La Sala de lo Penal considera que la empresa "se apartó de su objeto social" al coaligarse para vender armas a Angola
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha confirmado la imputación de la empresa Defex en la causa en la que se investiga el desvío de fondos de un contrato de 152 millones de euros destinado a equipar a la Policía Nacional de Angola a pesar de que su capital pertenece en un 51 por ciento a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, según el Código Penal, las sociedades públicas están exentas de responsabilidad penal.
En un auto hecho público este jueves, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal confirma la decisión del juez Pablo Ruz de imputar a Defex como persona jurídica por los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Tanto los representantes de Defex como la Abogacía del Estado sostuvieron en sus recursos que "la propia naturaleza jurídica de Defex la convierte en una persona jurídica exenta de responsabilidad penal y sujeta, únicamente, a la eventual responsabilidad civil, en su caso".
En concreto, el artículo 31 bis.5 del Código Penal exime de responsabilidad penal a las "sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general".
Los magistrados Teresa Palacios (ponente), Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel consideran, sin embargo, que Defex "se apartó del que venía siendo su objeto social", en referencia al fomento del comercio exterior en materia de defensa, al constituir una unión temporal de empresas (UTE) con una sociedad mercantil (Cueto) para hacerse con la adjudicación investigada.
NO HUBO "INTERÉS ECONÓMICO GENERAL"
Tras apuntar que únicamente podrían perseguirse las actividades correspondientes a los años 2010 y 2011, tras la entrada de la reforma del Código Penal que reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los integrantes del tribunal aseguran, tal y como defendió la Fiscalía Anticorrupción, que en este contrato Defex no cumplió con su "objeto social", al no ejecutar "política pública alguna" ni prestar servicios "de interés económico general".
Además, señalan que, aunque las sociedades mercantiles estatales son "vicarias de la Administración" y organismos "instrumentales" de la misma, "ni son Estado ni son administraciones públicas per se".
En contra del criterio de la Abogacía del Estado, el auto apunta que en la causa no se investiga si unas personas físicas fueron "desleales" a la sociedad mercantil Defex sino si la propia empresa fue "desleal a la actividad pública que, de forma instrumental o vicarial, desplegaba por cuenta de la entidad pública empresarial a cuyo través participa el Estado".
DIRECTIVOS IMPUTADOS
En el marco de esta causa está imputada la abogada Beatriz García Paesa, sobrina del antiguo miembro de los servicios de inteligencia Francisco Paesa, que quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros a pesar de desarrollar su actividad profesional en Luxemburgo.
El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 también investiga al expresidente de Defex José Ignacio Encinas Charro, que abonó una fianza de 50.000 euros; al consejero delegado de Cueto, Juan Carlos Cueto Martín (bajo fianza de 100.000 euros); al exdirectivo de Defex Ángel María Larumbe (30.000 euros); al directivo de la empresa Manuel Iglesias-Sarria; y a la esposa de Cueto, Yciar de Iraola.
TRANSFERENCIAS MILLONARIAS A LUXEMBURGO
En un auto dictado el pasado 12 de julio, el juez explicaba que la UTE Cueto-Defex transfirió a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin razón comercial o actividad mercantil aparente alguna. Según el juez, los imputados "confeccionaron de forma aparentemente inveraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvíos de fondos al extranjero".
Como beneficiarios últimos del dinero figuran los propios acusados y familiares de funcionarios públicos de la República de Angola. El magistrado presume de forma indiciaria que los directivos de Defex y Cueto imputados se concertaron con funcionarios angoleños para, a través del contrato de suministro de material a la Policía, llevar a cabo una apropiación patrimonial ocultada, desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario desde paraísos fiscales.
La trama fue desarticulada a través de la denominada 'operación Angora', en la que fueron detenidas una decena de personas. El resto de los arrestados quedaron en libertad con la imposición de fianzas y medidas cautelares que incluían la retirada del pasaporte y la obligación de comparecencia en el juzgado cada semana.
