ALMERÍA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las diligencias incoadas por la Fiscalía de Medio Ambiente (Almería) ha elevado a 20 el número de imputados por presunta corrupción urbanística en Zurgena (Almería), después de que la Guardia Civil detuviese hace una semana al alcalde, Cándido Trabalón (PA) y al edil de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), así como a dos promotores inmobiliarios y dos arquitectos, todos en libertad con cargos y sin fianza después de prestar declaración ante el juez el pasado día 4.
Fuentes cercanas al caso precisaron a Europa Press que practicó un séptimo arresto en el marco de la operación 'Costurero', el de la ex secretaria municipal Trinidad Lidueña, a la que se acusa de prevaricar y delinquir contra la ordenación del territorio en la tramitación de expedientes desde el año 2004 para autorizar la construcción de más de un millar de viviendas sobre suelo rústico, en seis pedanías del término municipal de apenas 2.800 habitantes.
La investigación, que continúa abierta, imputa a 13 de los implicados los mismos delitos que a la ex funcionaria del Ayuntamiento zurgenero, a cuyos concejales en la anterior corporación --tres más del Partido Andalucista y cuatro del PSOE-- señalan como implicados por haber emitido voto favorable en pleno a los proyectos urbanísticos promovidos por el Ayuntamiento y 25 empresas.
La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa (Almería), Pilar Alfonso Rodríguez, ordenó el pasado martes el alza del secreto decretado en septiembre de 2007 sobre el sumario que también derivó en el arresto de los promotores inmobiliarios Antonio López y Tomás Zurano --también presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) y los arquitectos Francisco Salvador y Carlos Berbel.
A los siete detenidos, que deberán personarse ante el juzgado una vez al mes, se les imputa prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio, a los que se suman, en el caso de los ediles los de cohecho, y en el caso de Zurano el de desobediencia ya que no acató la orden de paralización de una promoción, impugnada por la Junta de Andalucía.
Tras quedar en libertad sin fianza pero con el cargo añadido de presunta falsedad en documento público, el alcalde achacaba la operación a una trama de "acoso del PSOE".
A todos se les detuvo entre el pasado día 2 y madrugada del día 3 tras una investigación abierta en 2006 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que derivó en la incoación de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Se efectuaron también distintos registros en domicilios y empresas de Albox, Garrucha, la capital y Zurgena, en cuyo Ayuntamiento los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos intervinieron diverso material informático y documentación.
Tanto el primer edil como el concejal de Urbanismo ---quienes se presentaron a la reelección en las elecciones municipales de 2007 en las que alcanzaron la mayoría absoluta con ocho de los once concejales-- fueron citados a declarar en relación con este caso en enero de 2007 aunque en calidad de testigos.
La juez investigaba, tal y como sostiene el ex Fiscal de Medio Ambiente, Juan Sánchez, si se produjo la comisión de delito en la autorización a más de un millar de viviendas en seis pedanías del municipio sobre suelo rústico, inmuebles que, desde 2004, están impugnados por vía administrativa por parte de la Junta de Andalucía.
