27 de mayo de 2020
19 de septiembre de 2008

La Audiencia de Madrid juzgará el 13 de octubre al acusado del crimen de la discoteca Joy Eslava

El marroquí Rachid Taichi mantuvo una discusión con Roberto García, en cuyo transcurso le asestó una puñalada mortal

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del 13 de octubre a Rachid Taichi, el presunto autor del apuñalamiento que provocó el 26 de diciembre de 2005 la muerte de Roberto García Grimaldos, de 24 años, en la discoteca madrileña Joy Eslava, crimen por el que la Fiscalía de Madrid reclama 13 años de prisión por un delito de homicidio, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.

Rachid, de 28 años y de nacionalidad marroquí, será juzgado por un tribunal popular en la Sección Segunda de la Audiencia madrileña. Una semana antes, el 6 de octubre, los abogados acudirán a esta misma Sala para la celebración de las cuestiones previas a la vista oral.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal relata que el 26 de diciembre de 2005 Rachid acudió a la discoteca Joy Eslava, en la calle Arenal de Madrid, con unos amigos. Alrededor de las 3.30 horas, los jóvenes iniciaron una discusión verbal, con empujones, con el grupo de amigos de Roberto que celebraban un cumpleaños.

Pasados unos minutos, los servicios de seguridad de la discoteca intervinieron y llevaron a Rachid al cuarto de baño para tratar de tranquilizarle. Al salir de los aseos, el procesado vio a Roberto en la escalera y le lanzó "una mirada desafiante", que fue correspondida por el joven.

En ese momento, comenzó un forcejeo entre ambos y Rachid asestó con una navaja una puñalada a Roberto en la región abdominal derecha. La agresión le seccionó la arteria iliaca interna, que le provocó la muerte a causa de una hemorragia masiva.

Por estos hechos, el Ministerio Público considera a Rachid autor de un delito de homicidio, por lo que solicita una pena de 13 años de prisión. Además, reclama que el procesado indemnice con 120.000 euros a la familia de la víctima.

La acusación particular solicita 20 años de cárcel en caso de que los hechos sean calificados de asesinato, mientras que pide 15 años si son tipificados como homicidio. Además, pide que el procesado pague 60.000 euros a cada uno de los cinco familiares del fallecido: sus padres y tres hermanos. Por su parte, la defensa del acusado quiere la libre absolución para su patrocinado por legítima defensa.

La familia de Grimaldos solicitó a la Audiencia que ampliase la acusación a los responsables de la discoteca, en concepto de responsables civiles subsidiarios. Adujo que la dirección debía garantizar la seguridad en el local, puesto que el día del crimen la Joy contaba con servicio de seguridad y cámaras de vigilancia para controlar el acceso al local. Pese a las alegaciones, la Audiencia tumbó el recurso.

IMPUTADO EN EL 11-M

Rachid fue detenido el 29 de diciembre de 2006 en las inmediaciones del Parque Atenas, de Madrid, en el vehículo que conducía su novia. El joven tenía entonces 18 antecedentes policiales por robos violentos, delitos contra las personas y contra la salud pública, y había sido expulsado de España hace siete meses.

Debido a la resistencia que ofreció durante su arresto, el Juzgado de lo Penal número 9 de Madrid le condenó a nueve meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad. Sin embargo, el fallo fue recurrido en apelación ante la Audiencia madrileña que le exoneró del delito.

En su declaración judicial, el encausado aseguró al titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid que Roberto quiso agredirle con un cuchillo y él intentó defenderse del ataque sujetando el arma por el filo.

Se da la circunstancia de que a Rachid se le vinculó con Jamal Ahmidan "El Chino", uno de los terroristas del 11-M que se suicidó en Leganés, y con la trama de explosivos que se utilizaron para los atentados de los trenes de cercanías de la capital.

Por ello, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, que instruyó el sumario de los atentados, le tomó declaración por su presunta participación en la masacre, pero no acordó ninguna medida cautelar contra él. El magistrado consideró entonces que no existían indicios suficientes contra esta persona.