29 de enero de 2020
27 de noviembre de 2014

La Audiencia Nacional avala que el CNI desclasifique sólo los mensajes de la abogada Arantza Zulueta

Gómez Bermúdez pidió hace un año que las defensas accedieran a todas las comunicaciones, incluidas las del jefe etarra David Pla

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de restringir la desclasificación de comunicaciones telefónicas y el envío de mensajes SMS que intercambiaron los dirigentes de ETA y sus abogados investigados en el 'caso H-Alboka' a los que realizó la letrada Arantza Zulueta en cuatro días de enero, abril y mayo de 2008.

En un auto hecho público este jueves, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechaza un recurso presentado por la defensa de Zulueta, que pidió acceder a todas las comunicaciones que interceptó el CNI a los diez imputados, entre los que se encuentra el jefe etarra David Pla, que leyó el comunicado del 20 de octubre de 2011 en el que se decretó el "cese definitivo de su actividad armada".

Además de Zulueta y Pla se encuentran imputados en esta causa los letrados Iker Sarriegui y Jon Enparantza, las trabajadoras de sus bufetes Saioa Aguirre y Naia Zuriarrain, el etarra José Domingo Aizpurua, el miembro de LAB Juan María Jáuregui, el responsable de Gestoras por Amnistía Julen Celarain y Nerea Redondo.

Aunque el juez instructor de la causa, Javier Gómez Bermúdez, pidió en noviembre de 2013 la desclasificación de todas las comunicaciones, que fueron utilizadas en la investigación que desarrolló la Guardia Civil en el marco de este procedimiento, los magistrados de la Sección Tercera avalan la decisión de los servicios de inteligencia de limitar el acceso a las comunicaciones de Zulueta los días 30 de enero de 2008, 17 y 26 de abril y 20 de mayo.

Los magistrados Guillermo Ruiz Polanco, Ángeles Barreiro y Antonio Díaz Delgado rechazan que la resolución del juez instructor hubiera adquirido "la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes", que impide a un órgano judicial reinterpretar una decisión de otro inferior, porque esta no afecta a las diligencias de investigación que se acuerdan en la fase de instrucción. Además, recogen una sentencia del Tribunal Supremo sobre la naturaleza del CNI, que tiene una "naturaleza distinta" a la de cualquier otra actividad jurisdiccional.

PODRÍAN SER ABSUELTOS

En la exposición motivada que Gómez Bermúdez envió al CNI destacaba que en esta causa se investigan "delitos de máxima gravedad" y se trata de esclarecer si determinados abogados "son o no dirigentes, miembros o colaboradores de la organización terrorista ETA".

El juez advertía de que la denegación de la desclasificación solicitada "puede afectar negativamente a otros valores constitucionales y derechos fundamentales", de forma que una negativa del CNI "daría al traste con el derecho de defensa e impediría de facto el enjuiciamiento o abocaría a una sentencia necesariamente absolutoria".

A su juicio, la desclasificación podría determinar si las comunicaciones intervenidas constituyen "un medio necesario, adecuado e idóneo para la investigación sumarial", teniendo en cuenta que "toda la investigación de la Guardia Civil 'cuelga' de la interceptación de comunicaciones hechas por el CNI".

OPERACIÓN CON DIEZ DETENIDOS

El juez Fernando Grande-Marlaska acordó en abril de 2010 el ingreso en prisión de cinco de los diez detenidos en esta operación al considerar que actuaban como correos entre la dirección de la organización terrorista ETA y sus presos.

Pla Martín se encuentra huido desde abril de 2010 después de ser excarcelado por las autoridades francesas, quienes no hallaron pruebas de su vinculación con el entramado de abogados de ETA (H-Alboka) desarticulado por la Guardia Civil. Se le considera integrado en la dirección de ETA junto a Iratxe Sorzábal e Izaskun Lesaka, esta última detenida el 28 de octubre de 2012 y sustituida por Iñaki Reta Frutos.

El etarra fue detenido en la localidad francesa de Hendaya, donde tenía su domicilio el 15 de abril de 2010, acusado de liderar el grupo de abogados desarticulado dos días antes. El Ministerio del Interior dijo entonces de él que era uno de los "hombres fuertes" del 'aparato político' de la banda terrorista ETA.

Pese a ello quedó en libertad después de pasar a disposición judicial al entender la Justicia francesa que no existían pruebas suficientes para relacionarle de las actividades de las que se le acusaba.

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