Atutxa.- Manos Limpias pide que se ejecute la sentencia condenatoria de forma "inmediata"

Actualizado: martes, 3 junio 2008 13:22

BILBAO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Manos Limpias ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que se ejecute, de forma "inmediata", la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo el pasado 8 de abril contra el ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, el que fue miembro de la Mesa durante la pasada legislatura Gorka Knörr (EA) y la parlamentaria de EB Kontxi Bilbao (EB), que todavía ejerce de secretaria del órgano de dirección.

La representación legal de los procesados solicitó la suspensión de la ejecución de la pena impuesta por desobediencia al no disolver a Sozialista Abertzaleak hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo que sus defendidos plantearon en relación a esta causa.

Por su parte, la pasada semana el TSJPV dio un plazo de cinco días a la Fiscalía y a Manos Limpias para que se pronuncien sobre la posibilidad de suspender la ejecución, tal como reclama la defensa de los procesados.

En su escrito, el colectivo de funcionarios públicos señala que "la dogmática jurídica es concluyente y unánime al respecto" y, entre otros textos legales, el artículo 904 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, "contra la sentencia de casación y la que se dicte en virtud de la misma, no se dará recurso alguno".

"El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por su propia naturaleza, no constituye un recurso ni puede hablarse de 'una tercera vía recurrente', y menos aún de impugnación de una resolución dictada por el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por lo que la sentencia debe ejecutarse de modo y manera inmediata", señala.

A juicio de Manos Limpias, "en cualquier idioma, dialecto o jerga, una sentencia firme, definitiva y ejecutiva, significa lo mismo: irrecurrible, ejecutable y acatable".

Además, asegura que la línea argumental de la defensa de los encausados adolece de "inconsistencia jurídica, inocuidad fáctica y dilación procedimental", que, por otra parte, "existen desde el inicio".

En esta sentido, se refiere a lo alegado por el representante legal de los acusados que asegura que, con el procesamiento y ahora sentencia firme, se produce "una violación de los derechos fundamentales", y que los parlamentarios "actuaban en el ejercicio de sus funciones, es decir, con la prerrogativa de inviolabilidad, inherente a su cargo".

De esta forma, indica que "todo ello ya fue sobradamente desmontado" y dos sentencias del TS lo han avalado. Por ello, la acusación popular solicita que "no se continúe con una especie de perversión de la naturaleza de la Jurisdicción, que supone mantener abierto, de modo indefinido, una controversia, ya escasamente jurídica, y que no puede acabar dándoles la razón ningún tribunal que se precie de independiente y estricto cumplidor de la Ley". Por último, solicita al Tribunal que "inadmita la suspensión de la ejecución".

El pasado 8 de abril, el TS revocó, en casación, la sentencia absolutoria del TSJPV y condenó a Atutxa a un año y medio de inhabilitación para ocupar cargo público y a una multa de 18.000 euros, y a Knörr y Bilbao -esta última sigue siendo representante de EB en Mesa de la Cámara vasca- a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros, por no disolver a Sozialista Abertzaleak, tal como el propio Supremo ordenó.