MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará hoy a la ex dirigente etarra Ainhoa Múgica por ordenar y facilitar el atentado perpetrado en junio de 2001 contra la Torre de Logroño, que causó daños valorados en 189.870 euros. La fiscal Ana Sandoval solicita para ella 20 años de cárcel y multa de 3.600 euros.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, Múgica ejercía desde el año 1999 y hasta el momento de su detención, el 16 de septiembre de 2002, las funciones de dirección y responsabilidad de los comandos de ETA desde Francia, siendo la responsable militar directa del "comando Xoxua".
A este comando, integrado por Premín Sanpedro Larrañaga y Jesús maría Goicoechea Garralda, la dirigente etarra encargó recabar información sobre posibles lugares para cometer atentados, y los terroristas le entregaron diversos objetivos posibles en Logroño.
El 9 de junio de 2001, los miembros del "comando" mantuvieron una cita en Francia con Múgica, donde ésta les hizo entrega de un vehículo cargado con explosivos para que lo colocaran frente a la Torre de Logroño.
Los terroristas cruzaron a España y esa misma tarde estacionaron el coche-bomba frente al citado edificio, activaron el mecanismo de iniciación del explosivo y avisaron a su jefa desde una cabina de teléfono de que todo estaba preparado para que hiciera explosión al día siguiente a las seis y media de la mañana.
Aproximadamente una hora antes de la hora mencionada se recibió una llamada en el Centro de Coordinación del SOS-Rioja en la que un varón joven alertaba en nombre de ETA de la colocación de la bomba. Se recibieron llamadas similares en la Ertzaintza y la DYA vascas.
Tras una segunda tanda de llamadas y la localización del vehículo, se decidió no evacuar los edificios colindantes y tomar las medidas de seguridad pertinentes. La bomba hizo explosión a la hora señalada, causando importantes daños materiales.
Por estos hechos, la Fiscalía imputa a Ainhoa Múgica los delitos de estragos terroristas (por el que se pide 18 años de prisión e inhabilitación absoluta durante 28 años) y falsificación de documento oficial ( dos años de cárcel y multa de 3.600 euros).
