Acusa al Gobierno vasco de atribuirse la potestad de decidir si cumple o no las leyes, "situándose por encima de las mismas"
BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El vocal del Consejo General del Poder Judicial para el País Vasco (CGPJ), Juan Pablo González, afirmó hoy que la manifestación de ayer en Bilbao contra la sentencia del Tribunal Supremo en el 'caso Atutxa', constituyó una "agresión al poder judicial y al sistema democrático". "El Gobierno vasco y el nacionalismo en su conjunto lleva años caminando por la senda de la ilegalidad y no reconoce que una democracia es un sistema que se caracteriza por el gobierno de las leyes", denunció.
En declaraciones a Europa Press, González acusó al tripartito de pretender "acaparar" todo el poder y para ello "necesitan ser impunes". "Por esa razón se resisten a aceptar que los poderes del Estado hagan cumplir la ley, se resisten a acatar las sentencias judiciales y se atribuyen la potestad de decidir si cumplen o no cumplen las leyes, situándose por encima de las mismas", aseveró.
En cualquier caso, rechazó "rotundamente" la visión "patrimonialista de las instituciones y de la propia sociedad vasca" que muestra el Gobierno vasco. Asimismo, indicó que "muchos son los vascos que no comparten en modo alguno las posiciones del Gobierno vasco y del tripartito, y que consideran que todos estamos sujetos al imperio de la ley y que la comprobación de si se ha cometido un delito es tarea que corresponde en exclusiva a jueces y magistrados".
Según destacó, la manifestación de ayer "que no tiene precedentes en ningún estado democrático", pretende "influir" sobre decisiones futuras de los tribunales. "No van a conseguir su propósito, -advirtió- porque situado todo el debate en términos de estricto derecho y permitiendo trabajar a los jueces con normalidad, en ningún caso las presiones, los insultos y las descalificaciones de quienes ni siquiera han leído la sentencia del Supremo, van a condicionar a órganos como el Supremo que ha demostrado que cumple y hace cumplir la ley".
En su opinión, resulta un "verdadero despropósito acusar al máximo tribunal español de atentar contra el autogobierno o de romper el pacto de convivencia democrático". "Al parecer, -prosiguió- el Gobierno vasco considera que este pacto de convivencia se basa en disculpar permanentemente sus desvaríos o renuncia por parte de los poderes del Estado en hacer cumplir la ley".
En este sentido, apuntó que eso "no es admisible para un poder judicial que tiene constitucionalmente encomendada defender la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos, sin exclusiones de ningún tipo".
