MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Falun Dafa en España, Human Rights Law Fundation y la Asociación en Defensa de los Derechos Humanos en China han denunciado la proposición de ley del PP para reformar la jurisdicción universal al considerar que rompe el principio de independencia judicial y separación de poderes y ha reclamado a los diputados que voten este martes en el Congreso en "conciencia" rechazando la misma y por tanto en "defensa de los valores universales del ser humano y de los Tratados Internacionales de los que España forma parte".
Estas tres asociaciones, junto a la representación legal en España de las querellas del Partido Comunista Chino contra los "millones de practicantes de la enseñanza espiritual Falun Gong en China --que incluye extirpaciones masivas de órganos internos a personas vivas para venderlos al mejor postor, dicen--, alertan en un comunicado conjunto que esta proposición de ley busca "no solo la restricción de la aplicación del principio de jurisdicción universal en España, sino su práctica eliminación en el derecho interno de nuestro país".
La proposición de ley del PP para reformar la jurisdicción universal, regulada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pretende introducir nuevos requisitos a aplicar a las causas actualmente en trámite en la Audiencia Nacional. La principal novedad es limitar las actuaciones a casos en los que los criminalmente responsables sean españoles o extranjeros nacionalizados tras la comisión de los hechos supuestamente delictivos, lo que abriría la puerta a archivar diferentes causas que se están tramitando actualmente en los juzgados centrales de Instrucción.
En este sentido, las asociaciones firmantes reclaman a los diputados que voten en "conciencia" y se opongan a la proposición para demostrar así su defensa de los valores universales del ser humano y de los Tratados Internacionales de los que España forma parte frente a intereses comerciales o presiones políticas.
Asimismo, piden al Poder Judicial que defienda la "independencia" judicial y el papel que le ha encomendado la Constitución "para que no se vea menoscabada por las decisiones políticas de intereses políticos que nada tienen que ver con el ámbito estricto de la justicia, de la defensa de los derechos humanos y del poder judicial".
Las asociaciones pro-derechos humanos han advertido igualmente de la perversión de la esencia de la democracia y quebrar el principio de independencia judicial y separación de poderes y, de salir adelante, debería analizarse el incumplimiento de varios artículos del Código Penal relativos a la omisión del deber de perseguir delitos y desobediencia y denegación de auxilio.
"La pretensión es clara, si no se puede acabar por la vía judicial con una resolución fundada en derecho, firme y ejecutiva, se hace por la vía de cambiar y dejar sin efecto la Ley que la sustenta, con la clara finalidad de llegar incluso a exigir sobreseer los procedimientos criminales vigentes en estos momentos y en definitiva dejar de perseguir a los genocidas y torturadores hasta analizar si se cumplen con los nuevos requisitos exigidos legalmente", lamentan las organizaciones.
Asimismo, las asociaciones firmantes censuran que esta iniciativa se haya presentado en forma de proposición de ley por parte del partido que sustenta el Gobierno en vez de hacerlo a través del cauce ordinario del proyecto de ley para evitar los trámites consultivos "que pudieran analizar la legalidad de los cambios propuestos o presuntamente poner en evidencia la inconstitucionalidad o ilegalidad de las medidas sugeridas".
LA CAUSA DEL TIBET
Las citadas asociaciones alertan expresamente del caso que se sigue en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de genocidio, tortura y lesa humanidad cometidos en el Tibet, en el marco del cual el juez Ismael Moreno ha ordenado este lunes la busca y captura del ex presidente del Gobierno chino Jiang Zemin y de otros cuatro antiguos dirigentes del país asiático para que ingresen en prisión incondicional y sin fianza.
A este respecto, acusan al PP de pretender contentar "a la dictadura sangrienta del partido comunista chino cambiando leyes democráticas para evitar la justicia y la persecución de sus crímenes". Y ello, señalan, "a cambio de presuntos acuerdos diplomáticos, comerciales o alegando el interés de Estado".
En esta línea, culpan al Partido Comunista Chino "presuntamente" de ejercer presiones diplomáticas y comerciales al Gobierno de España "para enterrar los casos abiertos de Falun Gong y Tibet y acabar con las decisiones judiciales para llevar a juicio a los genocidas y torturadores". "Las presiones de un gobierno dictatorial", recuerdan no obstante, "nunca pueden servir de base para hacer cambios de leyes en países que se sustentan en la democracia y en la defensa de los valores esenciales del ser humano".
Finalmente, alertan de que si esta proposición de ley sale adelante los políticos españoles estarán dando "confort y tranquilidad" a un partido comunista chino que en sus 64 años de historia "ha ocasionado 80 millones de asesinatos". "Ni siquiera uniendo el número de víctimas de las dos guerras mundiales se alcanza un número tan grande de personas muertas de manera no natural como las que ha asesinado el partido comunista en China en todos los procesos históricos, Revolución cultural, matanza de campesinos, masacre de Tiannamen, genocidio tibetano y las recientes persecuciones religiosas genocidas con extrema perversidad contra los 100 millones de practicantes de la enseñanza espiritual Falun Gong y otras prácticas religiosas", concluyen.
