas.

También Moll reclama más de 94 millones de euros de indemnización. Sin embargo, frente a estas peticiones la Fiscalía sostiene que no hubo delito por lo que pide, al igual que las defensas, la libre absolución de Galmés, ex vicepresidente ejecutivo de la Banca March; Mascaró, ex directivo del banco Antonio Mascaró; Piguillem, ex presidente ejecutivo de Inmobiliaria Alcázar, participada mayoritariamente por Sa Nostra, y Bautista, ex vicepresidente de esta empresa.

Tal y como defiende Moll, asistido por el letrado Rafael Perera, la inmobiliaria Alcázar, que a principios de los noventa atravesaba dificultades económicas, urdió una estrategia para hacerse con su patrimonio, compuesto por 12 establecimientos y 9.000 camas repartidos entre otros en Sa Coma, Muro, Palma y Jerez de la Frontera. Así, a principios de los noventa, el entonces máximo ejecutivo de Banca March, Simón Galmés, recomendó a Moll entrar en contacto con la empresa Alcázar.

Y es así como el empresario mallorquín acudió a la inmobiliaria, con Joan Piguillem al frente, para suscribir un contrato en el que especificaban que una filial de Alcázar, Geinsa, aportaría 15.000 millones de pesetas para incrementar los fondos de Royaltur, pese a que los acusados lograron el patrimonio de Moll sin aportarle la multimillonaria cantidad a la que se habían comprometido. Los hoteles acabaron así repartidos entre la firma Alcázar y el grupo empresarial alemán Neckermann.

Se trata de un caso cuya instrucción, en manos de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, ha durado más de siete años, a raíz de la querella presentada por Moll para demostrar cómo los cuatro acusados le desposeyeron de su patrimonio. En 1995 los procesados llegaron a vender el patrimonio del hotelero por 2.340 millones de pesetas, cifra muy inferior a su valor real.