CÁDIZ, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictaminado, en una resolución firme contra la que no cabe recurso, que el patrón del 'Nuevo Pepita Aurora' debe asumir los costes del reflotamiento del pecio, argumentando que fue éste quien solicitó la prueba, según publica hoy la prensa local.
Según la información recopilada por Europa Press, la Audiencia admitió recientemente un recurso promovido contra la denegación decretada en cuanto a la petición de que el pesquero barbateño --naufragado el 5 de septiembre de 2007 cuando regresaba de faenar en aguas de Larache (Marruecos)-- sea reflotado en el marco de la investigación del suceso, que supuso la muerte de tres marineros y la desaparición de otros cinco.
Fuentes de la Fiscalía informaron que, en concreto, una de las defensas y las acusaciones particulares habían reclamado al juez instructor del caso que el pesquero fuese reflotado, extremo que fue denegado entonces por el juzgado que se hizo cargo de las diligencias. No obstante, alguna de las partes elevó a la Audiencia Provincial un recurso contra esta decisión.
Dicho recurso fue estimado y la Audiencia resolvió que el barco "puede" ser reflotado, si bien dicha instancia judicial atribuiría a las partes solicitantes la responsabilidad de promover tal operación.
Ante esta "ambigüedad", las partes implicadas indicaron a Europa Press que el reflotamiento es una consecuencia necesaria para realizar el análisis pericial del buque, con el fin de comprobar las posibles deficiencias que el barco podía tener.
Por ello, entienden que "por ley" es la Administración la que se tiene que hacer cargo de la prueba pericial que se solicita y ya posteriormente el juez, cuando dicte sentencia, podría, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, condenar a costas si finalmente alguien sale condenado por este suceso.
A modo de ejemplo, señalaron que es como si alguien imputado por un delito de sangre pidiera una prueba de ADN y se la tuviera que costear él aunque fuera inocente y apuntaron a que no tiene mucho sentido tener que hacerse cargo de los gastos del procedimiento para demostrar la inocencia de una persona, cuando en España se cuenta con la presunción de inocencia.
