MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones de jueces lamentan la convocatoria de manifestación convocada para mañana en Bilbao por PNV, IU-EB y EA contra la decisión del Tribunal Supremo de condenar al ex presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, y otros dos miembros de la Mesa de esa Cámara por no disolver al grupo parlamentario de SA tras la ilegalización de Batasuna en 2003. Todas coinciden en reprochar además a los convocantes que la marcha se celebre antes de que se conozcan los argumentos jurídicos de la condena, de la que sólo ha trascendido el fallo.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, señaló a Europa Press que esta agrupación defiende ante todo el derecho a la manifestación, si bien no le "parece bueno" que el ejercicio de ese derecho fundamental "se convierta en un elemento de confrontación por parte de un poder del Estado contra una decisión judicial del más alto nivel".
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), Jaime Tapia, calificó de "reprochable" que el alto tribunal haya hecho pública su decisión de condenar el pasado lunes y que aún no se conozcan los argumentos políticos por los que se imponen penas de multa e inhabilitación tanto a Atuxta como a los que fueran miembros de la Mesa del Parlamento Vasco Kontxi Bilbao y Gorka Knorr.
No obstante, criticó que ante una sentencia condenatoria se pueda producir una manifestación de las características de la convocada para mañana en Bilbao. "Los ciudadanos no tienen este tipo de recursos, sino los que contempla el propio ordenamiento jurídico, a través de los recursos pertinentes", comentó.
En declaraciones a Europa Press, Tapia lamentó que para muchos ciudadanos el acto de mañana no será entendido como una actuación en defensa de las Instituciones vascas, como pretenden los convocantes, sino como un cuestionamiento de la Administración de Justicia.
Por último, el portavoz de la independiente Asociación Francisco de Vitoria, Lorenzo del Río, calificó de negativo que una respuesta a las resoluciones judiciales transcurra por el cauce de las manifestaciones públicas. "Esta no es la forma, porque se puede extrapolar a otras muchas situaciones. La discrepancia es legítima, pero no la forma en la que se ha decidido hacerla pública", dijo a Europa Press.
