MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará el próximo miércoles una vista para extraditar al líder mafioso Alexander Kalashov a Georgia, que le reclama para juzgarle por un delito de pertenencia a organización criminal y otro de secuestro, según informaron fuentes jurídicas.
Kalashov, que fue condenado el pasado 1 de junio a siete años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales, fue reclamado por la Embajada de Georgia el pasado 25 de mayo para cumplir una condena de 18 de años de cárcel que se le impuso tras ser juzgado en rebeldía. Tras esta petición, el Consejo de Ministros acordó el pasado 16 de junio poner en marcha el procedimiento de extradición por vía judicial.
En virtud de esta petición, el capo georgiano fue detenido el pasado 6 de junio en Marbella (Málaga) y un día después el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, decretó su ingreso en prisión mientras se tramitaba la extradición.
Durante la vista el tribunal preguntará al detenido si acepta su entrega a Georgia o la rechaza, aunque la última palabra sobre la extradición corresponderá al Consejo de Ministros, que tendrá que volver a pronunciarse sobre el asunto.
JUEGO, DROGAS Y ARMAS
El reclamado fue condenado por el Juzgado Municipal de Tbilisi (Georgia) por ser el líder de una organización criminal georgiana gestada en la antigua Unión Soviética, en el año 1971. La esfera de influencia del grupo criminal abarcaba diferentes ámbitos como el control del juego y casinos, tráfico de drogas y de armas.
En concreto, el juzgado georgiano le impuso una pena de 18 años de privación de libertad por un delito de pertenencia a la comunidad de ladrones en calidad de 'ladrón en ley' (dirigente) y por otro de secuestro, inicialmente penados, respectivamente, con nueve y 12 años de cárcel.
En el momento de ser detenido, Kalashov se encontraba en libertad provisional en España desde el pasado mes de marzo. El 1 de junio fue condenado a siete años de cárcel por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que también le impuso una multa de 20 millones de euros por un delito continuado de blanqueo de capitales.
SU ORGANIZACIÓN PODRÍA AYUDARLE A HUIR
En su auto, Andreu justificaba el ingreso de Kalashov en prisión provisional para "asegurar la posible entrega extradicional de la persona reclamada, por cuanto existe un elevado riesgo de fuga en caso de que quede en libertad provisional", teniendo en cuenta "la gravedad de los hechos" que se le imputan por parte de las autoridades de la República de Georgia, la "inexistencia de arraigo en España" y el hecho de que "se le acuse de pertenecer y, liderar, una organización criminal desde la que se le podría proporcionar fácilmente su huida".
El juez señalaba que las circunstancias de la causa pendiente en Georgia son "muy distintas" a su procedimiento en España, donde la pena que le quedaría por cumplir sería "por muy escaso tiempo", ya que permaneció en prisión provisional desde junio de 2006 hasta marzo de este año, cuando fue puesto en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros. Sin embargo, la entrega se reclama para el cumplimiento de una pena de 18 años, por lo que "el riesgo de fuga aumenta".
En el juicio por la 'Operación Avispa' el fiscal también atribuyó a Kalashov un delito de asociación ilícita, pero el tribunal le absolvió porque ya había sido juzgado y condenado por este delito en Georgia. El representante del Ministerio Público acusó a este destacado 'capo' de liderar una organización que se dedicaba a blanquear en España "importantes cantidades de dinero" que se obtenían del tráfico de drogas y armas, asesinatos por encargo, extorsión, contrabando y el control de los principales casinos de la Federación Rusa.
Kalashov fue detenido en mayo de 2006 en Dubai, meses después de que se desarrollara la primera fase de la 'Operación Avispa', en junio de 2005, que se saldó con 28 detenidos, entre ellos 22 'capos' de las mafias de la antigua URSS acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta. Además, se realizaron 41 registros y se bloquearon más de 800 cuentas bancarias pertenecientes a 42 entidades bancarias distintas.
