MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional constituyó hoy una Mesa de lo Social en la que estarán representados jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y otros operadores jurídicos con el objetivo de agilizar los procedimientos en esta materia, entre los que destacan los referentes a los convenios colectivos, ante la posibilidad de que se incrementen como resultado de la crisis económica.
Al acto de constitución de la Mesa, que se celebró hoy en la sede central de la Audiencia Nacional, asistieron el presidente del tribunal, Ángel Juanes; el máximo representante de la Sala de lo Social, Ricardo Bodas; el miembro de la Sala Cuarta del Supremo Aurelio Desdentado; y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández, entre otras autoridades.
Bodas, impulsor de la iniciativa, destacó el incremento del número de asuntos tramitados por la Sala de lo Social (con una subida del 24,7% en 2008) y la creciente "individualización" de los procedimientos en detrimento de la negociación colectiva. Asimismo, señaló que los recursos de casación presentados ante el Tribunal Supremo tardan en ser tramitados entre 18 y 24 meses.
La Mesa, en la que también estarán representados abogados del Estado, procuradores, graduados sociales, patronal y sindicatos, pretende impulsar la aprobación de un Código de Buenas Prácticas y generalizar la utilización de nuevas tecnologías como el sistema de notificación electrónica Lexnet.
Juanes, por su parte, destacó el "coste cero" de esta iniciativa y consideró "positivo" que puedan trasladarse a otros órganos jurisdiccionales.
SENTENCIAS MÁS RÁPIDAS
El proyecto nace con el objetivo de conseguir sentencias firmes en una tercera parte del tiempo que se necesita actualmente, contribuyendo, de esta manera, a mejorar la confianza de los profesionales y especialmente de los justiciables en esta institución.
Este plan, cuya experiencia podrá ser utilizada en otros ámbitos jurisdiccionales, pretende la realización de diagnósticos comunes, así como la búsqueda de soluciones compartidas por todos los operadores jurídicos con el objetivo de mejorar el servicio público de la Administración de Justicia, demandada masivamente por la ciudadanía, especialmente en tiempos de crisis económica.
