La Sección Tercera considera que la trascendencia de los emails prevalece, en este caso, sobre la intimidad del exbanquero
MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez Fernando Andreu de incorporar a la pieza separada en la que investiga la comercialización de preferentes parte de los correos electrónicos corporativos que el expresidente de la entidad Miguel Blesa intercambió con los miembros del Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva del banco durante el año 2009 por "su evidente repercusión social".
Según indica un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, hecho público este miércoles, "la trascendencia y repercusión social" de la correspondencia del exbanquero prevalece, en este caso, sobre su derecho a la intimidad y justifica la "inferencia", en aplicación de la jusrisprudencia sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Los magistrados Guillermo Ruíz Polanco, Antonio Díaz Delgado y Clara Bayarri entienden que Andreu procedió correctamente al solicitar de forma directa en septiembre al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, y a Bankia S.A que le remitieran , a la mayor brevedad posible, cuantos correos constaran en sus archivos. Desestiman íntegramente el recurso contra la decisión presentado por Blesa.
El juez instructor había rechazado meses antes, en marzo, una primera solicitud para que se reclamaran a los Juzgados de Madrid los emails intervenidos de forma irregular por el juez Elpidio José Silva a Blesa. El magistrado madrileño fue condenado posteriormente a 17 años y medio de inhabilitación por prevaricación por ordenar el encarcelamiento preventivo el exbanquero.
"UNA DILIGENCIA INDEPENDIENTE"
La Sala entiende que la petición directa a Bankia constituye una "diligencia independiente" y que la incorporación del contenido de estos correos a la pieza de preferentes "es plenamente proporcional y necesaria al objeto del proceso".
Recuerda, además, que haberlos reclamado al que fuera el Juzgado de Silva hubiera supuesto "un fraude de ley y la ilegal utilización de una prueba nula" ya que así fue declarada "por la Audiencia Provincial de Madrid dada su filtración a los medios de comunicación".
Andreu ordenó en septiembre, para salvaguardar la intimidad y los derechos de Blesa, el secreto parcial de esta intervención de los correos. Descartó, además, la incorporación de todos aquellos emails que no tuvieran relación con la pieza investigada. La correspondencia fue examinada en presencia de la secretaria judicial y del expresidente de Caja Madrid.
El magistrado explicaba entonces que el contenido de las comunicaciones mantenidas entre los directivos y dirigentes de Caja Madrid y, especialmente su presidente, podía constituir "un valioso acervo" para determinar la naturaleza y las circunstancias en que ocurrieron los hechos que investiga.
Aseguraba que los indicios con los que contaba hasta el momento son "suficientes" para determinar que los directivos y dirigentes de Caja Madrid "sabrían o deberían haber sabido" el grave deterioro que la entidad estaba sufriendo. Ahora hay que determinar --indicaba-- "si para hacer frente a esa situación tomaron decisiones en perjuicio de sus clientes".
PRUEBAS DE LA "PLANIFICACIÓN"
Preferentistas personados como acusación en la causa solicitaron incorporar los emails al considerar que la correspondencia de Blesa podía "contener pruebas de la planificación llevada a cabo desde Caja Madrid para una capitalización de la entidad mediante la venta de preferentes".
El juez Andreu admitió a trámite en junio de 2013 tres querellas cursadas por empresarios y particulares por la venta fraudulenta de participaciones preferentes. La primera de ellas fue presentada por UPyD, que solicitaba la apertura de una investigación sobre el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión del producto y pedía que se investigara a cinco directivos de Caja Madrid y Bancaja.
La investigación quedó acotada posteriormente por decisión de la Sala a la planificación para la emisión de estas participaciones llevada a cabo por la cúpula directiva de las entidades.
